Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de prisión preventiva efectuado por los fiscales Paulo Starc y Pablo Quiroga contra Javier “Poke” Hermosilla, uno de los principales referentes de la comisión interna de Kraft, y Oscar Coria, delegado de sector de esa misma multinacional norteamericana despedido en el histórico conflicto de 2009. Los fiscales solicitaban el encarcelamiento fundamentando su “peligrosidad” por la participación en movilizaciones y cortes de ruta de los trabajadores de la alimentación. En su afán de encerrarlos de forma expeditiva, los fiscales intentaron imponer una nueva doctrina reaccionaria para criminalizar la protesta.
Cientos de personalidades y organizaciones se manifestaron en las puertas de los tribunales el martes 30 mientras miles se solidarizaron en un petitorio, entre ellos Elia Espen y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH, Asociación de Abogados Laboralistas, SERPAJ, CTA Capital, Maristella Svampa, Eduardo Gruner, Ademys, SUTEBA La Plata, SUTEBA Escobar, etc.
El CELS presentó un Amicus Curiae entregando un escrito que cuestionaba el pedido de prisión preventiva y denunciaba la utilización del artículo 194 del Código Penal por afectar el derecho de huelga, el derecho a manifestar y peticionar a las autoridades, así como a la coartación de la libertad de expresión.
En su carácter de abogados de los compañeros, Myriam Bregman y Agustín Comas, militantes del CeProDH y del PTS, sostuvieron que bajo la acusación de violentar el artículo 194 se transgreden los derechos de los trabajadores que luchan por sus demandas, trasladando el derecho penal a conflictos gremiales o sociales, desencadenando así la criminalización de la protesta social. Bregman y Comas concluyeron que se aplicó la doctrina del derecho penal del enemigo, basado en conceptos que obedecen a doctrinas autoritarias que remiten al paradigma de reforma penal del régimen nazi, que incorporaba la prisión preventiva como medida de “defensa social”.
Si bien las autoridades del tribunal rechazaron el pedido de estos fiscales derechistas, al mismo tiempo ratificaron todas las causas abiertas contra Hermosilla y Coria, pese a que están seriamente cuestionadas como ilegales por su vinculación con el “Proyecto X”, donde Gendarmería practicaba el espionaje ilegal infiltrándose en las movilizaciones para recabar información de los “cabecillas” y almacenarlos en una base de datos, como bien denunciaron varios organismos de DD.HH., lo que puso en aprietos a la ministra de Seguridad Nilda Garré. Respecto a esa causa, el CELS presentó otro Amicus Curiae respaldando la denuncia presentada por Myriam Bregman y los abogados del CEPRODH por Proyecto X, sugiriendo que Gendarmería violó las leyes de Inteligencia, Defensa Nacional y Protección de Datos.
Los sectores más reaccionarios de la Justicia encuentran aliento en los discursos de Cristina, quien no para de condenar una y otra vez los piquetes y la acción directa de los trabajadores y los sectores populares. Haciéndose eco de la letra dictada, hay una persecución premeditada a los delegados y activistas combativos, así como más de 5.000 luchadores obreros y populares procesados, entre ellos muchos referentes de las fábricas de la zona norte del GBA como Pepsico, Finning Cat, Frigorífico Rioplatense, etc.
Ante el asesinato de luchadores sociales respondimos con la movilización en las calles, del mismo modo que cuando encarcelaron a delegados y activistas, así como denunciamos a las patotas de la burocracia sindical. Realizamos decenas de actividades con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (informes en el Congreso y la Corte Suprema, entre ellas) demostrando que no le será fácil al gobierno y a la Justicia avanzar en la criminalización de la protesta. Ahora es necesario redoblar todo lo que hicimos para que todas y cada una de las causas sean cerradas y archivadas.