“Desde el punto de vista empresarial la preocupación que uno tiene, y que le trasmitiremos a la OIT, es que más allá de que haya una competencia sindical nosotros propiciamos y respetamos el principio internacional de que el sindicato mas representativo es el que negocia, y que el número máximo de representantes es el que establece la ley, y no porque haya más sindicatos tiene que haber más delegados, porque si no todo el mundo podría ser delegado y con eso dificultar fuertemente que una empresa produzca, que fabrique y no sea simplemente un centro político o sindical”. Estas palabras que son un “canto” a la libertad y a la democracia sindical fueron dichas por el abogado y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en una entrevista que le realizamos en el programa de radio Pateando el Tablero.

Pero sobre todo, su preocupación, o mejor dicho su obsesión, es ponerles límites a los delegados de base. “Cuando venga la OIT le vamos a solicitar que haya un número máximo de representantes gremiales(...) Hay más delegados que trabajadores”, había declarado Funes de Rioja una semana atrás.

El “sindicalismo de base” es un fenómeno que viene cobrando fuerza en todo el movimiento obrero. La elección de delegados que cuestionan a la burocracia, que se apoyan en la asamblea para enfrentar los planes patronales, es una práctica cada vez más constante en las fábricas y establecimientos, y tiene en la comisión interna de Kraft-Terrabusi y en el nuevo sindicato del Subte sus ejemplos más significativos.

El surgimiento del “sindicalismo de base” pone en tela de juicio el “modelo sindical” que rige bajo la Ley de Asociaciones Sindicales. Gracias a esta ley, la 23.551, los burócratas manejan los millones de las obras sociales y las cuotas sindicales, controlan juntas electorales y tratan de impedir el surgimiento de cuerpos de delegados y comisiones internas que los cuestionen. La ley garantiza el monopolio de la representación sindical de la CGT ante los patrones y subordina a las organizaciones obreras al Estado que tiene poder para supervisar el accionar sindical, reglamentar huelgas, e imponer conciliaciones obligatorias.

¿Qué otro sentimiento que odio puede haber hacia una dirigencia corrupta, que como la de la UOM cobra 30 mil pesos por mes, que forma parte del exclusivísimo Club Hípico Alemán como Andrés Rodríguez de UPCN o viaja en autos millonarios mientras millones no llegan a fin de mes?

Estos “meritos” son demasiados, pero no los únicos. En el último tiempo, en un intento de mantener el control, la burocracia sindical suele recurrir al fraude y al matonaje. Lo hemos visto en el caso de la UTA, pero también en la CTA que se negó a reconocer el triunfo de los dirigentes combativos del SUTEBA La Plata. Tampoco tuvieron nada que envidiarle a la CGT los gremialistas Bruni y Dalessi de la UOM y afiliados a la CTA-Campana que fueron parte de quienes expulsaron del gremio metalúrgico al delegado antiburocrático Guillermo Betancourt de Siderca.

¿Qué democracia sindical defiende la CTA?

La CTA vuelve a reflotar, ante la llegada de la OIT, el reclamo de “libertad y democracia sindical”. Pero la movilización convocada para este jueves 6 no forma parte de ninguna lucha seria, ni siquiera para conseguir su personería. “Ya van 12 años sin respuestas” dice la dirigencia. Pero estos “12 años sin respuestas” no merecieron nunca un paro nacional de la CTA por esta demanda. Su “táctica” fue esperar alguna negociación con el gobierno de Kirchner o alguna ley favorable en el Congreso. Hermoso tiempo regalado al gobierno y a la burocracia de la CGT.

Lo cierto es que la CTA atraviesa una crisis enorme. El sector de Yasky se pasó directamente al kirchnerismo para abrazarse con Hugo Moyano, mientras el dirigente histórico Víctor De Gennaro, es favorable a la centroizquierda de Proyecto Sur, que es funcional a los intereses de la oposición burguesa parlamentaria. Justamente este 6 de mayo Pino Solanas presentará junto a otros sectores de la oposición “republicana” una ley de “garantismo sindical”.

Estamos a favor de que se le otorgue la personería a la CTA, pero también decimos que aunque se la dieran no se resolverían los problemas de democracia sindical que afectan al movimiento obrero. Para la dirección de la CTA, la democracia sindical a lo sumo se reduce a que puedan existir varios sindicatos por rama, un “modelo” como el del sindicalismo europeo, de matriz socialdemócrata. Pero tanto el “modelo sindical” peronista como el que propone la CTA mantienen la injerencia del Estado sobre la organización de los trabajadores.

El PTS lucha por una verdadera democracia sindical que empieza por la independencia de las organizaciones obreras del Estado patronal. Por unir las filas de la clase trabajadora, impulsando, entre otras medidas, cuerpos de delegados de base que representen a todos los trabajadores, contratados, efectivos, en blanco o en negro, para terminar con la precarización laboral y las divisiones entre trabajadores que hacen de los sindicatos organizaciones donde sólo existen derechos, y limitados, para una minoría de trabajadores en blanco.

La tarea actual, en el camino de recuperar los sindicatos para la lucha, es defender a todas las organizaciones antiburocráticas y combativas, atacadas por la patronal, la burocracia y el Ministerio de Trabajo, y pelear por plenos derechos sindicales para los delegados de base en los lugares de trabajo y por la más irrestricta libertad de tendencias políticas de la clase trabajadora al interior de los sindicatos.

Tres momentos de crisis del “modelo sindical”

– En 1969 el Cordobazo abre un ascenso revolucionario que cuenta entre sus protagonistas a una radicalizada vanguardia obrera que no le da tregua a la burocracia. En noviembre de 1973, Perón busca contener al movimiento de masas dentro del marco del Pacto Social y de la disciplina de la CGT y dicta una nueva Ley de Asociaciones Profesionales. Un verdadero catálogo antihuelgas que le da atribuciones extraordinarias a la burocracia sindical, para cerrarle el camino a cualquier oposición antiburocrática.

– A la salida de la dictadura la burocracia sindical atraviesa otra crisis. Alfonsín gana las elecciones tras su denuncia del Pacto militar-sindical y en 1984, la UCR estuvo a un voto de imponer la ley Mucci, una ley que debilitaba el monopolio de la representación sindical de la CGT permitía cierta representación de las minorías, a expensas de avanzar en la injerencia estatal sobre los sindicatos. La burocracia se vio obligada a dar una cierta apertura, permitiendo la presentación de listas opositoras en la UOM o el SMATA. Este proceso “renovador” fue cerrado por el ubaldinismo y la reconstrucción del peronismo en la oposición.

– Actualmente el “modelo sindical” está cuestionado “por abajo” y “por arriba”.
De un lado, los cuestionamientos que la OIT planteó al Estado argentino apoyándose en los principios liberales de los pactos y convenios internacionales creados por las potencias imperialistas triunfantes en la segunda guerra mundial. Estos fundamentos fueron tomados por la Corte en su fallo que declara inconstitucional el inciso A del artículo 41 de la ley de Asociaciones Sindicales que fijaba como condición para ser delegado o miembro de una comisión interna “estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por estas”. Del otro lado, años de traiciones y pérdidas de conquistas laborales abrieron el fenómeno del “sindicalismo de base” y una bronca extendida hacia la burocracia sindical, pilar fundamental del gobierno y del PJ como principal partido del régimen.