A 28 años del golpe genocida, el gobierno mudó de la ESMA a los criminales de la Armada para instalar allí un "Museo de la Memoria" en un acto junto a víctimas y familiares. Por la mañana, descolgó los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar. Hechos ambos que conmovieron a los que fueron torturados y sobrevivieron, a los que nacieron en cautiverio y sus padres desaparecieron, a todos los que tenemos familiares que de ahí o de cualquier otro campo nunca volvieron, como para quien escribe que, a manos de la dictadura, perdió a dos de sus hermanos.

Ahora bien, lo histórico de estos hechos no es sinónimo de menos impunidad. Kirchner no tiene pensado hacer más que meros gestos trascendentales. Convertir la ESMA en Museo puede significar que los aberrantes crímenes que allí se cometieron queden en el pasado, como los dinosaurios, mientras afuera hay miles de represores libres. Para todos los que luchamos por el castigo a los culpables, se torna imprescindible que el Museo de la ESMA y un discurso oficial encendido contra la "teoría de los dos demonios" no sean un velo para esconder que en la lucha contra la impunidad, hasta ahora poco y nada cambió sustancialmente. Ese debe ser el primer "ejercicio de la memoria".

El 19 y 20 presentes... para convertirlos en su contrario

La agenda gubernamental en derechos humanos es una respuesta a las históricas jornadas de diciembre de 2001. La deslegitimación del régimen obligó al gobierno a buscar remendar lo que se había roto en mil pedazos e intentar conquistar una base social, basada esencialmente en las clases medias, aquellas que exigían "que se vayan todos". Una política para terminar de sacar a las masas de las calles y volver a poner en pie viejas instituciones y la legalidad para seguir atando el país a los dictados de la gran burguesía nacional y el imperialismo.

Hebe de Bonafini: la negación de la negación

Un gran sector de organismos de derechos humanos se sumó a saludar esta política oficial. La ubicación de Hebe de Bonafini es la más insólita. Histórico ejemplo de lucha por el castigo a los genocidas, defensora de luchas como la de Zanon, hoy dio un giro de 180 grados. En su "Carta abierta al Presidente" sostiene: "Es verdad que luchamos 27 años todos los días, todas las horas, pero sin usted, Sr. Presidente, el día de ayer no hubiera sido posible"1

En esas palabras se concentra la negación de 27 años de lucha. Nos ubicamos en la vereda opuesta: la que reivindica la movilización independiente del Estado para acabar con este sistema de injusticia, explotación y represión, como lo hicieron los luchadores de los ‘70. "Podemos seguir caminando juntos", dice Hebe a Kirchner, el continuador del legado económico de la dictadura, profundizado por el menemismo, las privatizaciones, las leyes antiobreras y la ilegítima deuda externa, que le valieron el apoyo de empresarios golpistas –Roggio, Pérez Companc entre otros- y del imperialismo.

Mucho ruido y pocas nueces

Ahora que se abrieron algunas de las causas luego de anulación de las leyes de impunidad, puede ser el momento de empezar a desandar el camino y llevar a la cárcel a los milicos. Pero esto impone algunas necesarias preguntas: ¿dónde están y quiénes son todos esos genocidas? ¿Se puede ir hasta el final con una justicia cómplice de la impunidad y dentro de la cual la última pieza del engranaje está en la Corte Suprema?

A la primera de ellas respondemos que la elemental medida democrática para conocer, por un lado, el destino de los desaparecidos y por otro, los nombres de todos los que actuaron en la dictadura hace falta, sí o sí, que el Estado en nombre de quien Kirchner pidió "perdón" abra los archivos y microfilms que, se sabe por los sobrevivientes, existen y los ponga en manos de una comisión independiente de organismos, víctimas y familiares para que sirvan de prueba contra los militares.

La represión de la dictadura no son sólo las cabezas visibles que ordenaron y torturaron sino miles de militares del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, Policía, Prefectura, Gendarmería, que ocuparon –y ocupan- puestos de Inteligencia; eran los que se infiltraban en las organizaciones, pinchaban teléfonos, apuntaban casas de compañeros. Todas estas alimañas están escondidas en el anonimato y la complicidad estatal.

Para responder la otra pregunta debemos partir de que desde la anulación las leyes sólo cerca de 30 militares están presos y todavía no se elevó a juicio ninguna causa. En estos días dos famosos represores en actividad2, fueron denunciados y la respuesta fue ¡el pase a retiro! ¿Este botón de muestra, no es impunidad?

