Más allá de los tragicómicos términos que los funcionarios (y la oficialista prensa como Clarín) utilizan para no llamar las cosas por su nombre, la cuestión que la destrucción de estas picanas está directamente ligada a denuncias de torturas con estos implementos que hicieron varios presos de San Nicolás y Campana. Según el periodista Horacio Verbitsky, lo que aparecía como una medida democrática elemental en realidad se trató de una lisa y llana destrucción de pruebas ordenada por el gobernador Felipe Solá (Página/12, 25/1). Esta es una práctica más que común en los penales de todo el país, donde se alojan casi 27.000 personas sin condena, es decir, según la Constitución, "inocentes hasta que se declare lo contrario" (casi el 70% de la población carcelaria). A ellos hay que sumarle los miles de detenidos (no existe contabilización oficial) que se encuentran procesados y alojados irregularmente en comisarías como consecuencia de que las cárceles están superpobladas. Claro que esta población no está compuesta por los miles de genocidas del Proceso, los policías del gatillo asesino, por los De la Rúa y los senadores coimeros, por los que hundieron la nación. En su inmensa mayoría son jóvenes pobres imputados por delitos menores como hurtos y consumo de drogas ilegales.
Por otra parte, las páginas policiales de los diarios llenan casi diariamente sus espacios con crímenes en los que están implicados efectivos policiales, como el intento de robo y posterior fusilamiento de un joven trabajador por parte de dos agentes de la Bonaerense, miembros de un flamante escuadrón para disolver manifestaciones.
Se torna necesario constituir comités contra la represión y la impunidad que luchen por acabar con todo el aparato represivo y llevar presos a los responsables de las torturas y asesinatos, denunciando estos y cada uno de los atropellos, haciendo campañas locales y nacionales, pintadas, festivales, movilizaciones, en forma unitaria. Que actúen ante cada represión o detención a los luchadores obreros y populares, y en defensa de las conquistas como Zanon y las libertades democráticas.
Organismos como la Correpi, el CeProDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que vienen actuando en forma unitaria en la comisión investigadora independiente del atentado en la Plaza, podrían ser de la partida para el llamado a constituir estos comités en todo el país.