La reciente votación en la Organización de Estados Americanos levanta las trabas que impedían la participación de Cuba en este organismo. En el marco de la crisis mundial, EE.UU. intenta una política de distensión diplomática hacia Latinoamérica, en comparación con las viejas recetas de Bush. La declaración votada por unanimidad de los 34 países, con el apoyo de EE.UU., tuvo en los gobiernos de Lula de Brasil y los Kirchner de Argentina, junto a México, a sus principales hacedores. Lo que es presentado como un acontecimiento “histórico” sirvió, sin embargo, para dar sobrevida a un organismo reaccionario como la OEA, muy cuestionado, y mediante el cual EE.UU. implementó siempre su política de dominio en la región. Los gobiernos progresistas que suplantaron a los neoliberales le hacen la cobertura a esta reubicación imperial frente a su crisis de hegemonía. La declaración dice que “la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, propósitos y principios de la OEA” que exige el respeto a la “libertad de expresión”, “derechos humanos” y “libertad de partidos”. Es decir, una plataforma sobre la que EE.UU. busca abrir negociaciones que le permitan presionar para una vía “democrática” a la restauración capitalista en la isla.