El impacto que han tenido en los medios los “inusuales” reclamos de los trabajadores del ajo contra el trabajo infantil, la esclavitud laboral, el fraude empresarial de las mega corporaciones mafiosas de “cooperativas de trabajo” que se expanden por todo el país y que en Mendoza llegan a emplear a más de 35 mil obreros en negro. No tiene antecedentes en la provincia. La Cámara de Diputados tuvo que votar un pedido de informe contra el escandaloso fraude de las cooperativas de trabajo en la provincia. Además solicitó la reincorporación de los trabajadores despedidos como un gesto mínimo de entendimiento de los empleadores. Ayer, el propio Gobernador Celso Jaque anunció “Vamos a luchar contra el trabajo en negro y contra las cooperativas que se utilizan para tomar trabajadores sin ningún tipo de derechos. Eso no lo vamos a permitir”[1]. Sin embargo, la voluntad y el poder de la empresa en el tablero político provincial, tras casi tres meses de reclamo parece inamovible. ¿Quién sostiene el poder político de Sánchez? ¿A quién sostiene el propio Sánchez? Son algunas de las preguntas que hoy se realizan estos trabajadores.

Una experiencia reveladora

Con la asunción del nuevo gobierno provincial y el discurso de su subsecretario de trabajo Mario Adaro, contra “el trabajo en negro y la explotación infantil”, las aspiraciones de que se avanzara en una solución al conflicto crecieron entre los trabajadores. Sin embargo, la impunidad de Sánchez para mantener los despidos, la cooperativa fraudulenta e incorporar niños a los puestos de trabajo de los despedidos, dio por tierra la paciencia de los ajeros. Un impune y escandaloso fallo Cautelar de la Justicia Federal solicitado por la corporación fraudulenta “Cooperativa Colonia Barraquero”, intima a la Subsecretaría y el Ministerio de Trabajo respectivamente abstenerse de realizar nuevas inspecciones, sanciones o intervenciones sobre esta cooperativa que funciona en Campo Grande. El gobierno busca excusarse en esto de no emitir solución alguna desde el poder que le es propio como gobernador, a pesar de que en su discurso declara a las cooperativas como un fraude de forma contundente. ¿Es que el propio gobernador no puede evitar que en esta provincia se defraude a decenas de miles de trabajadores para mantenerlos en negro, se exploten niños y se despida a cualquier trabajador que reclame por sus derechos?. Ante el reclamo de los trabajadores de vialidad provincial que fueron despedidos por el Estado (uno de los mayores empleadores en negro) Jaque declara que “no aceptará presiones” ¿Y entonces por qué se somete a las presiones de la mafia que mantiene el fraude laboral de las cooperativas? Veamos.

El poder de las cooperativas truchas

La Legislatura le pide a la cooperativa que reconsidere la reincorporación de los despedidos y se cite a los funcionarios y responsables para reveer el problema de las cooperativas truchas. Es que la ley de asociaciones cooperativas (1994) y la posterior prohibición de registrar nuevas, ante su auge ilimitado que tercerizaba enormes masas de trabajadores (1998), han creado enormes pulpos monopólicos extendidos por todo el país, que tras las ventajas de las Cooperativas de Trabajo para evadir impuestos y beneficios laborales que representan una rentabilidad extraordinaria para los empresarios que las impulsan, llevan adelante un fenomenal fraude laboral que tiene importantes intereses en juego.
“Los números respecto de este sector son reveladores. Por ejemplo, sólo en el agro, seis cooperativas de trabajo (organizaciones que funcionan como agencias de colocación) nuclean a más de 27.000 personas. Esto explica en parte el escándalo con los ajeros. La actividad vendió al exterior 73 millones de dólares en el 2007. (…) En Mendoza existen 740 cooperativas y generan una producción o facturación, con los bienes que producen o los servicios que prestan, de 2.750 millones de pesos, que equivalieron a 13,21 por ciento del producto bruto geográfico de la provincia en el 2005, según los datos brindados por la Dirección de Cooperativas y Mutuales.”[2] Estos imponentes números que sostienen las 14 horas diarias de producción manufacturera en los galpones ajeros son lo que, el Economista de Los Andes, Miguel ˜ángel Flores llama con razón “Ristras que parecen cadenas”[3].

El trabajo infantil, economía y política

Las patronales, más aún de sectores claves como son hoy los ligados a la exportación, están profundamente unidos al poder político que los representa. Sin embargo, la visita de los ajeros a la Legislatura, fue más ilustrativa aún sobre la relación entre la economía y política de Mendoza. Cuando se acercó el Legislador Ruso (Senador por San Rafael) y les explicó que él “conoce a fondo la situación de los ajeros”, porque tiene chacras y… “cuando llega la temporada de corte, todos saben que los niños trabajan, no se puede ir contra esto porque es la forma en la que estas familias tienen de ganar unos pesos más, trabajan con sus padres, ¿Qué se puede hacer con esto?” A confesión de partes relevo de pruebas.

Los trabajadores de Campo Grande ya han podido filmar a los menores trabajando en el galpón y reunieron “bonos de sueldo” de estos, donde hasta les figuran descuentan para supuestos “aportes jubilatorios”. ¿Qué puede esperarse si tras meses de conflicto, en uno de los galpones más expuestos a la luz de las cámaras y las inspecciones del gobierno, un patrón puede mantener menores produciendo?
A pesar del intento de tapar con palabras y “convenios de colaboración” pro empresariales (Ver en esta sección nota sobre el tema) la olla que destapó la movilización ajera, la experiencia con la Justicia, la Legislatura y el Gobierno de Jaque es tan reveladora, que delata porque no se puede esperar que el blanqueo o la reincorporación venga de arriba, si no es conquistado por la propia movilización y lucha de clases que vienen sosteniendo los ajeros.

