El Affaire Boudou-Ciccone puso al descubierto los negocios en que están implicados el viceprecidente y el titular del AFIP, Ricardo Echegaray, único imputado en la causa.

Cuando Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su órbita a la Casa de Moneda, Ciccone Calcográfica entra en quiebra por una deuda con la AFIP de $239 millones. Boudou le solicitó a Echegaray una moratoria para que pudiera ‘cancelar’ esa deuda. En ese marco, Alejandro Vandenbroele, sindicado como testaferro de Boudou, participa en las negociaciones que permite a la empresa The Old Fund, de la que se desconoce quiénes son los dueños, comprar el 70% de las acciones. El director de la nueva firma, Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), no es otro que Vandenbroele.

Debido a esto el Vicepresidente está en la mira por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, y negociaciones incompatibles con la función pública. Ante la actual ley de expropiación, la familia Ciccone se dispone a mostrar pruebas de que Héctor Ciccone, fallecido recientemente, se reunió con Boudou y Núñez Carmona, su amigo personal.

La era K y la desinversión de Casa de Moneda

Desde la asunción de los K no sólo la ex Ciccone mantuvo el negocio millonario de la fabricación de billetes sino que permitió la desinversión de la Casa de la Moneda.

Ahora, para cerrar el escándalo, el Gobierno envío un proyecto de ‘expropiación’ de la ex Ciccone al parlamento con el ‘revelador’ propósito de asegurar la soberanía del Estado en la impresión de billetes. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino y la titular de Casa de la Moneda, Katya Daura, justificaron la expropiación al sostener que hubo un desguace de la Casa de la Moneda, que se profundizó cuando un decreto del ex presidente Duhalde permitió tercerizar tareas en el ámbito privado. “El objetivo es tomar control de todos los equipos del país que pueden hacer billetes. No vamos a parar hasta que estén totalmente bajo control de Casa de Moneda”, dijo Daura y agregó que en la etapa de Martín Redrado como titular del Banco Central, se “trabajó sistemáticamente en el desmantelamiento y presentó un proyecto para imprimir los billetes más caros y complejos en el exterior”.

Para los empleados el actual directorio profundizó esa política, “La intervención es para tapar el apriete político y asegurarse cumplir con el Banco Central en la entrega de billetes”, y agregan: “Daura no hizo más que profundizar esas negociados. Se sabe que por la inflación se necesita más billetes y tuvieron que recurrir a Brasil para inyectar circulante de dinero”, además “¿De qué expropiación hablan? si el Estado se hará cargo de la deuda que tiene la ex Ciccone con el fisco”

Aunque Daura afirma que desde 2011 aumentó la producción y se cumplieron los contratos con el Banco Central, los empleados denuncian: “se cumplió con la entrega porque nos hicieron trabajar de sol a sol, apretando a los contratados para que trabajen 12, 14 horas por día, fines de semana y feriados”.

Cuando le preguntamos a los trabajadores sobre las máquinas adquiridas la respuesta no se hace esperar: “estas maquinas las trajeron ahora, debido al escándalo que rodea a Boudou” y agregan “Daura, anuló la licitación internacional para adquirir una impresora calcográfica y una impresora”. Otro empleado sostiene “la desinversión es encubierta, Casa de Moneda alquila las máquinas a la ex Ciccone, donde envía empleados, junto a la tinta y el papel para la impresión de billetes” y bromean “la cara de Roca cambia según quien lo imprima”, “los billetes que dice se imprimieron en Brasil fueron tan defectuosos, que los tuvieron que sacar de circulación, se sospecha que fueron fabricados en Ciccone”.

Trabajadores en conflicto

Los empleados de la Casa de Moneda hace tres meses que están en conflicto. Reclaman un plus salarial por manejo de valores del 30% que se les quitó durante la gestión menemista de Armando Gostanián, mejoras en las condiciones de trabajo y el cese la persecución y el hostigamiento en talleres y oficinas.

Después de realizar paros y la protesta callejera en Retiro, el Ministerio de Trabajo los sometió a conciliación obligatoria, que termina el 22 de agosto. Los trabajadores esperan volver a reclamar por sus condiciones de trabajo y salarios.