En las causas de Neuquén en que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, reabiertas luego de la nulidad de las leyes de impunidad, se encuentran procesados con prisión preventiva los militares Reinhold, Olea y Farías Barrera. Los tres se están cumpliendo arresto domiciliario otorgado por la Cámara Federal de Roca.

Recientemente el Juez Labate procesó a otros seis militares que actuaron en lo que se conoció como el Centro Clandestino de Detención "La escuelita", que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Neuquén.

Está claro que estos genocidas deben ser procesados ir a juicio y ser condenados, pero nos parece importante señalar algunas cuestiones en relación a las causas. Porque queremos que haya justicia ya, y que esa justicia sea de verdad y para todos los compañeros. Sabemos el esfuerzo enorme que significa lograr que las causas vayan a juicio oral (por todos los mecanismos políticos y legales de impunidad hoy vigentes), y también lo que implica un juicio oral como fue el de Etchecolatz o es el hoy de Von Wernich, en los que más de ciento treinta testigos están citados a declarar. Y sabemos también de la valentía de los compañeros y compañeras que, a pesar de que desde el aparato represivo se intentaron parar estos juicios con el secuestro y la desaparición de Julio López, amenazas, pintadas intimidatorias y demás presiones a víctimas, familiares y abogados querellantes, no se dejan doblegar y son testigos contra los genocidas.

Y por ello, nos parece, también, que después de 30 años los juicios no se pueden hacer esperar, porque el aparato represivo continúa actuando. Y respecto a esto debemos denunciar la complicidad y la política de impunidad hacia los genocidas de parte del gobierno de Kirchner. Una impunidad que no es sólo falta de justicia, sino la utilización de ese aparato represivo que ha atravesado intacto casi 40 años de gobierno autotitulados "democráticos", desde Alfonsín a la fecha.

Aquellos "viejos" represores y los "nuevos" represores que Kirchner ha enviado a Las Heras, cuando militariza su provincia, o los que Alfonsín utilizó en La Tablada ó De la Rúa utilizó para masacrar en el puente de Corrientes y en diciembre del 2.001 y Duhalde en puente Pueyrredón en el 2.002, forman parte de un único aparato de espionaje, masacre y sojuzgamiento contra los trabajadores y el pueblo.

Este aparato es acompañado por el voto de leyes, que como la denominada "antiterrorista" (sancionada a exigencias de Bush), de defensa de la democracia, etc., refuerzan el accionar de esos aparatos.
Mientras los que votaron la ley "antiterrorista" caratulan llenos de hipocresía como un triunfo el reciente fallo de la Corte Suprema que declara insconstitucional a los indultos, vemos que en realidad dicho fallo no implica una automática condena (con cárcel efectiva y común) para los genocidas "perjudicados" sino la reapertura de las causas y la eventual elevación a juicio que puede durar meses o hasta años de acuerdo a la llamada "economía procesal", tratándose en la mayoría de los casos de ancianos que terminarán sus días en una celda VIP o en el living de sus casas, o directamente ya han fallecido (como Galtieri y otros).

Mientras los genocidas están libres, los testigos y los luchadores obreros y populares corremos verdadero riesgo.

Recordemos que el 95 % de los genocidas aún está impune, que sólo hay dos condenados desde la reapertura de las causas, que la mayoría de los genocidas están con arresto domiciliario. Y sabemos también que el Gobierno nacional instruyó a los fiscales de todo el país para que "agilicen" los juicios "como están y no acusen por genocidio".
Las condenas por genocidio son peligrosas para el gobierno, porque permite la posibilidad de avanzar contra todo el aparato represivo (que mantiene intacto) y también contra los cómplices civiles, como los empresarios, la iglesia y los burócratas sindicales, todos cómplices e instigadores del golpe del 76.

Porque a 10 meses de la desaparición de Julio Lopez, no sabemos nada de sus secuestradores ni tenemos ningún dato de donde está Julio ni que pasó con él. Caso sobre el cual, luego de las bravatas y demagogia de Kirchner, el gobierno guarda un cómplice silencio.

Por eso repetimos sin cansarnos que el aparato represivo continúa intacto e impune y que la desaparición de Julio es muestra de ello. Y que así como en la Provincia de Bs. As hay 9026 policías de la dictadura en funciones, en todo el país son muchos más los genocidas que siguen actuando en las fuerzas represivas o empresas privadas de seguridad. Lo vivimos cuando asesinaron a Teresa Rodríguez en Cutral Co, a Víctor Choque en Tierra del Fuego, a Aníbal Verón en Salta, todos operativos comandados por genocidas de la dictadura.

Por esta situación nos parece que la condena a los genocidas no se puede hacer esperar más. Deben estar todos presos, en cárceles comunes y juzgados por lo que son: genocidas. Rechazamos la decisión del Juez Labate de que en las causas de la zona vaya por tramos, por año, y que se eleve a juicio sólo por algunos casos, y más adelante por otros. No queremos causas desmembradas por víctima, no queremos que se eleven a juicio por algunos pocos casos dejando afuera a la gran mayoría, no queremos juicios orales contra pocos represores por un número ínfimo de víctimas, no queremos que se niegue el genocidio tratándolo como delitos aislados entre sí. No queremos que los testigos se vean obligados a declarar varias veces en distintas causas cuando sabemos que la represión se trató de un plan sistemático y organizado. Esto además expone a los testigos no sólo a una revictimización, también expone su seguridad, como ya demostraron las amenazas a dos testigos de la región por parte de Farías Barrera. Porque la única y verdadera protección para los testigos es la cárcel de los genocidas.
No queremos que el genocidio se considere solamente a partir del 24 de marzo de 1.976: las masacres, desapariciones y fusilamientos del operativo Independencia (¡¡Bussi!!), la triple de AAA de Lopez Rega é Isabel Perón y otros hechos son parte del genocidio respecto al cual reclamamos juicio, castigo y cárcel.

¡Queremos cárcel común y perpetua para todos los genocidas y condena por todos los compañeros YA! Porque ya han habido intentos de destrucción de pruebas importantísimas y porque con el paso del tiempo se torna biológicamente imposible que los genocidas lleguen a juicio.

También queremos manifestar que el Juez Labate utiliza una ideología absolutamente peligrosa a la hora de procesar a los genocidas, porque funda su fallo en la nefasta "teoría de los dos demonios", lo que permite sentar precedente en que el golpe del 76 fue una "guerra justa" y que el problema fue que hubieron "excesos". En palabras de el Juez Labate el problema fue que "no obstante tener a mano todos los medios legales para combatir y hasta para ’aniquilar’ la subversión eligen el camino de la clandestinidad para combatir el flagelo que mantenía al país en vilo"

Esto echa por tierra con la verdad histórica de que fue un genocidio perpetrado por el Estado para aniquilar a toda una generación que luchaba por horizontes revolucionarios. No podemos permitir que la "teoría de los dos demonios" sea tomada como argumento válido.

Por todo ello y porque Jorge Julio López aún está desaparecido, porque la pelea contra la impunidad es indispensable para los que luchamos, y especialmente en Neuquén que acabamos de vivir el fusilamiento de Carlos Fuentealba, no podemos permitir que haya mas impunidad. Porque la impunidad de ayer genera la impunidad de hoy. Queremos juicio y castigo para los asesinos de ayer y de hoy.