Uno de los argumentos que esgrime el gobierno para hacer pasar como progresiva y más democrática la Reforma Política que acaba de tener media sanción por parte de Diputados es que desde ahora las agrupaciones políticas no podrán contratar en forma privada publicidad electoral en radio y televisión, sino que toda propaganda electoral por estos medios será distribuida por el Estado.

El proyecto aprobado en Diputados plantea que durante la campaña electoral se distribuirán sólo 6 (seis) minutos por hora por canal o emisora entre todos los partidos que se presenten en las primarias y en las generales. De esos minutos (tres) se distribuirán para todos por igual, y los tres restantes proporcionalmente a la cantidad de votos que se obtuvieron en la elección pasada. Esto, claramente, favorece a los partidos patronales que gastaron millones en la campaña anterior, en detrimento de los partidos de la clase trabajadora a los que les quedarán unos míseros segundos diarios para difundir sus ideas masivamente. Ejemplo: con esta distribución el candidato presidencial del PJ en 2011, aunque tenga un 80% de rechazo popular, tendrá la mayor cantidad de minutos por haber sacado más votos en las presidenciales del 2007. En la distribución vale lo mismo un canal abierto como el 13 o Telefé que un ignoto canal de cable con escaso o nulo raiting.

La propaganda política que se hace a través de los contenidos de los programas no está en cuestión. Los partidos patronales destinan el 80% de su presupuesto multimillonario de campaña a la publicidad por TV. ¿Cuántas veces se vio a Altamira, Castillo, Montes o Ripoll en los canales de aire en las últimas campañas electorales? ¿Cuántas a De Narváez, Kirchner, Scioli o Carrió? Está claro que por un problema de clase ninguna empresa (canal o producción de un programa) va a invitar a alguien que cuestione el monopolio de la información en manos de dos o tres monopolios. Tampoco a quienes defiendan a los trabajadores de las empresas que auspician y sponsorean a los programas. Pero además es público y notorio que el que pone dinero es invitado a un programa y/o es enfocado con un primer plano mirando un partido, además de aparecer a través de la propaganda estática de las canchas tomadas por las cámaras de TV. En eso se destinarán, en comprar voluntades de productores y periodistas, los millones que se gastan para esta faena. Todo esto para no hablar de los canales cuyos propietarios son directamente políticos millonarios como De Narváez o los amigos de los Kirchner.

Los monopolios que manejan la radio y TV “predicen” quiénes podrán ser los ganadores, supuestamente a través de encuestas que son manejadas asimismo por otros monopolios. Tal es así que en los “grandes debates” es casi una norma dejar afuera a los partidos de izquierda… “porque no tienen posibilidades…”.

Un régimen de campañas electorales realmente más democrático debería plantear la obligatoriedad de realizar debates en los canales de aire con todos los primeros candidatos de una misma categoría (presidente, diputados, senadores) sin discriminación alguna. Otra cuestión elemental es la posibilidad de un candidato de estar en la misma franja horaria y la misma cantidad de tiempo que un candidato equis que fuera invitado a un programa, medida que debería ser de aplicación obligatoria para todos los programas de radio y TV: o sea que si De Narváez u otro aparece en un programa, cualquier otro candidato debería tener su mismo derecho.

La nueva ley oficialista vuelve a legalizar el financiamiento privado. Esto es que los grandes monopolios tienen el poder de “instalar” tal o cual candidato, en detrimento de los partidos de la clase trabajadora que se sustentan con las cotizaciones de sus militantes. Una ley verdaderamente más democrática debería prohibir todo financiamiento de los capitalistas a los partidos y las campañas electorales, repartiendo el Estado los fondos suficientes para difundir las distintas ideas y propuestas en forma igualitaria para todas las agrupaciones políticas.

La “democratización”, la “igualdad de oportunidades”, la “equidad” no es más que una sanata kirchnerista, ya que los capitalistas son los que siguen monopolizando todo.