por Leopoldo Denaday, abogado laboralista- CeProDH

¿Resulta correcto que Jorge Sapag declare por decreto a la educación como un servicio esencial? Considero que no.

Con la Ley 25.877 se derogó la norma que restringía la huelga en los llamados “servicios esenciales”, retornándose a la anterior legislación en negociación colectiva. La nueva ley regula este tema, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que fija taxativamente como “servicios esenciales”: a) Servicios sanitarios y hospitalarios; b) La producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; y c) El control de tráfico aéreo. Se estableció en la norma la posibilidad excepcional de ampliarlo, sólo por una Comisión Independiente, convocada por intermedio del Ministerio de Trabajo de Nación. Al ampliarlo por decreto, Sapag se arroga facultades que no posee, por lo que el Decreto 735/10 es inconstitucional.

¿Puede calificarse a la educación como un servicio esencial? La propia OIT ha restringido su denominación a aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas.”. Evidentemente el no dictado de clases, producto del ejercicio del derecho de huelga, no puede serlo.

La educación es un derecho, y no un servicio, que se garantiza con mayor presupuesto y con salarios que no estén por debajo de la canasta familiar. Es a la vez obligación del Estado respetar el derecho a huelga de los trabajadores, que la misma Corte Suprema calificó como “sujetos de preferente tutela constitucional”.

Sapag intenta presentar a los docentes como ilegales, cuando es el propio gobierno quien vulnera esa legalidad que dice defender. Decretar la educación como servicio esencial es una medida ilegal, que deja claro que “lo esencial” para este gobierno no es garantizar el derecho a la educación, sino que su objetivo es el ataque al derecho de huelga y a la lucha de los trabajadores de la educación.