El gobierno de Kirchner sigue sin presentar un solo avance en la investigación y el castigo a los culpables del secuestro de Luis Gerez. Mucho peor es la situación con respecto a la desaparición de Jorge Julio López, que el gobierno “ninguneó” desde el primer momento. Los autores de estos hechos siguen impunes y son una amenaza latente en principio para los testigos de los futuros juicios a los genocidas. El “silencio de radio” y la falta de respuestas del gobierno han dado lugar a todo tipo de especulaciones. Esta situación es aprovechada por torturadores como Patti o reaccionarios como Menem que tiran “carne podrida” diciendo que se trató de un autosecuestro.
Hay que rechazar de plano toda campaña de prensa que tienda a culpabilizar a la víctima y a diluir la relación de los casos Gerez y López con el genocidio de la dictadura y la impunidad. Los secuestros, más allá de si están coordinados o no, tienen el objetivo de amedrentar a los testigos, de dilatar en el tiempo los juicios a los militares y policías genocidas y de imponer las condiciones para una futura reconciliación o amnistía de los genocidas antiobreros y sus cómplices.
La opinión de una parte importante de los trabajadores, en el marco de una gran confusión por el caso Gerez, tiende a dividirse entre quienes vieron una actitud firme de Kirchner y los que desconfían porque opinan que el gobierno armó el caso. Esta última posición de los trabajadores no puede tomarse como un aval a las posiciones reaccionarias de la derecha. Ambas posturas, alimentadas por los medios y los políticos patronales, tienen un punto en común: alientan una actitud de desmovilización frente a un peligro real contra todos los luchadores. La posición de los trabajadores y la juventud tiene que estar guiada por el objetivo de conseguir la aparición con vida de Julio López, el castigo a los culpables de los secuestros y la cárcel para todos los genocidas. El 18 de enero a las 17 hs llamamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo junto a otras organizaciones sociales, obreras y populares, y convocamos a realizar movilizaciones en todas las plazas del país.
La irresolución del caso Gerez y la desaparición de López plantean elementos de crisis en el panorama político nacional. El gobierno aparece sin respuestas. La oposición patronal aprovecha esta situación para hacer campaña contra Kirchner y denuncia la utilización política del tema. Esta es la actitud de Elisa Carrió, mientras que la derecha va más lejos y siembra un manto de dudas sobre todo lo ocurrido, ocultando la existencia de los “grupos de tareas”. Ambos sectores de la oposición ya en varias oportunidades se pronunciaron a favor de la reconciliación con los genocidas. Por su parte, Roberto Lavagna olfateando la debilidad oficial aprovechó para lanzar una candidatura de “centro” (derecha), de kirchnerismo prolijo y sin “derechos humanos”. La crisis también se manifiesta en el surgimiento de una “izquierda K” de los movimientos sociales Todos, incluso el gobierno, aprovechan los secuestros con fines puramente electoralistas.

Impunidad y Estado capitalista
Hay un hilo que une el secuestro de López y el de Gerez que es impunidad de la que gozan los genocidas, sus cómplices y los miembros de las fuerzas represivas y de seguridad plagadas de este tipo de elementos.
La utilización de bandas paraestatales contra la clase obrera y el movimiento popular no es un recurso nuevo en nuestro país. Para tomar un ejemplo, recientemente han sido detenidos Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales, jefes de los matones y pistoleros de las Tres A. En ese caso, el terrorismo paraestatal que reclutaba sus miembros entre las fuerzas de seguridad, el matonaje sindical y el lumpenaje, actuaba bajo la protección del Estado para lidiar con un ascenso revolucionario que en los ‘70 amenazaba al capitalismo argentino.
En la actualidad no enfrentamos a bandas impulsadas por la política estatal para preservar la dominación burguesa sino a grupos que conservan su poder en las instituciones del Estado y con estrechas vinculaciones con la política patronal. Estas bandas son expresión de la descomposición del Estado burgués y su objetivo es defender su propia impunidad. Patti y las bandas que están a su alrededor son un típico ejemplo. Sin embargo todos los indicios apuntarían a que los secuestradores de Gerez y López actuaron bajo la protección de la Bonaerense. Esta institución es una enorme “asociación ilícita”, un “nido de ratas” donde conviven más de 9000 agentes provenientes de la dictadura. Resulta ridícula –o cínica- la pretensión del kirchnerismo de encauzar las investigaciones de estos secuestros mediante esta fuerza, así como pretender que sean las encargadas de proteger a los testigos.
Indudablemente, el gobierno no es capaz de enfrentar a las bandas de ultraderecha porque significaría enfrentar a las fuerzas de seguridad lo que implica iniciar una lucha seria contra el poder del propio Estado de los capitalistas, algo que Kirchner, por su propia naturaleza de clase es incapaz de hacer. Su finalidad es garantizar el dominio de los grandes empresarios e imponer el sometimiento en caso de que los trabajadores y el pueblo se rebelen.

