En los últimos días continuó el debate en torno al monto de las jubilaciones. Las Comisiones de Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda votaron mayoritariamente el proyecto de la UCR y el PS, saliendo en minoría el despacho del Proyecto Sur de Pino Solanas y Claudio Lozano, economista de la CTA y aliado de De Gennaro. La ubicación del kirchnerismo sigue siendo la de la defensa de una “responsabilidad” fiscal, término bien propio de los ortodoxos neoliberales, tan criticados oralmente por el matrimonio presidencial. Esta responsabilidad, sin embargo, no les impide a Cristina y su gobierno utilizar los fondos de la ANSES y las reservas del Banco Central para financiar al Tesoro, pagar la deuda externa o dar créditos casi gratis a multinacionales como General Motors. El anuncio, a toda pompa, de que las jubilaciones se elevarían a la miserable suma de $1.045, por la ley de movilidad jubilatoria, no hace más que confirmar que más allá del discurso previsional jactancioso, el gobierno reserva para los jubilados un lugar entre los pobres. Dejarse correr “por izquierda” por una oposición de ex delarruístas, la Coalición Cívica y el peronismo federal, parecía una faena difícil. Cristina lo hizo.

La “letra chica” del proyecto de la oposición

Leyendo el despacho de mayoría, sin embargo, se confirman los fundamentos de que, aunque la oposición esta vez critica al gobierno por “fiscalista”, no se trata de un proyecto que deben apoyar las organizaciones obreras y populares. Primeramente, como venimos denunciando, porque la oposición patronal distorsiona la demanda histórica del 82%, convirtiendo ese porcentaje del salario de la actividad de cada trabajador al momento de jubilarse, por un “ochenta y dos por ciento del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil”. El informe presentado, incluso, sostiene que “intervienen en la confección de dicho salario mínimo todos los sectores interesados y acuerdan el mismo, según la coyuntura económica y social del lapso de que se trate”. ¿Esta “coyuntura” no la usan los empresarios como chantaje para no otorgar aumentos salariales acordes a los aumentos, año a año?

Esta medida conlleva un claro perjuicio económico, pero sobre todo político: es una reunión entre los empresarios negreros, el gobierno y la burocracia amiga de los K la que define el salario mínimo y, por ende, las jubilaciones. Recordemos que actualmente es un salario mínimo “tan mínimo”, que la mayoría de las paritarias ni siquiera lo consideran como referencia, y que el salario mínimo actual es el que cobran mayoritariamente los trabajadores en negro e informales.

Por otro lado, aunque el proyecto que defiende la UCR-PS supondría la aplicación del fallo Badaro para todas las jubilaciones que superen la mínima, ajustando en algunos casos sumas considerables, cuestión que hizo que organizaciones como el PO llamen a movilizarse a favor, deja en claro que “no otorgará derecho alguno a percibir la retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber efectivamente percibido por el beneficiario”. Aquí, como se ve, la oposición también actúa con “responsabilidad”, podando los 70 mil pesos, en promedio, de retroactivo que corresponde a cada sentencia favorable, según el fallo de la Suprema Corte.

Más que Pino, un arbusto

La centroizquierda de Proyecto Sur, prefiere no decir nada sobre esto último, que implica robar los ingresos retroactivos de los jubilados. Pero no solamente. La CTA (ambas alas dirigentes, la de Yasky y la de De Gennaro), usualmente no firma las actas resolutivas del “consejo del salario” por considerar insuficientes los montos acordados. ¿Por qué Lozano-Solanas ahora defienden jubilaciones del 82% de esos montos? ¿Porqué los empresarios negreros serán, indirectamente, corresponsables de determinar el salario de los jubilados? En su reciente informe “Aportes para la discusión en el consejo del salario”, Claudio Lozano define la actual canasta familiar en $4845, 2. ¿Por qué Lozano, simultáneamente, defiende un 82% que llevaría, hoy, las jubilaciones a $1.230, un 25% de esa cifra? ¿Qué dicen organizaciones como el PO, el Frente Popular Darío Santillán y otras, sobre esta inaceptable cuestión?

El proyecto de Pino y Lozano sostiene una medida correcta: “Déjase sin efecto toda norma que contemple exenciones o reducciones de las alícuotas aplicables a las contribuciones patronales (...). Fijase con alcance general una alícuota única del treinta y tres por ciento (33%) para las contribuciones patronales sobre la nómina salarial (...)”. Es decir, propone retrotraer la reducción menemista de los aportes patronales para financiar su propuesto de aumentos de las jubilaciones. Sin embargo, su proyecto no dice nada sobre el principal cáncer que desfinancia a las futuras jubilaciones: el trabajo informal, la precarización laboral, el trabajo en negro. Incluso, aclaran que los aumentos en aportes patronales “no se efectuarán para las pequeñas y medianas empresas privadas de capital nacional, administradas o gerenciadas por su propietario, de hasta cuarenta (40) empleados, cuyo monto de facturación anual no supere los pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000)”. Pino, como en el conflicto agrario, defiende los intereses de empresarios medianos o grandes, pero no defiende con consecuencia los derechos de los trabajadores activos y pasivos.

Desde el PTS creemos que cuánto más “avanza” el debate entre el gobierno y la oposición sobre las jubilaciones, más retroceden las ya nulas posibilidades de que se resuelva algo favorable a los trabajadores. Llamamos a las organizaciones combativas de trabajadores y a la izquierda a luchar por salarios y jubilaciones que cubran el verdadero costo de vida, imponiendo a las burocracias sindicales que apoyan al gobierno y a la oposición, la reapertura de las paritarias y la lucha por jubilaciones de un 82% móvil en serio.