Todo indica que el gobierno firmará un acuerdo de corto plazo con el FMI (“de transición” hasta el recambio presidencial) que patearía los vencimientos con los organismos multilaterales por el término de 6 a 12 meses. La “guerra” de declaraciones entre el gabinete de Duhalde y los funcionarios del FMI –luego de haber aplicado la mayoría de las órdenes del FMI y el Tesoro yanqui, y haber apoyado a EE.UU. para lanzar bombas a Irak- fueron un preludio a un convenio casi inevitable: los acreedores saben que obligar a la Argentina a pagar 2.500 millones de dólares de acá a fin de año a costa de las magras reservas, podría significar un viaje de ida hacia una subida meteórica del precio del dólar y la hiperinflación. La deuda pública pasó de ser el 54% del PBI (lo que se produce en todo un año) en diciembre a representar más del 150% en la actualidad. “Si el tipo de cambio sigue como hasta ahora, las proyecciones indican que la Argentina, en el mejor de los casos, volvería a tener una proporción de deuda sobre producto similar a la de antes de la devaluación recién al final de la década” (Clarín, 29/9).
Por otra parte, la escalada devaluatoria y la masiva fuga de capitales en Brasil pre-anunciando una más que probable crisis de la deuda en los próximos meses en el segundo país en importancia de América Latina, obliga a los burócratas del Fondo a ser más permisivos con la Argentina, como un intento de evitar cualquier efecto de retroalimentación de la crisis entre los dos países.
Este eventual acuerdo no significará un solo dólar más para la Argentina, que, pese al default, pagó en lo que va del año el récord histórico de más de 4.200 millones de dólares al FMI, Banco Mundial y el BID. Es patear, una vez más, el estallido de una bomba de tiempo hacia adelante. Según varios economistas “aún con una quita del 70% en el tramo externo de la deuda aún renegociado, la carga es insostenible” (ídem). El economista mexicano José Barrionuevo, uno de los analistas de Latinoamérica más respetados de Wall Street, sostiene que aún con una quita del 90% de la deuda en bonos, igualmente se necesitaría un “superávit primario del orden del 3% del producto al año” (ídem). Cualquier tipo de renegociación de este tipo sólo podrá ser impuesta mediante un monitoreo permanente del FMI, un salto mayúsculo en la entrega de la economía nacional a los imperialistas.
Es posible que este miserable “acuerdo” con el FMI será presentado como un logro por la camarilla en el poder, lo que demuestra su enorme debilidad.
En este marco todas las fichas del gobierno, el establishment y las corporaciones de prensa están puestas en que Reutemann se decida a postularse como presidente. Que el plan de consumación de la trampa electoral esté basado en la decisión del hombre que calla, es sólo una muestra más de la magnitud de la deslegitimación de la casta política burguesa. Su presentación estaría atada al levantamiento de las internas abiertas, lo que de suceder sería el reconocimiento de que no hay solución para la fragmentación del peronismo. Pero aún así es incierto que logren este “operativo retorno”.
Luego de jugar por un mes con el “que se vayan todos”, la Carrió retomó la campaña electoral con la ilusión de usufructuar un eventual triunfo de Lula en Brasil. Es decir que el “nuevo régimen” que postula la diputada del ARI estaría basado en la profundización y nuevos acuerdos con el FMI, tal cual lo adelantó el dirigente petista.
El complemento de la trampa electoral es una escalada represiva que tuvo su feroz expresión en Jujuy, se expresó con el atentado político a la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, y persiste en los permanentes aprietes a asambleístas, la constante amenaza de desalojo contra empresas ocupadas por sus trabajadores y el mantenimiento en prisión de luchadores como Raúl Castells.
Las elecciones buscan desviar la situación abierta en diciembre. La escalada represiva busca complementarlas intentando amedrentar y aislar a los sectores más avanzados del pueblo trabajador.
A diferencia de las CGTs, la CTA nacional se pronunció abiertamente contra la represión en Jujuy y la escalada de acciones represivas. La CCC realizó puntuales cortes de ruta y marchas en distintos puntos del país. Pero hace falta una medida realmente contundente, un paro activo ya y una gran marcha nacional a Plaza de Mayo por la libertad de todos los presos de Jujuy, por la libertad de Castells, el desprocesamiento de todos los luchadores, el cese de las amenazas y aprietes, el castigo a los culpables materiales e intelectuales de la represión. Y teniendo en cuenta que los desocupados y dirigentes reprimidos y encarcelados en Jujuy manifestaban en la última jornada convocada por el Encuentro Ciudadano promovido por la CTA, es responsabilidad, en primer lugar, de De Gennaro y sus dirigentes convocarlo y exigirles a los gremios nucleados en la CGT de Moyano que se unan a la convocatoria, y si no lo hacen quedará claro a los luchadores obreros y populares lo que puede esperarles en un eventual gobierno de Rodríguez Saá.