Dos hipótesis, la misma impunidad
Las investigaciones sobre el caso Gerez se sostienen en dos hipótesis. La primera vincula el secuestro a las declaraciones contra Patti, sobre todo de cara a la reapertura del juicio por el secuestro de Gastón Goncalvez durante la dictadura (se lo vio por última vez en 1976 en la comisaría de Escobar), lo que podría dejar en evidencia las relaciones de grupos vinculados al pattismo con la dictadura militar. La segunda asocia el caso Gerez a la interna política en Escobar entre pattistas y kirchneristas. En el kirchnerismo se estarían alineando personeros que fueran afines al ex Comisario. Incluso recientemente acaban de romper con Patti sus dos legisladores provinciales para formar bloques unipersonales.
Ambas hipótesis tienen algo en común: la impunidad imperante. En el primer caso desnuda la existencia de las mafias en el aparato estatal y policial que sobreviven de la dictadura; en el segundo–disputas entre kirchneristas y pattistas- muestra lo difuso de las líneas divisorias entre los kirchneristas y los seguidores del torturador. También desnuda en qué consiste la “renovación” política kirchnerista: comprar y reciclar personajes de cualquier especie. Digamos de paso que fue gracias a la protección del peronismo que Patti cimentó su carrera política, para hoy considerarse “amo y señor” de Escobar.

No podemos esperar soluciones de arriba
Ni las fuerzas de seguridad ni la SIDE, cuya cúpula está dirigida por agentes que vienen desde 1974 –época de la Triple A e Isabel Perón-, ni la justicia llena de jueces corruptos y funcionarios de la dictadura son capaces de investigar o encarcelar a los secuestradores de López y Gerez. La respuesta para acabar con la impunidad no va a venir de las instituciones del Estado. El lunes 8 los diarios informaron que cinco militares implicados en la desaparición de personas en la estancia correntina “La Polaca” durante la dictadura, podrían recuperar su libertad gracias a la anulación de los procesamientos dictados por un juez federal. Un ejemplo concreto de hacia dónde puede orientarse la justicia.
No hay posibilidad de avanzar en el castigo a los secuestradores de Gerez y de todos los genocidas, y lograr la aparición con vida de Jorge Julio López sin avanzar en la movilización independiente del gobierno y del Estado. Es necesario la coordinación efectiva de todas las organizaciones de derechos humanos, obreras combativas, estudiantiles, populares y de la izquierda para hacer que miles ganen las calles para derrotar la impunidad y para organizar la defensa de los testigos en los juicios a los genocidas. Hay que exigir ya mismo que la CGT y la CTA convoquen a un paro nacional.

• Exigimos al gobierno la aparición con vida de Julio López
• Terminar con los secuestros y la impunidad: cárcel ya a todos los genocidas y sus cómplices.
La única garantía para lograrlo es una amplia movilización de miles en las calles para encarcelar a todos los genocidas.
• Formación de una Comisión Investigadora Independiente
Frente a la imposibilidad de una investigación seria dirigida por las fuerzas de seguridad, ante el caso Gerez proponemos conformar una comisión independiente integrada por los familiares, los organismos de derechos humanos y organizaciones obreras y populares combativas, con plenos poderes para investigar donde el gobierno provea de los elementos necesarios para esclarecer los secuestros, empezando por el libre acceso a todos los archivos.
• Autoprotección obrera y popular
En los futuros juicios a los genocidas los medios informan que habría cerca de 7000 testigos que declararán contra los represores, 2000 de ellos en la provincia de Buenos Aires. Es un deber organizar su protección. Desde el PTS rechazamos que sea la Bonaerense, la Federal, las policías provinciales o las distintas fuerzas de seguridad las encargadas de protegerlos. A igual conclusión llegaron distintas organizaciones, como la Multisectorial de La Plata. La protección tiene que ser encarada exclusivamente por las organizaciones de DD.HH, gremiales, políticas, sociales y populares. Hasta Emilio Pérsico, vicejefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y dirigente del Movimiento Evita, ha dicho que “el presidente en el discurso (...) les pidió a los testigos que acepten la custodia. Nosotros no la aceptamos pero vamos a tener que buscar otra forma para protegernos. Tener organización popular y estar atentos” (Debate, 5/1/2007). Una verdadera confesión de lo poco que confían en la protección de las fuerzas represivas que comanda “su” propio gobierno.
En los próximos meses –según dicen algunas fuentes- habría 100 juicios. Las multisectoriales, que se vienen reuniendo en La Plata, en Escobar, en Córdoba y que son las que organizaron la lucha desde el secuestro de López, tienen que tomar en sus manos esta tarea. A los sindicatos hay que exigirles que aporten los fondos para el sostén material de todos los que se propongan para ser parte de estos Comités de protección o autodefensa y que la patronal otorgue licencia con goce de sueldo a los trabajadores que participen de esta tarea.
• Por una Asamblea Nacional de Lucha contra la Impunidad
Esta asamblea podría reunirse en un gran estadio o en la Plaza de mayo y serviría para dar un impulso a la movilización popular. En este sentido, es muy alentador el llamado que hacen para febrero las Multisectoriales de La Plata y Escobar a profundizar la coordinación nacional con todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores, políticas y estudiantiles para preparar un plan de lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López y el castigo a los culpables.