Las aspiraciones obreras y las intenciones del sindicato

El sindicato tuvo que reubicarse muchas veces durante esta lucha. Siendo los primeros en plantear a los trabajadores la necesidad de luchar por el blanqueo ayudaron a despertar un galpón, sin embargo luego de la represión, y consiguiendo que la cámara empresaria se comprometiera a abrir la paritaria para marzo, rápidamente Quilpatay quiso terminar con la protesta, aceptando los despidos y esperando de brazos cruzados una negociación a puertas cerradas con la patronal para el fin de temporada. Contra cualquier pronóstico, los obreros siguieron adelante por sí solos, retomando las asambleas volvieron una y otra vez a los paros y piquetes en la puerta de la empresa, a lo largo de los meses fueron conociendo a delegados de otros galpones, realizaron un importante trabajo de concientización territorial en los barrios obreros de esta zona ajera, viajaron para dar a conocer su lucha y aprendieron de otras luchas como la de los obreros de Zanon, eligieron nuevos delegados dentro del galpón e impulsaron distintas actividades y medidas de fuerza para mantener la unidad de los trabajadores en esta lucha. Los dirigentes sindicales les dijeron: “ustedes tienen vuelo propio”, y restaron todo apoyo efectivo.

Indudablemente las aspiraciones del movimiento obrero, más en este sector tan explotado del proletariado, van a contramano de los términos que quieren “conseguir” los dirigentes sindicales del peronismo. El Sindicato de Frutas y Hortalizas se prepara para cerrar las primeras semanas de marzo, un acuerdo “con tres representantes por el sindicato y tres por la patronal” para “resolver el problema de las cooperativas”. La CGT (con Quilpatay incluido) es parte del gobierno provincial de Jaque, tiene dentro diputados y funcionarios, y apoyan incondicionalmente la política Pacto Social que impulsa Cristina. Su intención es pactar con el gobierno y sectores de la patronal que, según Lucio, sufren “la competencia desleal del trabajo en negro”.

La Paritaria de Marzo, una batalla clave de la lucha

El inminente acuerdo entre algunas patronales del ajo con el gobierno provincial y la cúpula sindical de la fruta y la hortaliza está anunciado. Quilpatay, los amigos Chiapinotto y los gobiernos nacional y provinciales de Cuyo, quieren algún tipo de “blanqueo” representado por algún mecanismo similar al de la construcción o la viña, esto significa mantener la condición de monotributista o algún tipo de tarifado la caja, es decir manteniendo el destajo, con lo que las horas extras no se pagarían, y el rendimiento de la producción seguirá como un látigo insoportable en las espaldas de los obreros. Como se anunció con el caso de la uva, este acuerdo tampoco sería un ultimatum para los empresarios que prefieran mantener las cooperativas, se los instigará a cambiar progresivamente bajo su propio control o “responsabilidad social empresaria”, seguirán los burocráticos ritmos de las inspecciones y el sindicato quedará reducido a una escuela de capacitación del uso de tijeras y embalado... Los trabajadores perderían así una batalla importante con esta jugada tramposa del gobierno. No se puede exigir al gobierno menos que lo que la realidad delata, es decir que los obreros son empleados efectivos de las empresas defraudados durante más de una década y como tales merecen un reconocimiento como cualquier otro trabajador a su pleno blanqueo, devolución de los aportes robados durante mas de doce años y un cambio pleno de sus condiciones de esclavitud laboral. Pero para ello deberán imponer en la paritaria la voz y la voluntad de las decenas de miles de obreros rurales.

Hijos de la industria rural: ¡Confíen en sus propias manos!

Para la producción y exportación millonaria de frutas y hortalizas, como el Ajo, empresarios como Sánchez o Chiapinotto debieron reunir una “mano de obra intensiva” . Peones rurales, jornaleros, campesinos empobrecidos y viejos contratistas caídos en desgracia de la zona, junto a miles de obreros golondrinas y nuevos compañeros de comunidades inmigrantes, fueron reclutados en familias completas para vivir la mayor parte del día en sus chacras y galpones. En este fabuloso ejército de trabajadores está la fuerza para lograr el blanqueo definitivo y el fin de la dictadura patronal en los galpones. En Campo Grande, luego de los duros golpes de la represión y el despido de sus 23 delegados, los obreros del galpón han demostrado su capacidad de reorganizarse. La unidad entre los despedidos y los compañeros de adentro, está comenzando a recomponer las fuerzas de esta importante concentración de 500 trabajadores. Extendiendo esta experiencia a otros galpones de cara a la paritaria se pueden reunir las fuerzas necesarias para imponer la reincorporación de los delegados despedidos, y la elección de Delegados Paritarios elegidos por los propios obreros, a los que hoy se les desconoce todo derecho gremial y a organizarse. Esto junto a la movilización de los miles de trabajadores y sus familias impondrán en las paritarias el fin de las cooperativas truchas y marcarán en camino para la unidad de todos los trabajadores de la provincia contra el pacto social.

PTS Mendoza