El circo de la “interpelación” en la Legislatura evidenció el desprestigio y la crisis política del conjunto de las instituciones porteñas. La misma intervención de Aníbal Ibarra repartiendo culpas a diestra y siniestra, para licuar sus responsabilidades en la existencia de “focos de corrupción” y “normas obsoletas” tanto en los organismos públicos como en la Justicia, así lo demuestran. El diputado Milcíades Peña –quien fue electo en las listas de un sector del Ibarrismo- señaló al tándem de funcionarios dedicados a operar en los distintos “negocios”: Vilma Ibarra, hermana del jefe de gobierno y un grupo de personajes como Fabiana Fiszbin1 y Marcelo Antuña2, funcionarios que cada vez que quedó en evidencia su corrupción, fueron salvados por el Poder Ejecutivo quien los reubicó para que puedan lucrar en otras cajas. El mismo Peña apuntó a la estrecha relación entre la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires (CEDEBA) y la administración porteña (es notorio que el mismo Vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, dueño del boliche “La Trastienda” integra esa camarilla de empresarios a los que se les otorgó –literalmente- el control de sus propias actividades). Lamentablemente, su intervención en el recinto no contempló el pedido de renuncia de Ibarra sino un (en el mejor de las casos) iluso llamado a que se anime a ir hasta el fondo en las investigaciones necesarias. Un hecho más: una ex empleada de Cromañón denunció el pago de coimas por parte de Chabán a la Policía Federal. Así, el cuadro de las instituciones sospechadas de cohecho se extiende hacia los uniformados de la Capital, los mismos que con hidrantes y gases reprimieron a los jóvenes que se movilizaron reclamando justicia.

Ni estado bobo ni estado ausente: estado capitalista

En su alocución Ibarra reconoció relaciones institucionales con varias cámaras empresarias. Pero este reconocimiento disimula la verdad, el sometimiento del poder político de la Ciudad a los monopolios capitalistas.
La gestión Ibarra se ha caracterizado por profundizar la línea privatizadora impuesta por el menemismo (que continuó De la Rúa) con el cuento de hacer de la Ciudad la Capital cultural de Sudamérica. Bajo el paraguas de ser reconocidas como “sociedades del Estado”, la Corporación del Sur3 y la Corporación Puerto Madero vienen manejando un jugoso patrimonio que se encuentra fuera de cualquier control popular. Es justamente bajo este amparo que el gobierno viene entregando predios y edificios del estado a la Cámara de la Construcción y pulpos inmobiliarios como Irsa (Soros), Roggio y Techint o el multimillonario inversionista Eduardo Costantini, líder de otro de los monopolios constructores que operan en ese área. En el caso de la Corporación del Sur, esta sociedad tiene atribuciones ilimitadas para vender, alquilar o concesionar bienes inmobiliarios en los barrios de La Boca, Pompeya, Patricios, Villa Lugano y Soldati. Según el diario Clarín4 los bienes de la Ciudad ascenderían a unos 2200 predios o terrenos. Las denuncias más frecuentes son las relacionadas con los desalojos y razzias a los sin techo –que luego son hacinados en hoteluchos insalubres- a fin de entregar esos predios a los proyectos capitalistas inmobiliarios y de turismo5. Por su parte, la Corporación Puerto Madero puso en marcha la privatización de la ribera del Río de la Plata y ya fue cuestionada en numerosas oportunidades por la construcción de torres (como el Hilton Hotel) que violan toda disposición legal desde el punto de vista ambiental.
Como se ve, no estamos en presencia de un “estado bobo” como lo llama el macrismo para graficar el desgobierno de un Ejecutivo que no gestiona, ni de un estado ausente como se lamentan los progresistas. El estado de la ciudad es una pieza fundamental de los negocios capitalistas y el gobierno de Ibarra –y la Legislatura con la anuencia permanente del macrismo- ha sido un fiel exponente. Las coimas y la corruptela son las “comisiones” con que los grupos empresarios premian a sus gerenciadores de turno. El “progresista” Ibarra ha hecho de esto un sistema de financiamiento de gobierno que tiene poco que envidiarle al mismísimo Carlos Grosso (que dicho sea de paso se desempeña actualmente como asesor del partido de Macri). Más que “estado bobo” estamos frente a uno de “avivados”. Más que estado ausente estamos en presencia de la concentración del poder por parte de los pulpos capitalistas. 

