Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
11 de diciembre de 2017

Nacional

Pasado mañana habrá protestas en el Congreso y en la Legislatura porteña

Se pone a prueba la nueva política para hacer frente a los piqueteros

02 Aug 2004 | Puertas adentro, legisladores nacionales y porteños debatirán algunos de los proyectos más controvertidos de estos días: responsabilidad fiscal, Código de Convivencia Urbana y parte del plan de seguridad anunciado durante la gestión del ex ministro Gustavo Beliz. Pero será puertas afuera, en la calle, donde el Gobierno pondrá a prueba pasado mañana su nueva política para revertir la imagen de su flanco más débil: el mantenimiento del orden público y la respuesta a los posibles desbordes violentos en las protestas sociales.   |   comentarios

Ese día será un auténtico "supermiércoles": coincidirán los tratamientos de la ley reclamada por el FMI para limitar el endeudamiento de las provincias, en la Cámara de Diputados; de cuatro de los proyectos enviados por Beliz que todavía siguen en pie, en el Senado, y de la modificación de los artículos del código contravencional que iban a ser discutidos en la Legislatura porteña el día en que su sede fue atacada. Ese hecho derivó en el reemplazo de Beliz por Horacio Rosatti en la cartera de Justicia.
Ese día también habrá una fuerte presencia de manifestantes en las calles porteñas. Además de las agrupaciones que volverán a protestar en la Legislatura contra el código contravencional –travestis, vendedores ambulantes, militantes de izquierda–, casi todo el espectro de piqueteros "duros" se manifestará en contra de los proyectos que serán tratados por los poderes legislativos de la ciudad y de la Nación.
Rosatti y su secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, tendrán entonces la oportunidad de lanzar a gran escala la nueva política de prevención de desmanes que, sin apartarse de los objetivos del presidente Néstor Kirchner de no criminalizar la protesta social ni custodiarla con armas de fuego, buscará dar una imagen completamente distinta de la presentada el 16 de julio pasado, cuando los manifestantes atacaron durante cinco horas el edificio de la Legislatura sin que la policía actuara para impedirlo.
El malestar reflejado en las encuestas de opinión pública acerca de la política oficial hacia las protestas callejeras y la polémica por la utilización de armas de fuego en el operativo de prevención montado en la Legislatura una semana después del ataque fueron los detonantes que condujeron, primero, a la renuncia del jefe de la Policía Federal, Héctor Prados, y luego al desplazamiento de Beliz y de Norberto Quantín, antecesor de Iribarne.
Aunque desde el Ministerio de Justicia prefirieron no dar mayores precisiones sobre cómo se contendrán los posibles brotes de violencia, está claro que la orden de "prevenir y disuadir" los desbordes incluirá una mayor presencia policial en las calles.
"El dispositivo de prevención va a ser muy amplio y se va a desarrollar a lo largo de toda la semana, aunque se va a intensificar el miércoles", dijeron ayer a LA NACION fuentes cercanas a Iribarne. La idea es proteger la integridad física tanto de los manifestantes como de quienes no participan de la protesta. Kirchner ha insistido en que su gobierno no ordenará la represión de las protestas sociales. 

Marchas piqueteras 

El Bloque Piquetero Nacional, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que lidera Raúl Castells, ya anunciaron distintas marchas que confluirán frente al edificio de la Legislatura, cuando los diputados estén en sesión.
Las dos primeras agrupaciones se manifestarán esa mañana también frente al Palacio de Tribunales, para pedir la absolución de dos estudiantes universitarios procesados por haber participado en una movilización en 1999. Algunas columnas de la CCC se movilizarán, en tanto, al Congreso para protestar contra la ley de responsabilidad fiscal.
El vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, reveló que el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, se había comunicado con él y le había asegurado un operativo "importante", aunque no le dio detalles.
Se supone que habría un doble vallado (la primera línea, a una cuadra de la Legislatura; la segunda, sobre la entrada) y que el público sólo podrá acceder con una invitación, que deberá mostrar en el primer vallado. Cada uno de los 60 diputados porteños podrá distribuir dos entradas.
Las gradas que están detrás de los legisladores, en el recinto, tienen capacidad para unas 200 personas. El resto del público serán asesores (que deberán estar anotados previamente en una lista confeccionada por cada legislador), camarógrafos, fotógrafos y periodistas. También se repetirá el operativo interno desplegado el 22 del mes pasado: estarán presentes los 72 empleados que pertenecen al cuerpo de seguridad. 

Artículos consensuados 

De todos modos, la Legislatura no tratará pasado mañana las iniciativas más controvertidas, como la oferta de sexo en la vía pública y las restricciones a la venta ambulante. Los bloques mayoritarios buscarán, en cambio, sancionar en particular la primera parte del código, en la que los artículos cuentan con mayor consenso (como se informa por separado).
Un debate más áspero se espera en la Cámara baja nacional, cuando los diputados traten el proyecto de responsabilidad fiscal. La ley es uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional y, pese a la fuerte apuesta del Gobierno, el PJ no tiene garantizados los votos para aprobar el texto tal cual fue sancionado por los senadores.
Contra el proyecto del oficialismo se han alzado voces de lo más diversas: desde los distintos bloques de la oposición parlamentaria hasta las dos centrales sindicales (la CGT y la CTA), pasando por las agrupaciones piqueteras que marcharán pasado mañana al Congreso.

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