"A casi 28 años de los hechos, la verdad que la sociedad ya conoce todavía no se traduce en ningún expediente judicial", leemos en Página/12 del 24 de marzo. La causa está en la perversa maquinaria judicial3 que considera "inocentes hasta que se demuestre lo contrario" a todos los miembros de las fuerzas represivas activos en la dictadura y se nutre de apelaciones de los defensores de asesinos, que terminan en la Corte Suprema, una institución con poderes monárquicos, donde 9 jueces deciden los destinos de millones, que legitimó los más aberrantes actos de injusticia e impunidad afectando a los trabajadores y a los sectores más desprotegidos. Es el exponente máximo de un Poder Judicial que conservó en democracia más de 400 jueces que juraron por el Estatuto del "Proceso de Reorganización Nacional". El resto provino de pactos espúreos entre el PJ y la UCR.

Para terminar en serio con la impunidad, la de ayer y la de hoy, se demuestran como necesarias medidas como la disolución de la Corte Suprema y la elección de los jueces por voto directo de todos los ciudadanos e imponer los juicios por jurados, donde el conjunto de los organismos, familiares y víctimas puedan integrar el jurado. Que los juicios contra los genocidas tengan carácter de "sumarísimos" y evitar así que los juicios se demoren años.

24 horas de diferencia

La cara oculta de los gestos presidenciales del 24 de marzo es lo acontecido 24 horas antes en el Congreso. A un proyecto de declarar "nulos de toda nulidad" los indultos, Kirchner ordenó al Congreso derivar el tema a la Justicia4, en un contexto donde conspicuos integrantes del gabinete (como Gustavo Béliz y Aníbal Fernández) y la mayoría del PJ apoyaron aquella medida.

Un intento de reconciliacion "por izquierda"

Dos frases coincidentes demuestran qué hay detrás de toda la gesticulación del gobierno en la materia: "...la sociedad argentina (...) no merece que se le dificulte avanzar, en justicia, hacia las necesarias metas de reconciliación y unión nacional", afirma la primera. "...Puede producirse un desgarro en tanto no puedan ver que esto es un paso fundamental para reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas del futuro", la segunda.

La primera cita es del Jefe de la Armada, Almirante Godoy5 y la segunda del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.6

Saldar cuentas con el pasado, limpiar la imagen de las FF.AA. para que no tiña el futuro, como le gusta decir al periodista Horacio Verbitsky7, son formas de trabajar para la reconciliación y terminar la tarea inconclusa de Alfonsín, Menem y De la Rúa. Pero nosotros no olvidamos, ni perdonamos ni nos reconciliamos con los que aniquilaron, siempre al servicio de la burguesía y sus gobiernos de turno, cada una de las luchas del movimiento obrero desde comienzos del siglo XX. Asesinos como Ramón Falcón, el Cnel. Varela de la Patagonia Rebelde, el Gral. Dellepiane de la Semana Trágica, Aramburu y Rojas de la Fusiladora, Lanusse en la Masacre de Trelew en el ’72, son los antecedentes de Videla y compañía, que nadie quiere recordar para obviar la conclusión de que no se trata de un grupo de asesinos, sino de una institución estatal armada contra el pueblo y los trabajadores. Recordemos también que desde los inicios de la democracia, decenas de luchadores fueron asesinados a manos de la Gendarmería y la Policía y ninguno pagó sus crímenes. Por eso seguimos llamando a luchar y movilizarnos contra todo tipo de medidas tendientes a reconciliar al pueblo con sus verdugos.

1 Página/12, 25/3.

2 Uno de ellos es Ramón "el Manchado" Fernández, designado recientemente por Solá como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y denunciado por torturador en la Unidad 9 de La Plata.

3 Asesinos y torturadores como Bergés y Etchecolatz los condenaron a 7 años por supresión de identidad. Al margen de que sólo se los juzgó por ese delito, resulta una provocación si recordamos por ejemplo que en el juicio contra Raúl Castells, acusado de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad por la toma de un edificio público, pudo haber sido condenado a 15 años de prisión.

4 Esta resolución, que se limita a pedir a los jueces el análisis de las nulidades, no es vinculante, es decir no es obligatoria sino que está sujeta a la interpretación de cada juez. En el caso de declarar nulos los indultos esto sólo tendría efectos en el caso individual que se esté tratando.

5 Godoy no respondió a las acusaciones hechas desde España por parte de su ex camarada, el asesino Scilingo, en cuanto a que ambos conocían al detalle todo el plan de exterminio que estaba llevando a cabo la Armada (Página/12, 28/3).

6 Página/12, 29/3.

7 "No debe permitirse que ese agujero negro de la historia argentina que fue la dictadura de 1976 a 1983 contamine a personas e instituciones y tiña el futuro". Página/12, 21-03-04.