¿Conociste a Febres? ¿Qué rol desempeñaba?

Enrique Fukman: Sí, lo conocí. Febres podía dar cuenta de por lo menos 3500 compañeros que pasaron por la ESMA. El sabía el nombre y apellido de las familias que tienen a los bebes que nacieron en la ESMA porque era él quien los entregaba. Si Febres hubiera hablado hubiera permitido empezar a cambiar esta historia. En la Argentina todavía hay aproximadamente 500 desaparecidos, porque esos jóvenes a los cuales les sustrajeron sus identidades son desaparecidos.

¿Cómo comprendés que los gobiernos desde Alfonsín hasta el matrimonio Kirchner responsabilizan a los hijos de los desaparecidos para darse cuenta de su identidad?

EF: Desde el 83 hasta la fecha ninguno de los gobiernos proporcionó información de los bebés y del destino de cada compañero. En el año 85 cuando era el juicio a las cúpulas militares pasaba algo parecido, el gobierno de Alfonsín había impuesto una ley que obligaba a los sobrevivientes a ir a declarar ante nuestros propios verdugos y recién después actuaba la Cámara Federal de apelaciones.

¿Vos fuiste ahí, no?

EF: Si. Ahí se acordó que el consejo supremo, que cumplía la función de tribunal, empezara a llamar a los que teníamos que ir a declarar. A mi me llaman una semana antes de tener que ir a declarar, por lo tanto tuve que ir. Aparte el consejo supremo, en el caso particular de mi testimonio era la armada. Me obligaban a declarar ante mis propios secuestradores y torturadores. Había un contralmirante, un ayudante y una carpeta con mi caso. Si la armada tenía mi carpeta, quiere decir que también tenía la carpeta de todos nosotros. Si el gobierno tuviese voluntad política se podrían revelar todas las carpetas.

Myriam Bregman: lo que cuenta Enrique es lo que quisimos reflejar en nuestro alegato en la causa Febres, en cada una de las causas y en cada uno de los juicios que se están siguiendo. Venimos denunciando que, por lo menos la fiscalía, ofrece como prueba el testimonio de los sobrevivientes. Pero no puede ser la única prueba. La apertura de los archivos de la represión, una demanda histórica de los organismos de derechos humanos, no se ha producido. Pero cuando estuvo la interna Kirchner-Duhalde sacaron a relucir la carpeta de Juanjo Alvarez, demostrando que actuó en la SIDE en la dictadura, sin ningún problema.

¿Qué sentiste cuando te enteraste que Febres había muerto?

EF: Bronca, porque uno quiere verlos en el banquillo sentenciados a cadena perpetua. Desde el espacio JUSTICIA YA queremos avanzar con los juicios para terminar con la impunidad pero también para avanzar en la construcción de la memoria para transformar el presente. Pero mi primera reacción fue que teníamos un hijo de puta menos para convivir en las calles.
MB: Nos pasó lo mismo que con Julio López. Si bien desde otras querellas muy rápidamente dijeron que Febres había muerto de un infarto, nosotros pusimos un perito de parte para investigar la autopsia. Mientras Cristina Kirchner asumía como presidenta evitó cualquier referencia a Julio López en su discurso, pero encima apareció otra persona asesinada vinculada con la impunidad

¿Cuál es la hipótesis de la muerte de Febres con cianuro?

EF: Algunos hablan de suicidio, pero para suicidarse basta con 5 miligramos. Febres tenía las vísceras repletas de cianuro. Hay que avanzar averiguando cuales fueron las últimas personas que lo vieron y quienes fueron que lo custodiaban. Lo grave es que el cianuro entró en la prefectura, donde estaba detenido Febres. Muy distinto a lo que ocurre en la cárcel de Devoto, donde las requisas a los familiares y las mujeres resultan hasta humillantes. Los militares que tienen arresto domiciliario o prisiones domiciliarias se mueven como si no estuvieran en esas condiciones y ni la justicia ni el gobierno nacional toman medidas. Astiz hasta salió en fotos bañándose en la base general Belgrano en el sur.

