El pasado 12 de noviembre el oficialismo convocó nuevamente a una "sesión especial" en la Cámara de Diputados. En una "sesión especial", a diferencia de la "de tablas", solo se pueden tratar los proyectos y el temario de los convocantes de la misma, diputados de la bancada mayoritaria del FPV. Desde que asumieron los diputados del Frente de Izquierda, hubo trece (13) sesiones donde se trataron proyectos de ley, de las cuales once (11) fueron "especiales".

En la citada sesión del 12, se trataron alrededor de sesenta (60) proyectos de ley, que iban desde la nominación del "Día Nacional del Pomelo" hasta la justa reparación para los extrabajadores de YPF (votada por unanimidad), pasando por la creación de la denominada "Universidad de la Defensa Nacional" (llave en mano para Milani), hasta una ley de fertilización asistida con la cual el oficialismo K intentó limpiarse un poco de su votación del Código Civil y Comercial clerical. Los diputados del Frente de Izquierda, al igual que varias otras bancadas, se enteraron de semejante temario el martes a las 20.30 horas, a través de un mail.

En este marco, votamos afirmativamente la denominada "Ley de prohibición en cualquier medio de comunicación de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual", llamada por el grupo Clarín -quien se ve afectado económicamente por la misma- "Ley Larroque".

Más allá de la denuncia del entramado del Estado con las redes de trata de mujeres, de las fuerzas represivas, de políticos y funcionarios de los partidos patronales, terminamos votando a favor partiendo de la base de que considerábamos que era una ley, más allá de lo paliativo y que no iba a los problemas de fondo, que atentaba contra el negocio de las redes de trata. Y también contra un tremendo negocio de grupos mediáticos como Clarín y otros.

Abajo adjuntamos la intervención de Nicolás del Caño, insertada para el Diario de Sesiones. No la pudo hacer en el recinto porque, como ahí mismo se denuncia, hubo un pacto entre el FPV, el FR, la UCR y el PRO para que en determinados temas los bloques minoritarios no pudieran hablar.

Subestimamos dos cuestiones. Por un lado, que en el artículo 2 del proyecto prohíbe los avisos "que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o IMPLÍCITA referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual". Subrayamos "implícita" porque permite que el Poder Ejecutivo pueda arbitrariamente determinar si tal o cual aviso o propaganda entra dentro de las generales de la ley, o sea, le otorga un poder que lo habilita para una potencial o posible censura. Esto incluye las redes sociales, donde ahora el Estado tendrá un instrumento para poder entrometerse en las mismas.

En segundo lugar, en el proyecto votado no están claros los límites sujetos a interpretación sobre los avisos que promovieran la explotación sexual con respecto a los avisos que las mujeres en situación de prostitución, en pleno derecho de su autonomía y sin estar sujetas a la explotación de terceros, necesitan publicar para conseguir clientes en forma privada. Luchamos contra la explotación sexual, pero sabemos que la prostitución -en una sociedad mercantilizada- es algo que no puede eliminarse con buena voluntad ni con decretos, por eso defendemos los plenos derechos de las personas en situación de prostitución, especialmente contra la represión, persecución y criminalización del Estado y de sus fuerzas de seguridad, como también su derecho a la autoorganización independiente del Estado y terceros.
Consideramos, como lo han hecho otras organizaciones por la libertad de expresión, que estas dos cuestiones pueden significar recortes a las libertades civiles.

Nuestro voto no era decisivo. La ley iba a ser votada igualmente. Creemos que votar en contra era votar a favor de la libertad de las redes de trata y del negocio de grupos como Clarín, que ahora están haciendo una gran campaña en contra de la ley porque afecta sus intereses. Por eso creemos que deberíamos habernos abstenido en esta votación.

Nicolás del Caño y equipo parlamentario del bloque del PTS en el Frente de Izquierda.

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INSERCIÓN DIP. NICOL˜áS DEL CAÑO
NÚMERO DE REUNIÓN: R° 22 NÚMERO DE SESIÓN: 17°
FECHA DE SESIÓN: 12 de noviembre de 2014
TEMA: "Ley de prohibición en cualquier medio de comunicación de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Régimen"
O.D. N° 527
EXPEDIENTE N° 6943-D-2013

Señor Presidente:

