El juez federal Omar Digerónimo decidió anoche dictar la reapertura de la causa Feced, el megaexpediente instruido en la segunda mitad de la década del 80 por la Cámara Federal de Rosario para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en Rosario y su zona, en el que fueron procesados y citados a prestar declaración indagatoria un importante número de policías y militares que participaron de la represión ilegal. Además, el juez dictó anoche mismo una decena de ordenes de detención que conforman “la primera tanda” de una serie que tendrá seguramente como protagonistas a quienes se encontraban procesados y con prisión preventiva al momento de dictarse, a mediados de 1987, la ley de obediencia debida, que clausuró las actuaciones realizadas por la Cámara Federal y abrió el largo camino de la impunidad.
En el juzgado federal N°4 no dieron precisiones acerca de las identidades de aquellos sobre los que desde anoche pesa el pedido de captura, pero fuentes extraoficiales aseguraron a este diario que se trata de diez implicados en la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del II Cuerpo del Ejército.
La de ayer fue una jornada de ansiosa espera para los integrantes de los organismos defensores de los derechos humanos. Incluso, para el personal de la Secretaría de Derechos Humanos provincial: nadie quería confirmar nada, ni atreverse a imaginar que en horas comenzarían a salir las órdenes de arresto con los nombres de esos mismos policías y militares a los que durante años escracharon y denunciaron (ver aparte).
El temor de que la noticia se filtrara y los ahora buscados por la Justicia pudieran huir antes de que lleguen las fuerzas policiales para evitarse el arresto, selló todas las bocas y nadie se atrevía ni a las especulaciones.
“Mirá si pasa como con Carlos Isach”, especulaba una conocida abogada y militante de derechos humanos ayer por la tarde en referencia al ex miembro del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía que trabajaba como inspector municipal en la Dirección de Política Ambiental municipal hasta que, enterado de la existencia de una orden de arresto en su contra extendida por la justicia federal, se dio a la fuga y aún permanece prófugo.
En los días previos a la firma de las detenciones y a la decisión de reabrir la causa Feced, el juez Omar Digerónimo se reunió con algunos dirigentes de los organismos y abogados del Equipo Jurídico de Derechos Humanos y les comunicó que esto sucedería pero, por temor a que alguno pudiera fugarse si la novedad se filtraba, todos mantuvieron en el más estricto silencio la decisión del juez.
Entre los que solicitaron la reapertura de la causa Feced está Elida Luna, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, en el marco de la causa denominada “Daniel Gorosito”, el nombre de su ex compañero desaparecido, que investiga las violaciones a los derechos humanos durante la represión ilegal.
Los que resulten condenados por la causa Feced deberán ir a prisión ya que tal como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”.
La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, Matilde Bruera, calificó de “muy positiva” la decisión de la Corte y aseguró que “en la ciudad esto contribuirá a que se avance en la causa Feced”.
Además, señaló que las investigaciones ya realizadas en los Tribunales federales involucran a la mayor cantidad de imputados por los crímenes de lesa humanidad en Rosario y su zona. Según Bruera, su reapertura también es clave porque prueba el modo en que operaba el II Cuerpo del Ejército durante el terrorismo de Estado. Según fuentes tribunalicias, los arrestos no son las únicas medidas que dispondrá el juez, aunque sí la más resonante. Además, se pedirá a la Cámara que envíe al juzgado federal los acumulados de la causa, hoy existente sólo en fotocopia en el despacho de Digerónimo. “El expediente tiene un montón de pruebas acumuladas y, si falta, algo se pedirá; pero con lo recabado ya se puede ordenar arrestos fundamentados de sobra”, indicó la misma fuente judicial.

REUNION CON KIRCHNER

Hoy el presidente Néstor Kirchner recibirá en la Casa Rosada a miembros de la comisión del Centro Popular de la Memoria –que funciona en el ex centro clandestino conocido como “El Pozo”–, quienes concurrirán acompañados por el subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Víctor Aliprandi. Así, el jefe del Estado cumplirá con el compromiso asumido el pasado 6 de julio durante su visita a Rosario, ocasión en la que se reunió con el gobernador Jorge Obeid e integrantes de esa comisión.

Los procesados e imputados en la vieja causa federal

Si bien el juzgado federal N° 4 de Rosario fue muy estricto en evitar la filtración de los nombres de los policías o militares sobre quienes anoche dictó órdenes de detención, lo expuesto en el expediente N°47.913 caratulado “Feced, Agustín y otros s/homicidio, violación y torturas” permite determinar que al momento de la paralización de la causa por la sanción de la ley de obediencia debida se encontraban procesados y con “prisión preventiva rigurosa” los policías José Rubén Lofiego, alias “El Ciego”; Mario Alfredo Marcote, alias “El Cura” y Carlos Oscar Gómez, alias “Carlitos”.
Todos ellos formaban parte de la patota de Feced que decidió sobre la vida de los cientos de personas que pasaron por el centro clandestino de detención en la ochava de San Lorenzo y Dorrego
Además, aquel 13 de febrero de 1987 la Cámara Federal había procesado a Diego Portillo, Julio Fermoselle, Ramón Vergara, Jacobo Kohanoff y Hugo Diógenes Sandoz. Y había pedido la declaración indagatoria de los policías Ramón Ibarra, Héctor Gianola, Roberto Scardino, Lucio Nast, Carlos Altamirano, José Scortechini, Daniel González, Félix Palla Vidini y otros militares del II Cuerpo del Ejército.