“Las solidaridades corporativas con acusados de terrorismo de Estado perturban seriamente el proceso de reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad”. Esta frase de la ministra de Defensa, Nilda Garré, la expuso luego de que saliera a luz la más que obvia colaboración del “democrático” Ejército Argentino con los detenidos de la fuerza por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Resulta que el teniente coronel (RE) Julián “Laucha” Corres –jefe de Inteligencia durante la dictadura y uno de los capos del campo de exterminio “La Escuelita”– que hace dos semanas se piró como ‘Pancho por su casa’ de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, era asiduamente visitado por el hasta ahora secretario general del V Cuerpo de Ejército, coronel Jorge Roque Cocco “en respuesta a órdenes superiores” y “por caridad cristiana”, según se argumentó. El oficial en actividad junto a su camarada caído en desgracia periódicamente tomaban mate, comían tortas, algún que otro locrito con tintillo en las fiestas patrias, mientras reían y platicaban en una habitación de la comisaría que ni siquiera tenía cerradura (igual que cualquier pibe pobre que cae preso…). Al menos eso es lo que se sabe.

Cualquier semejaza con las condiciones de “detención” del ultimado prefecto Héctor Febres, no es pura coincidencia.
Esta suerte de “servicio de ayuda al represor acusado” no es privativo del Ejército y la Prefectura. Hace sólo 5 meses, el 2 de marzo, Página/12 publicaba que en el piso 4 del Edificio Libertador (Comando en Jefe de la Armada), a metros de las oficinas del Almirante Godoy, funciona(ba?) el llamado “Grupo de Contención” para los camaradas acusados de delitos de lesa humanidad, que incluía todo tipo de ayuda material, jurídica y espiritual a través de una red de curas prestos a seguir asistiendo a aquellos que se “sacrificaron” “en defensa de una Argentina occidental y cristiana”.

A las públicas pruebas hay que remitirse para afirmar que el Ejecutivo de Néstor y Cristina y su ministra Garré conocían, conocen y, de hecho consienten, esta comunión en las FF.AA. entre los efectivos de ‘hoy’ con los de ‘ayer’. Nadie en su sano juicio –salvo quienes adrede quieran salvar a estas instituciones genocidas– puede sorprenderse por estas “solidaridades corporativas”.

¿”Se acabó la impunidad en la Argentina”?

Esa afirmación corrió por cuenta del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, al conocerse la sentencia que condenó a 4 represores en Corrientes (sólo 1 con perpetua) y absolvió a otro. La semana anterior Menéndez era condenado en Córdoba junto a otros 7 genocidas. Esta semana comenzó el juicio oral a Bussi y también a Menéndez en Tucumán. La que viene comenzaba el juicio contra ocho milicos en Neuquén que al cierre de esta edición fue suspendido.

En Corrientes hubo al menos 7 (siete) centros de detención por los que pasaron alrededor de 1.000 (mil) detenidos desaparecidos. Los 4 (cuatro) condenados lo fueron por sólo 15 (quince) casos. Menéndez y compañía lo fueron sólo por 4 (cuatro) víctimas, cuando en La Perla pasaron más de 3.000 (tres mil). En la Subzona 52 (Río Negro y Neuquén) dependiente del V Cuerpo de Ejército hay radicadas en la Justicia denuncias por más de 600 (seiscientos) casos de detenciones y torturas. El juicio en Neuquén es sólo por 17 (diecisiete) casos.

¿Cuánto personal era necesario para hacer infiltraciones, inteligencia, los secuestros, los interrogatorios y mantener en funcionamiento los centros clandestinos de detención de estas provincias? En los próximos meses no hay previstos nuevos juicios en ninguna de estas jurisdicciones, por lo que se presume que de continuar así, más del 95% de los genocidas terminarán sus vidas libres de culpa y cargo. Por eso, y más allá de la profunda alegría que nos produce a todos los luchadores y en particular a los sobrevivientes y familiares que gente de esta calaña se pudra en una cárcel común, estas condenas a un mero puñado de emblemáticos por sólo algunos casos, pueden terminar siendo funcionales con el plan gubernamental de terminar el asunto lo antes posible para profundizar un “proceso de reconciliación con la sociedad”. A eso se juegan.

Por el contrario, en este proceso vivo que también encuentra a la ultraderecha orquestando marchas y campañas en Corrientes y Tucumán (pretendiendo el regreso a la impunidad total y absoluta para todos), los organismos de derechos humanos que no fueron cooptados por el elenco oficial junto a la izquierda y los trabajadores combativos tenemos la responsabilidad de participar sin descanso para lograr el juicio y el castigo a todos los culpables militares, policiales, civiles y clericales por el genocidio a 30.000 compañeros detenidos-desparecidos. No hacerlo en forma consecuente significa más aire para las Cecilia Pando, los Bussi hijos y sus secuaces varios.

Ayer y hoy

En Corrientes 2 de los condenados son personal del Ejército en actividad, un Ejército que ha sido felicitado por la Presidenta Fernández por sus funciones represivas en Haití al servicio del imperialismo yanqui. Otro de estos condenados, el ex Capitán De Marchi fue presidente de la Sociedad Rural local en 1978.
Julio Cassanello, presidente del Comité Olímpico Argentino actualmente en Beijing, fue intendente de Quilmes durante la dictadura, municipio en el que funcionaron al menos tres centros de exterminio.

En Bahía Blanca los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño que deberían investigar la fuga del “Laucha” Corres son íntimos del Comisario de la Federal Gustavo Scelsi, el que comandaba la comisaría que lo escapó a la Laucha.

Trabajadores de la empresa de ómnibus “La Veloz” acusaron a su dueño, Marcos Levín, de haber participado en su secuestro en 1976 junto a un comisario torturador, Víctor Hugo Bocos, y haber asesinado a uno de ellos, en Salta.

Centenares de empresarios y obispos fueron partícipes necesarios de la maquinaria estatal dispuesta para acabar con una generación de luchadores, y no hay juicios en vista con ellos en el banquillo de los acusados. Más allá del discurso de los Kirchner y la Garré, el “ayer” y el “hoy” están íntimamente entrelazados no sólo en la impunidad imperante, sino en el régimen social que nos domina.

El genocidio fue parte de un golpe contrarrevolucionario para imponer una mayor explotación y sumisión del país al imperialismo. La lucha por el castigo a todos los genocidas es indivisible de la lucha por acabar con este sistema miserable y su sostén armado.

Desde allí y con toda la amplitud unitaria posible –aun con compañeros que no compartimos esta estrategia pero que aspiran a acabar con la impunidad en serio–, utilizamos todo resquicio jurídico y toda tribuna para encarcelar a todos los culpables, por todos los compañeros: apertura de los archivos de la dictadura; que a todos los efectivos de las FF.AA. y de seguridad que revistieron durante la dictadura se los impute por el delito de genocidio; que a todos los empresarios y gerentes de las empresas donde se secuestraron trabajadores se los impute por partícipes necesarios del genocidio, al igual que a los obispos y curas que bendijeron a los verdugos; aparición con vida ya de Jorge Julio López; basta de represión y causas judiciales contra los que luchan.

El 18 de septiembre se cumplirán dos años de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Preparemos una gran movilización nacional con estas demandas.