En primer lugar queremos manifestar nuestro repudio al acuerdo que hizo el bloque oficialista, el Frente Para la Victoria, con otros bloques mayoritarios de la oposición como la UCR, el Frente Renovador y el PRO por fuera de la Comisión de Labor Parlamentaria para evitar que las bancadas como la que represento pudiéramos hacer uso de la palabra en la sesión. En este tema, como en otros, se podría haber dado un rico debate, pero evidentemente con estos pactos secretos entre los partidos quieren evitar que se escuchen determinadas cuestiones, como las que hubiéramos traído a este recinto en nombre del bloque PTS en el Frente de Izquierda.
Sobre el proyecto que aquí se trata, lo primero que queremos señalar es que al igual que otras decenas de leyes que se trataron en el día de la fecha, la denominada "ley de prohibición en cualquier medio de comunicación de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual", se trata en una maratónica sesión cuyo temario la mayoría de los diputados conocimos apenas unas pocas horas antes de iniciada la sesión.
El oficialismo pretende de esta manera, en pocos minutos, cerca de fin de año y sin dar lugar a ningún debate, mostrarnos que está interesado en resolver el flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual que, inocultablemente, ha crecido de una manera sideral durante los últimos diez años en Argentina. Nada más cínico cuando el delito de la trata es, a todas luces, uno que no podría cometerse si no fuera por la “vista gorda”, la complicidad o la participación directa de las fuerzas de seguridad del Estado nacional y provinciales y, por qué no decirlo, de numerosos funcionarios políticos en los distintos estamentos de las administraciones nacionales, provinciales y/o municipales. Como venimos denunciando hace años desde la izquierda junto a numerosas organizaciones de mujeres de todo el país, sin la complicidad del Estado no hay trata.
No olvidamos que hace poco más de un año atrás era destituido el intendente kirchnerista de la localidad salteña de Salvador Mazza, Carlos Villalba, cuando fue encontrado, durante un allanamiento, en un local donde se hallaban mujeres en situación de prostitución y se comprobó que él mismo había trasladado a tres mujeres jóvenes desde Jujuy hacia Salta, para luego ser trasladadas a Chile, con fines de explotación sexual. Finalmente, terminó procesado por otra causa vinculada con peculado. También recordarán los diputados santacruceños las escandalosas declaraciones –para la misma época- del legislador kirchnerista Rubén Contreras, quien defendió la prostitución con el “curioso” fundamento de que si ésta no existiera “habría violaciones”. Dicho ésto para oponerse a que la legislatura de la provincia de Salta votara la adhesión a la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas.
Pero esta misma actitud del oficialismo, de querer votar rápidamente en las últimas sesiones del año lo que no le despierta ningún interés durante los meses anteriores, ya la habíamos visto en 2012, cuando fue necesaria la movilización espontánea de miles de personas en varias ciudades del país contra un fallo escandaloso de la justicia que dejaba en libertad a los secuestradores de Marita Verón, para que la Presidenta convocara a sesiones extraordinarias y obligara a su bloque a aprobar sin más dilaciones, en pleno diciembre, la ley contra la trata que había sido cajoneada por el oficialismo hasta ese momento, a pesar del reclamo de Susana Trimarco, el movimiento de mujeres y las organizaciones civiles que luchan contra ese flagelo.
Medidas que no alcanzan a ocultar lo evidente: las redes de trata se expandieron de manera descomunal, en el país, durante la última década, vinculadas al turismo, a la “ruta de la soja” y “la ruta del petróleo”, cuyos recorridos se convirtieron en los principales lugares de reclutamiento y destino de las mujeres secuestradas.
Si bien no existen estadísticas oficiales y hay que basarse en la información que brindan las ONG´s especialistas en la temática, se estima que en la actualidad, en Argentina, hay más de 600 mujeres desaparecidas secuestradas por redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Un 50% de las víctimas son argentinas, la mayoría proveniente de las provincias del norte del país. Muchas de ellas son enviadas a Chile, Brasil, México y España. Pero Argentina –donde Santa Cruz es la provincia que encabeza el lamentable ránking- también es destino para mujeres paraguayas, dominicanas, chilenas, bolivianas, brasileñas y peruanas, en su mayoría engañadas con promesas de trabajo a las que, finalmente, se las priva de su libertad y se las explota sexualmente, como se consigna en el Informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del año 2012.
Por eso, hay que decir que si no fuera por la “vista gorda”, la participación como “clientes” o más aún, la complicidad y coparticipación directa en la explotación sexual por parte de las fuerzas represivas del Estado, funcionarios políticos y judiciales, no podría explicarse que el 72% de los casos de secuestros y desapariciones por redes de trata sean mujeres que están esclavizadas en whiskerías, cabarets y otros locales nocturnos habilitados por los municipios y apenas un 22% permanezca en esta situación en departamentos privados, según consta en el informe antes citado.
Dicho esto ratificamos nuestro compromiso en la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata y contra la explotación sexual de las personas –reconociendo que la mayoría de sus víctimas son mujeres.
Por otra parte, presidente, no se nos escapa que el Grupo Clarín –a través de La Voz del Interior, Los Andes, La Razón, etcétera-, en el primer semestre de este mismo año y a pesar de regir el decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo, publicó 16.552 avisos que infringen la prohibición de promover la oferta sexual en medios de comunicación, que le reportaron una ganancia estimada de 2 millones y medio de pesos y concentrando casi la mitad de la oferta sexual que está siendo monitoreada desde la vigencia del decreto. De esos avisos, 895 correspondían a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual. Y para eludir el control, estos avisos se publican de manera engañosa –algo que muchas veces son las mismas víctimas las que logran develarlo en sus denuncias-, pidiendo recepcionistas o promotoras para empresas inexistentes, ofreciendo servicios de masajes, etcétera. Y esto sólo del grupo Clarín. Por la ausencia de datos oficiales, no tengo las estadísticas del conjunto de los medios gráficos, pero las cifras de publicidades de oferta sexual deben ser exponencialmente mayores.
Allí, en ese negocio millonario, radica el fundamento de la verborrágica y no menos cínica defensa de la libertad de expresión, que nunca más claro, se evidencia como el reclamo de libertad de empresa para seguir recaudando millones de pesos promoviendo la explotación sexual y dando lugar a las operaciones –encubiertas bajo la forma de ofertas laborales- de las redes de trata.
Teniendo en cuenta los reclamos de numerosas organizaciones que luchan contra las redes de trata y prostitución y la solicitud de Susana Trimarco, quien ha podido desentrañar el funcionamiento de estas redes de trata sólo con su decidida y pertinaz lucha, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
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