Raúl Castells, dirigente del MIJP, movimiento de jubilados y desocupados, se encuentra nuevamente preso desde el 13 de junio. A todos los luchadores les resulta bien claro el carácter de persecución política que reviste este proceso y es aún más indignante ver como se ha fraguado una causa notoriamente insostenible incluso desde el punto de vista jurídico.
Se lo acusa de delitos con altísimas penas, como usurpación de propiedad y coacción agravada, por haber realizado una manifestación y "ocupado" la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuyo intendente es el frepasista Edgardo Di Dio.
En un expediente lleno de declaraciones policiales y de funcionarios municipales - que ni siquiera se ponen de acuerdo en la cantidad de manifestantes que había- el mismo Fiscal que se encontraba presente argumenta que el "piquete en la puerta era de mujeres y niños", demostrando lo ridículo de las imputaciones. Declaran también que había bidones para incendiar el edificio, pero a la hora de decir qué contenían ¡...nadie lo sabe!
Como corolario, se incorpora el acta - acuerdo de entrega de alimentos y planes trabajar que reclamaban los manifestantes, y de la que ni el mismo intendente puede decir que fue "coaccionado" a firmar.
Ante tamaño ataque instrumentado por la justicia, Raúl Castells ha propuesto para su causa la conformación de una comisión de abogados defensores. Desde el CeProDH ya se ha aceptado esta propuesta y también han hecho su compromiso de participar otros organismos de derechos humanos; asimismo está abierta a todos aquellos profesionales que se comprometen diariamente en la defensa de los luchadores obreros y populares.
Los triunfos obtenidos en liberar a los compañeros de Salta y del MTR, deben alentarnos para lanzar una intensa campaña por la libertad del compañero Castells, al igual que por Emilio Alí y todos los presos por luchar, y por el desprocesamiento de todos los perseguidos políticos que este régimen de hambre mantiene como rehenes.