Como ya se venía previendo desde hace unas semanas, en el terreno de las políticas de precios el equipo de Axel Kicillof reafirmó, aunque emprolijándola, la política de Guillermo Moreno. El nuevo Secretario de Comercio, Augusto Costa, anunció el 20 de este mes un acuerdo de precios, al igual que hiciera Guillermo Moreno a partir de febrero último, sin haber logrado con ello frenar el ritmo de aumento de precios. Podemos dejar pasar el hecho, bastante curioso, de que se anuncia un acuerdo de precios sin que estén, digamos, acordados los precios. Lo que vimos entonces es una declaración de intenciones, que mientras no se plasmen siguen dando vía libre para las maniobras, dispersiones y la lisa y llana remarcación, que de hecho no paró de acelerarse desde que se confirmó la partida de Guillermo Moreno (aunque tampoco estaba congelada antes de su partida, la salida del funcionario fue tomada como una señal de largada para una carrera de velocidad). Dejemos también pasar el notorio adelgazamiento de la canasta anunciada… ¿será acaso consecuencia de que “la mesa de los argentinos” incluida en el acuerdo abarcaba a comienzos de año un universo de 10 mil productos, en agosto uno de a 500 productos, pero ahora apenas requeriría 187?

Lo más llamativo es que los nuevos funcionarios presenten la misma política que durante este año no arrojó grandes logros y pretendan convencer a alguien de que esta vez será diferente. En su exposición del nuevo acuerdo de precios, Costa detalló las múltiples irregularidades a través de las cuáles los comercios minoristas y las empresas que elaboran los productos que componen la canasta se las arreglaron para sortear el compromiso que habían contraído con Guillermo Moreno; empezando por la considerable dispersión que se registra entre los precios que un mismo producto puede llegar a exhibir en distintos locales (incluso de la misma cadena), y que en el acuerdo de Moreno era explícita ya que cada cadena anunciaba un precio distinto. El reemplazante de Moreno también censuró otras trampas en las que incurrieron las firmas, como los cambios en los tamaños de los envases para cobrar lo mismo a cambio de menos producto; o el lanzamiento de líneas de productos alternativas a las incluidas en los acuerdos de precios, a precios considerablemente mayores. Y a esto se suma el liso y llano desabastecimiento de los productos incluidos en los acuerdos, para forzar a los consumidores a adquirir otros sustitutos no incluidos en los compromisos con el gobierno. Esta amplia inventiva de minoristas y fabricantes agujereo el acuerdo de precios, y llevó a otro año donde la inflación perforó el 20%. Pero esta vez, promete el funcionario, no ocurrirá nada de eso. ¿Y cómo podría evitarse recaer en el mismo resultado fallido de Guillermo Moreno? Se supone que habría tres patas que distinguen este acuerdo y le garantizarían mayor fortaleza:

– La simplicidad, ya que la cantidad de productos es más reducida;

– El involucramiento de las cadenas de valor, y no sólo de los comercios minoristas, lo cual supuestamente podría permitir discutir cómo se distribuye el excedente;

– Y, finalmente, el “arma” más novedosa, la forzada implementación de nuevos controladores fiscales, que permitirían establecer un control en tiempo real de la facturación de las grandes firmas.

– Finalmente, también se puso sobre el tapete la amenaza de multas, que también hubiera estado flotando en los acuerdos previos sin mayores efectos.