¿Qué es lo que se ventiló en el juicio a Febres?

EF: Cuando estuve secuestrado en la Esma los oficiales nos decían que en la Armada la represión era institucional. Los centros clandestinos de la armada funcionaban en todas las unidades de la Armada. El Contralmirante Mendía, como jefe de operaciones, reconoce que convocó a la oficialidad poco antes del golpe en la base Gral. Belgrano y les dijo que estaba ya el plan de aniquilamiento dirigido a todo aquel que se oponga a la civilización occidental y cristiana. A mí me decían que toda la oficialidad de la Armada en algún momento pasó por un centro clandestino, y en algún momento secuestró, torturó o participó de un traslado. Era la política de Masera para mantener la homogeneidad de la fuerza y que nadie saliera a denunciar el día de mañana. Esto significa que toda la oficialidad pasó por un centro clandestino. Desde los tenientes de corbeta hasta los vicealmirantes pasaron todos. Todo oficial de la armada que tiene el grado de capitán de navío para arriba, pasó por algún centro clandestino. O sea el actual jefe de la Armada Godoy, en 1977 estuvo asignado en el centro clandestino de Mar del Plata, de donde era Astiz. Godoy sabe perfectamente bien qué paso con los compañeros que pasaron por ahí.

Esto fue lo que atestiguaste en un juicio público, pero la presidenta Cristina Kirchner acaba de ratificar al almirante Godoy.

EF: Esto demuestra los limites que tiene esta política de derechos humanos, como dijo Kirchner hay que avanzar en los juicios simbólicos al Tigre Acosta, a Astiz y que todo el resto de los genocidas continúen impunes.

¿Cuál es la perspectiva que ves para los proximos juicios?

MB: Desde Justicia Ya denunciábamos que no iba a ver decenas de juicios que no se iba a juzgar el plan en conjunto y a partir de eso comenzó un cierto rebote incluso en los medios. Clarín reconoce que de la fuerza aérea hay sólo 2 detenidos, de la armada sólo 30 y del ejercito 94. O sea de los 75.000 miembros que tenían las fuerzas Armadas en la dictadura, hay solamente 153 detenidos, varios con arresto domiciliario y el resto en unidades militares. Hay 35 en Campo de Mayo, 8 en la cárcel del servicio penitenciario federal. Hay una política similar a la de Alfonsín de juzgar algunos casos emblemáticos. A pesar de haber incorporado al staff oficial a figuras emblemáticas por los derechos humanos, el gobierno mantiene en la impunidad a la mayoría de los represores que en gran parte continúan en funciones. Si no están en funciones no es porque ha actuado la justicia ni porque ha habido una política para encarcelarlos, sino porque han pasado a retiro o se murieron. La próxima causa que quieren llevar a juicio oral es la de Jeringa Barrionuevo, el que inyectaba a los compañeros antes de los vuelos de la muerte. Pero no lo quieren juzgar ni siquiera por tormentos sino porque le tiro un balde de agua a Victor Bazterra. Va ir a juicio por un sólo represor, por un solo caso. Pero no es genocidio, sino una práctica más dentro del plan genocida relacionado con los grupos económicos que siguen llenándose los bolsillos.

EF: El objetivo final del genocidio fue cambiar las relaciones sociales de los argentinos, e implantar un modelo de país que llevó a que Argentina pasara de ser un país con desarrollo industrial incipiente a un país de reciclaje financiero, con millones de argentinos condenados a la miseria estructural. Para terminar con la impunidad hay que juzgar a todos, inclusive a los grupos económicos que estuvieron implicados. Por ejemplo en la Ford había un centro clandestino donde los delegados eran encadenados. Todo esto está denunciado en la justicia, que no ha hecho nada. Hay que terminar con la impunidad que pasó porque sino puede volver a pasar. No podemos pensar que lo que pasó en el Casino, lo que pasa cada vez que los trabajadores salen a luchar por sus reivindicaciones y se los reprime no tiene que ver con esto. Por eso todos los genocidas tienen que estar presos.