El gobierno celebró que el índice de la inflación fuera del 9,8%, llegando así al 91,26% desde fines de 2001 hasta diciembre de 2006. La clave de este aumento estuvo dada por un acuerdo entre el gobierno y los empresarios mediante el cual éstos mantenían fijos los precios de aquellos productos que más impactaban en el índice, mientras subían todo el resto.
Esto es percibido por toda la población ya que mientras los importes de algunos productos se mantienen estables, los de mejor calidad suben constantemente. Los analistas estiman que la suba de estos productos en promedio se encontraría por encima del 15%. En este sentido un comunicado de prensa de ADELCO, en el que analiza los precios en supermercados e hipermercados al 26 de diciembre último, señala que “El incremento de precios acumulados, por la canasta de marcas líderes, desde el 1° de enero de 2002 asciende al 128,63%”.
Por otra parte, según se puede ver en el gráfico del informe del INDEC, los precios de frutas y verduras casi triplican el índice inflacionario del 2006. Este mismo organismo reconoce las limitaciones del Indice de Precios al Consu-midor (IPC) al afirmar que: “El IPC no es un Indice de Costo de Vida (ICV). Un ICV busca reflejar los cambios en el monto de gastos que un consumidor promedio destina para mantener constante su nivel de satisfacción, utilidad, o su nivel de vida, aceptando –entre otras cosas– que puede intercambiar permanentemente su consumo entre bienes y servicios que le brinden la misma satisfacción por unidad de gasto”.
Reconoce también que: “A diferencia del ICV, el IPC no considera todos los gastos de los consumidores que tienen que ver con el mantenimiento de su nivel de vida. Excluye, por ejemplo, los pagos de intereses y amortizaciones de préstamos, y los impuestos no incluidos en los precios de los bienes” (informe de prensa del 04/01/07).
Al analizar el alza de ciertos bienes el periodismo burgués habla de una inflación para las clases medias, cuando en realidad el impacto de la suba de precios no sólo afecta a este sector sino también a los trabajadores, que ven subir los precios de aquellos productos que consumen habitualmente (muchos de los cuales escapan al control del gobierno) pero peor aún, esta situación impide que los trabajadores accedan a una mejor calidad de vida, por ejemplo tomarse unas buenas vacaciones o simplemente salir a pasear y a comer a un restaurante con sus hijos.
Los trabajadores no te-nemos nada que festejar, dado que el promedio de evolución del salario se ubica en el 86,39%, mientras que los trabajadores privados en blanco obtuvieron una suba –promedio– del 122,93%, los que están “en negro” (4,7 millones) consiguieron un 57,4% mientras que los estatales quedaron rezagados con un aumento del 44,34% (según el informe del Coeficiente de Variación Salarial del INDEC del 8 de enero). Por otra parte, según este organismo, el 10,2% de la población se encuentra desocupada y el 11,1% sub-ocupada.
 
Los ganadores
Quienes sí tiran cohetes y descorchan champaña son los grandes empresarios que vienen superando mes tras mes sus fabulosas ganancias. A la vez, Kirchner aumentó un 30% las tarifas del gas y electricidad a comercios e industrias. Una suba que ya adelantaron descargarán proporcionalmente a los productos. A esto debe sumarse el aumento del 22% para las prepagas de la salud. Por su parte los empresarios del transporte recibieron millonarios aumentos en los subsidios que les da el Estado. Los productores de bienes de consumo masivo siempre ganan, en lo que respecta a los productos pactados por el gobierno, si bien les baja la rentabilidad, aumentan las ventas y los bienes no regulados, además de venderse más tienen mayor rentabilidad. Hay que destacar también que, gracias al oligopolio existente en la producción, quienes más se benefician son los grandes productores que manejan los precios, esto puede verse en la evolución de los precios mayoristas, que desde diciembre de 2001 subieron el 184,06% y en el 2006 lo hicieron el 7,1%. Quien posibilitó todo esto fue la burocracia sindical de la CGT y la CTA, aceptando los límites al reclamo salarial que impone el gobierno.