La apelación a un cierto fetichismo tecnológico pretende conferirle un barniz de credibilidad a una política bastante floja de papeles. Pero el listado de maniobras presentado por el propio Secretario da una idea de la insuficiencia de una fiscalización a través de controladores fiscales. ¿Cómo permitirán los mismos lidia con una de las maniobras más extendidas, que es el liso y llano desabastecimiento? ¿De qué manera podrán probar no se trata de una cuestión de mercados con “exceso de demanda”, de cuellos de botella en la producción, etc.? Incluso si creyéramos en la vocación de fiscalizar el cumplimiento efectivo del acuerdo, suena a una tarea titánica: sólo tomando en cuenta los supermercados, tenemos según un relevamiento del Sindicato de Comercio del año 2011 8.672 bocas de expendio. Esto significa que el personal de la Secretaría –ayudado parecería por el de la AFIP- deberá realizar de forma simultánea en todo el país 1.621.664 controles durante el tiempo que dure el acuerdo para asegurar el cumplimiento en los supermercados (y esto si tomamos como un único control la verificación de que se cumpla el precio acordado y cada producto se encuentre disponible). En el caso de las disputas que sin duda se abrirán, el control seguramente deberá extenderse desde las redes de comercio hacia los productores, multiplicando las instancias. Hay una profunda asimetría en el juego que se establece entre el control centralizado y unificado que pueden tener las empresas, tanto de comercio minorista como fabricantes, (que efectivamente en un caso como en otro controlan los precios, pero lo hacen en su beneficio y remarcando de acuerdo a sus necesidades) y el del gobierno. Aún con la amenaza de las multas, las empresas pueden organizar un cumplimiento aleatorio del acuerdo que les permita evitar o reducir estas sanciones, eligiendo los lugares y momentos donde resulte conveniente incumplirlo mediante algunos de los mecanismos ya aplicados y perfeccionados en años de trato con Guillermo Moreno (y en varios casos con guiños del funcionario para llevarlos a cabo). Resultaría enternecedor, si no fuera un despliegue para la tribuna realizando con altas cargas de cinismo, pretender que este acuerdo podrá ser más exitoso que los anteriores con sólo sumar algunas simplificaciones en el esquema de funcionamiento de los acuerdos y continuar enviando funcionarios a “mirar para cuidar”.

La inflación en la Argentina actual es una cuestión compleja que se enraíza distintos factores que contribuyen de conjunto a motorizarla (como analizamos acá). La política cambiaria del gobierno, que viene impulsando una mayor depreciación del peso, contribuye a acelerarla. Lo mismo ocurre con la ampliación del gasto fiscal sostenida con financiamiento del Banco Central (lo cual no significa sostener que una emisión monetaria elevada siempre será inflacionaria, como sostiene la postura neoclásica). Un acuerdo de precios, aún implementado con los controles más estrictos, no hace más que atacar los síntomas, así como uno de los factores que la aceleran como es la remarcación por parte de las firmas, y lo hace de tal modo que deja en manos de las empresas mil resquicios para zafarse del acuerdo. El acuerdo presentado por el gobierno no es más que otra fantochada, que al igual que los de Moreno apunta a “atacar expectativas” (es decir tratar de crear algún plafond para frenar las expectativas de los asalariados, evitando que todos busquen el mismo piso que las fuerzas policiales arrancaron con sus motines) y en el mejor de los casos descomprimir un poco la situación por un tiempo limitado.

Un verdadero control de los precios sólo podría llevarse a cabo poniendo en movimiento la fuerza social de clase trabajadora, de los cientos de miles de trabajadores de supermercados, de los cientos de miles que trabajan en las empresas productoras de los bienes que integran la canasta familiar. La acción coordinada de éstos, estableciendo comités de trabajadores y consumidores en todo el territorio nacional, que exijan la apertura de los libros de las empresas, para desmontar las maniobras de las firmas que aducen falta de stock y auscultar el verdadero estado económico de las firmas, es la que puede atacar de raíz este fenómeno que está carcomiendo los ingresos de los asalariados. Todo esto obviamente sólo puede llevarse a cabo empezando por expulsar de los sindicatos a los burócratas, que actúan en beneficio de los empresarios permitiendo todas sus maniobras. Esta es una primera medida elemental, –y “sencilla” si se pone en movimiento la fuerza de los millones de trabajadores- pero que debe ser complementada con otras para cortar todas las cabezas de la hidra. Empezando por decretar el no pago de la deuda externa para cortar con esta sangría de recursos que diezma el presupuesto, establecer la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior así como el congelamiento de todos los giros de utilidades de empresas, para cortar con especulación cambiaria que afecta los precios.

Un programa opuesto por el vértice al revival noventista –aunque sea preservando toques “morenistas” que molestan a algunos sectores empresarios- que viene exhibiendo el nuevo elenco económico.