El 26 de enero se realizó una masiva jornada a cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga. Cientos de jóvenes se acercaron a Lomas del Mirador a brindar su apoyo, junto a los organismos de derechos humanos independientes del Estado, agrupaciones sociales y partidos de izquierda. Participamos desde el CeProDH y el PTS con su Juventud, como siempre lo hicimos y lo haremos hasta lograr la cárcel común, perpetua y efectiva para los policías que lo hicieron desaparecer. Días después de la jornada, que mostró la fuerza y la vigencia de esta lucha, los familiares se enteraron por los diarios del pase a disponibilidad de los ocho policías acusados. Una medida que demuestra la absoluta responsabilidad del poder político, en todos sus niveles, en mantener la impunidad, ya que en cuestión de minutos resolvieron lo que los familiares y organismos pedimos desde el primer día: que estos asesinos no estén impunemente cumpliendo funciones ante los ojos de todos.

Como se manifestó en la misma jornada, esta realidad de impunidad absoluta que padecen miles de familias en nuestro país se produce por la connivencia de los gobiernos y de la Justicia con las distintas fuerzas de seguridad. Más de 3.000 jóvenes fueron asesinados desde 1983, 1.700 bajo los mandatos de los K y de Scioli. Que casi ningún policía haya ido preso por estos asesinatos demuestra que la represión en los barrios no sólo no cambió sino que se acentuó. 

Tanto Luciano como esos miles de jóvenes están ausentes porque existe un aparato represivo intacto desde la dictadura y una Justicia que lo es sólo para los ricos y poderosos, que saben muy bien que sus intereses están por encima de la vida de los hijos de los trabajadores. Ni Luciano ni ninguno de ellos fueron nombrados siquiera por los gobiernos nacional ni provincial.

Sólo la lucha, la movilización y la organización independiente del Estado podrán hacer cambiar esta situación. Fue la lucha incansable de los familiares de Luciano la que posibilitó que su caso fuera conocido por miles en nuestro país y la que obligó a que se diera una respuesta política. Quienes venimos luchando hace muchos años por juicio y castigo para los verdugos de nuestros 30.000 desaparecidos vemos una absoluta continuidad. En nuestro país hay 200 genocidas condenados, producto de la lucha de décadas, pero la impunidad continúa brutalmente: hay menos represores condenados que centros clandestinos de detención hubo un nuestro país.

Tanto la pelea contra los genocidas de ayer como contra los represores de hoy la llevamos adelante los organismos, los familiares y los sobrevivientes. El Estado jamás aportó respuestas ni la información necesaria para encarcelar a estos asesinos. Por el contrario es un cómplice absoluto de su impunidad, porque depende de esas mismas fuerzas represivas para gobernar. Por eso en los últimos tiempos avanzó en la criminalización de la pobreza, militarizando las zonas más pobres de Gran Buenos Aires y criminalizando la protesta social. Al día de hoy contamos 22 muertos por protestas populares durante el kirchnerismo.
Queda demostrado que son los organismos y los familiares quienes denuncian, aportan pruebas y sacan a la luz la situación de impunidad y represión. Sólo ellos pueden aportar a esclarecer la verdad y conseguir verdadera justicia. Resulta una provocación que “Asuntos Internos” de la policía sea parte de la investigación. Ellos también son responsables y van obstaculizar todas las pruebas para defender a sus compañeros. Así lo hicieron en el caso de nuestro compañero Julio López y con los crímenes de la Dictadura que siguen pesando sobre ellos y los miles de jóvenes asesinados.
Los pasos adelante conseguidos hasta ahora se lograron con la lucha. La condena a los policías culpables y la aparición con vida de Luciano las lograremos profundizando la movilización independiente.