En los tiempos que nos toca vivir, el llamado del progreso suele admitir paradojas dignas de una película de terror. El gobernador Scioli resolvió abrir calles en las villas miseria del conurbano bonaerense, una demanda legítima de los movimientos sociales villeros que históricamente exigieron una política de urbanización para sortear los obstáculos más graves de la pobreza. Claro que Scioli, a su modo, también se propone luchar contra la pobreza ... pero terminando con la vida de los mismos pobres.

La apertura de calles tendría por finalidad el desplazamiento de la policía y el apoyo logístico de los helicópteros para imponer un orden militarizado, típico de un gueto. El estado de sitio que rige en las villas La Cava y Fuerte Apache bajo la bota de la gendarmería constituye un anticipo imposible de soslayar. Pero qué menos podría pedirse en espacios que son considerados “aguantaderos y lugares de alta peligrosidad”, como confesó públicamente el gobernador.

La memoria de la dictadura militar retrotrae la figura del brigadier Cacciatore, célebre por alentar la “erradicación de la pobreza” a fuerza de topadoras y razzias, una guía que, bajo distintas modalidades, reprodujeron los sucesivos gobiernos de turno manteniendo las causas estructurales de la pobreza y el hacinamiento. El menemista Scioli, activo partícipe de las políticas que promovían la desocupación y la miseria durante los ’90, sin vergüenza alguna acaba de impugnar la presentación judicial que desautoriza la detención de menores por averiguación de antecedentes, la que generalmente termina en el encierro de los menores en instituciones carcelarias, ésas que fueron bautizadas “tumbas” por el escritor Enrique Medina, como síntesis de su propia experiencia. Encima algunos legisladores del “progresismo”, como la kirchnerista Diana Conti y el diputado de SI Emilio García Méndez, no tuvieron mejor idea que presentar una serie de proyectos para bajar la edad de imputabilidad bajo la excusa de “garantizar los derechos de los menores”.

Como contraparte, organismos de derechos humanos y organizaciones afines a la CTA se movilizaron contra la mano dura y el gatillo fácil de Scioli, levantando la necesidad de luchar contra la pobreza mediante trabajo genuino, vivienda digna y educación y salud públicas y gratuitas. Es de suma urgencia multiplicar todos los esfuerzos posibles para lanzar una campaña nacional en defensa de las libertades democráticas y terminar de una vez por todas con esta cruzada reaccionaria que criminaliza la pobreza.

La urbanización del terror impulsada por Scioli sólo puede traer el progreso de los cementerios.