Los buitres del FMI presentan ya un frente más sólido. Tanto el G7, el Banco Mundial, los grupos de acreedores, los representantes europeos y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. han cerrado filas y vienen por una mayor porción de la riqueza nacional producida por los trabajadores. Su línea es aumentar del 3 al 4,5% el superávit fiscal destinado al pago de la deuda, y consignar este excedente a los acreedores privados en default para el 2005. Aspecto que el gobierno pactó en la última carta de intención, firmando un "aumento gradual" de este porcentaje para los bonos, y que viene negociando alejándose de la rebaja del 75% que en su momento fue presentada como un ejemplo de "dignidad nacional". "Hay pistas sobre el bono con descuento -expresa Clarín-: se dice que podría tener un cupón bastante alto como para que la quita nominal pueda ser del 75%."1 Y Nicola Stock opinó que hay una "actitud menos rígida" del gobierno argentino.2
Superávit y gasto social
Una de las tantas claves del superávit es el congelamiento del salario de los trabajadores estatales. Desde hace 13 años que no reciben aumento. El gobierno, a través de Lavagna, expresó que de ninguna manera piensa aumentar el salario de los estatales y menos aun solucionar la situación de decenas de miles de trabajadores contratados y en negro. Las promesas desplegadas hace un par de semanas atrás, anunciando un "salariazo" para los estatales, parece haber respondido a una maniobra de prensa o bien a otro engaño oficial. A la vez, la casi nula inversión por parte del Estado en obras de infraestructura es otra de las causas que permiten el aumento del superávit sobre el que se relame el FMI. Las obras públicas brillan por su ausencia. En cambio, se continúa pagando religiosamente al FMI, subsidiando a las empresas privatizadas y aumentando las tarifas. El gobierno maniobra sosteniendo que la prioridad del superávit es "el gasto social". Pero, sin embargo, el Banco Mundial sostiene que estos niveles cayeron casi un 30% entre 2001 y 2003.3 Los microemprendimientos y los "planes manos a la obra" impuestos por el gobierno son -de mínima- insignificantes frente a la magnitud de la crisis social. Según el INDEC los índices de pobreza continúan afectando a más de 11 millones de personas y la indigencia supera los 4,7 millones. La consultora FIDE informa que los productos de la canasta familiar "que se usan para fijar el límite entre ser o no ser pobre o indigente (…) desde diciembre de 2001, se encarecieron un 55,5% y un 75,3% en cada caso." 4
Las respuestas que necesitan las masas populares, por lo tanto, sólo podrán venir de una política que rompa con el FMI y el imperialismo, desconociendo integralmente la deuda externa. El vacío de contenido del discurso kirchnerista vuelve a demostrarse.
1 Clarín, 27/04/04.
2 Representante del Comité Global de Acreedores (GCAB según sus siglas en inglés y principal grupo demandante).
3 Clarín, 26/04/04.
4 La Nación 26/03/04.