La Legislatura del viejo régimen

Pero no es sólo el Ejecutivo de la Ciudad el que está en cuestión. Las sesiones en la Legislatura mostraron las transas de una casta a la que poco le importa el dolor del pueblo. El circo montado tuvo el objetivo de lavarle la cara a una institución cuyos bloques más influyentes ya habían pactado de antemano la continuidad del ibarrismo. En realidad, una “interpelación” donde los familiares –los principales afectados- son obligados a permanecer en silencio, no puede ser considerada como otra cosa que una farsa. Los bloques de los partidos patronales hicieron gala de su verborragia para desgastar a Ibarra y a su vez sostenerlo. La actitud del macrismo es su máximo ejemplo. (Recordemos además que en menos de un año la composición de la Legislatura se fragmentó en 20 bloques con el pase libre de oficialistas y opositores de un bando a otro).
Párrafo aparte merece el ARI. El partido de Elisa Carrió se llamó a silencio y sostuvo a Ibarra. Treinta y un días después de la masacre, y luego de sus vacaciones en Punta del Este, la chaqueña salió al ruedo, repudiando el plebiscito pero afirmando a su vez la actitud responsable del ARI, que ni aún en esta crisis, está dispuesta a romper las normas y la continuidad institucional. Dicho de otra forma, el “contrato moral” que tanto predica, no es ningún impedimento para seguir sosteniendo al inmoral de Ibarra.
Tanto el ARI –como el mismo Milcíades Peña- o sectores de la izquierda como Autodeterminación y Libertad del diputado Luis Zamora, son incapaces de pensar y ofrecer una salida para que sea el pueblo el que realmente decida superando a las instituciones de esta democracia degradada. Por ello, la perspectiva de una asamblea constituyente está completamente ausente de sus propuestas.

Asamblea Constituyente con plenos poderes

Hay que oponer a la democracia degradada de Ibarra y compañía, a sus mecanismos plebiscitarios bonapartistas y a los golpes de mando para garantizar la impunidad, la lucha porque se vaya Ibarra y una Asamblea Constituyente libre y soberana con plenos poderes para reorganizar política y socialmente la ciudad.
Una asamblea constituyente elegida por sufragio universal, por todos los mayores de 16 años, donde se puedan presentar todos los grupos de organizaciones obreras y populares sin ningún condicionamiento y con acceso irrestricto a los medios de comunicación para plantear sus propuestas. Es el pueblo de la Ciudad el que debe debatir y decidir sobre cómo terminar eficazmente con la corrupción, el dominio de las mafias y las corporaciones capitalistas en la Capital, además de la imposición de justicia para los pibes de Cromañón y también los casos de gatillo fácil. Donde el pueblo discuta el presupuesto y la disponibilidad de los recursos en beneficio de las mayorías trabajadoras y populares. Donde se puedan resolver medidas como el control de los trabajadores y usuarios de los servicios públicos esenciales de la ciudad y las normas de seguridad. Donde se decida la implementación de una reforma urbana que expropie a los grandes pulpos inmobiliarios y ponga en marcha un plan de obras públicas para otorgar vivienda a los sin techo y a aquellos que viven hacinados en las villas. Donde se instituya una guardia de los trabajadores y el pueblo y se disuelvan la maldita policía y todas las fuerzas represivas que actúan en la ciudad. Donde se imponga la elección directa de todos los jueces y funcionarios judiciales, la revocabilidad de todos los cargos públicos y el salario equivalente al de un docente para todos los funcionarios políticos. Ahí también podrá estructurarse el funcionamiento de un sistema de Comunas en toda la ciudad, no al servicio de los punteros políticos, sino generalizando la experiencia de democracia directa de las asambleas populares.
Los socialistas revolucionarios luchamos por un gobierno de los trabajadores y el pueblo en la Ciudad y en la Nación, basado en la organización de la autodeterminación obrera y popular. Sólo los trabajadores, unidos al pueblo oprimido, pueden realizar una reorganización política y social y una limpieza profunda que termine de una vez con la corrupción y el despotismo capitalista. Un orden político y social de esta naturaleza sería infinitamente más democrático que cualquier democracia capitalista. Pero esta no es aún la perspectiva del conjunto de la población trabajadora. En este sentido llamamos a luchar porque sea realmente el pueblo el que decida sobre cómo reorganizar la ciudad e impartir justicia contra la impunidad. Consideramos la lucha por una asamblea constituyente con plenos poderes un motor para la movilización popular, única forma de imponer esta perspectiva, para hacer pesar su punto de vista y sus demandas en la crisis política actual, debilitando las maniobras de los políticos patronales, las oficiales que buscan el salvataje de Ibarra, las de Macri que pretende sacar provecho propio; y el pacto de impunidad de Kirchner y Duhalde. 

1 Subsecretaria de Control Comunal
2 Ex Subsecretario de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal.
3 La Corporación del sur es una sociedad del Estado porteño nacida el 1 de noviembre del 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 470 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4 Diario Clarín 4/8/2001. Está integrada, al igual que la de Puerto Madero por capitales del estado (hasta un 51%).
5 Tal es el caso reflejado en Noticias Urbanas del 28/10/2004 con la aprobación por parte de la Legislatura (Macrismo e Ibarrismo) del proyecto de instalación de un Polo Tecnológico en Villa Soldati. El proyecto implica una inversión de más de 150 millones de pesos para construir plantas industriales en 85 mil metros cuadrados. Este caso fue denunciado por los diputados Molina y Baltroc. Otro caso, más antiguo, de fines del 2001, lo encontramos en la zona del bajo Flores donde terrenos que ya estaban destinados a la construcción de viviendas para los sin techo fueron como por arte de magia direccionados a proyectos de “revalorización inmobiliaria”. En ese entonces el presidente de la Corporación era Arnoldo Bocco, actualmente reconocido economista del ARI.