Declaracion de la LTS-CC de México

El 12 de diciembre de 2011 alrededor de las 12 del día un grupo de aproximadamente 500 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban en el kilómetro 276 de la Autopista México-Acapulco para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio que contenía, entre otras demandas, el aumento a la matrícula estudiantil, el otorgamiento de plazas a los estudiantes egresados de la generación 2012 y el mejoramiento de las condiciones de estudio de los normalistas.

El gobernador de Guerrero, el perredista ˜ángel Aguirre Rivero, se comprometió desde finales de octubre a cumplir estas demandas, pero no lo hizo. Ante este incumplimiento los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocuparon de manera intermitente desde hace una semana algunas radiodifusoras de la capital del Estado y el 13 de noviembre pasado realizaron un bloqueo en la misma autopista. Éste fue desalojado también por elementos de la Policía Federal.

En el “desalojo” de la autopista México- Acapulco, a la altura de “El Libramiento”, participaron violentamente elementos de las policías Federal, Estatal y municipal así como elementos del Ejército y elementos parapoliciales vestidos de civil, que desde el frente policíaco dispararon en contra de los estudiantes, hiriendo a siete y asesinando a dos de ellos, los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Los estudiantes recibieron varios disparos en el cuerpo y tiros en la cabeza, provenientes de rifles AK-47 disparados según testigos por los elementos “externos” a las corporaciones policíacas vestidos de civil. (…)

En las últimas semanas hemos visto un salto importante en los asesinatos y desapariciones de luchadores sociales, así encontramos el caso del asesinato de Nepomuceno Moreno del MPJD en Sonora, el de Trinidad de la Cruz, “Don Trino”, de Ostula Michoacán, precedido por el de Pedro Leyva; la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, campesinos ecologistas de Guerrero, así como de dos compañeros más de la comunidad de Ostula, el asesinato del Estudiante de la UNAM Carlos Sinuhé Cuevas y el atentado contra Norma Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

En estos casos y en el de los normalistas existe responsabilidad y complicidad del gobierno (de todos los niveles y partidos patronales) pues nunca se prestó atención a las peticiones de medidas de protección a los luchadores sociales que ya habían recibido amenazas, como en el caso de Nepomuceno, o porque las fuerzas represivas participaron o permitieron los ataques contra los luchadores, es el caso de “Don Trino” y de Eva Alarcón y Marcial Bautista. (…)

Ante ello, la única manera de frenar estos embates en contra de todos aquellos que luchamos contra el desempleo, el saqueo de los recursos naturales, el feminicidio, la subordinación al gobierno de EE.UU., el recorte a las libertades democráticas y las violaciones a los derechos humanos; es la más amplia y sólida unidad para exigir el cese de estos ataques y el juicio y castigo a los responsables –materiales e intelectuales– de éstos, que también pelee de manera independiente y sin confianza en el gobierno y sus instituciones por la salida inmediata del Ejército de las calles. Esto sólo puede conseguirse con los métodos de lucha de los trabajadores y los explotados y oprimidos, confiando únicamente en su fuerza y potencialidad.

El asesinato de estos jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha suscitado un extenso y enérgico repudio por parte de más de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos, ellas, al lado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, las demás organizaciones como la Coordinadora Nacional contra la Militarización y el Encuentro de Emergencia Nacional, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres en lucha contra el feminicidio, junto a las organizaciones sindicales que se reclaman democráticas e independientes (como el SME, la CNTE, la UNT) debemos llamar a una gran movilización en las calles contra la militarización y la persecución de los luchadores sociales.
Los sindicatos, en particular, tiene el deber de convocar a acciones de lucha, preparando el camino para un gran paro nacional contra la política del gobierno, exigiendo el cese inmediato a los asesinatos y ataques a luchadores sociales, y contra una militarización que durante el sexenio de Calderón ha provocado 60.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 120.000 desplazados, en su mayoría trabajadores, jóvenes y sectores populares.

Junto a esto y ante la impunidad del gobierno y la implicación velada de los cuerpos policiales, judiciales y militares en las persecuciones, secuestros y levantamientos en todo el país, somos las organizaciones sociales, de derechos humanos, activistas, sindicatos y organismos de mujeres, quienes debemos garantizar la protección y la vida de nuestros/as luchadores/as sociales.

Liga de Trabajadores por el Socialismo/Agrupación Estudiantil ContraCorriente/Agrupación de Mujeres Pan y Rosas
13/12/2011

Versión completa en www.pts.org.ar y www.ft-ci.org