Cuando hace algunas semanas el Tribunal Constitucional denegó el pedido de hacer un “referendo popular”, el plan de habilitar al presidente Uribe a presentarse por un tercer mandato en las próximas presidenciales del 30 de mayo quedó definitivamente hundido. Importantes sectores de la oligarquía y el imperialismo veían que lo logrado por el capital bajo sus gobiernos anteriores podría terminar comprometido por la continuidad directa de Uribe y su voraz camarilla en el gobierno, con sus escándalos financieros, sus brutalidades represivas y su cuestionada legitimidad.
Colombia y el imperialismo
Siendo la 5ª economía latinoamericana y con una ubicación geopolítica estratégica, Colombia es un agente-aliado clave para los planes norteamericanos en la región. Por su parte, la clase dominante colombiana ha apostado a asociarse estrechamente con EE.UU., aceptando una mayor semicolonización a cambio de inversiones, apoyo financiero y militar y apertura de mercados. La ayuda financiera y militar norteamericana ha convertido al ejército colombiano en la segunda fuerza armada latinoamericana, luego de la de Brasil, perfilándose como un “gendarme regional”. Sin embargo, Colombia es una semicolonia plagada de explosivas contradicciones económicas, sociales y políticas. Esto explica la necesidad de la clase dominante colombiana de apelar a regímenes tan represivos como el uribismo.
El régimen de la “U”
Uribe encabeza un régimen ultrarreaccionario, fuertemente bonapartista a pesar de sus formas “republicanas” y mecanismos electorales (basados en el clientelismo, en el fraude y en la exclusión política de la mitad de la población). Uribe se erigió como el “árbitro” supremo que garantizó y administró la subordinación al imperialismo y el capital extranjero, sostenido por la gran burguesía exportadora y financiera y los terratenientes, y apoyándose en el aparato represivo y las Fuerzas Armadas con el argumento de derrotar a las FARC. A lo largo de sus dos mandatos Uribe sostuvo una feroz ofensiva antiobrera y antipopular para imponer sus planes neoliberales. Se apoyó en una combinación entre “guerra sucia” contra la guerrilla, extendida a las masas campesinas y populares y las organizaciones de trabajadores, lo que incluyó en su primer gobierno una gran expansión del paramilitarismo, aunque en 2006 una política de “desmovilización” buscó hacer más creíble su política de “seguridad democrática”.
Recesión y crisis social
Hace dos años Colombia entró en recesión. El impacto de la crisis internacional ha sido muy fuerte en buena medida por la estrecha dependencia de la economía norteamericana.
Esto ha significado nuevos ataques de la patronal y el gobierno y también ha despertado resistencia entre los trabajadores y el pueblo. En los dos últimos años se vinieron produciendo algunas luchas duras de importancia (cañeros, bananeros, algunas industrias, sectores de estatales), paros de pequeños y medianos transportistas, movilizaciones indígenas y campesinas. El pasado 23 de octubre hubo una jornada nacional de protesta con paralización de actividades. También se produjeron movilizaciones estudiantiles. La reforma a la seguridad social provocó indignación y protestas incluso en sectores medios. A principios de marzo, un paro del transporte de varios días colapsó Bogotá. Es sintomático que los procesos de resistencia obreros se hayan dado a pesar de la situación de fragmentación y desorganización de las filas de los trabajadores y del accionar del “sicariato” al servicio de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se cobra decenas de vidas de dirigentes sindicales cada año.
Al mismo tiempo, se han multiplicado las denuncias contra los crímenes del régimen, lo que socava la legitimidad de la política de “seguridad democrática”.
Disputando la sucesión
En este contexto, es que la clase dominante prefirió optar por un recambio de inquilino en la Casa de Nariño, apostando a un “uribismo sin Uribe”, aunque esto no está exento de contradicciones. Por lo pronto, los miembros de la coalición gobernante no pudieron acordar un candidato común y entraron en competencia electoral por la sucesión.
En las elecciones legislativas del 14 de marzo, en medio de denuncias de fraude y toda clase de manipulaciones y con una alta abstención, el uribismo logró de conjunto amplia mayoría congresal, pero ninguno de sus partidos obtuvo hegemonía.
El Partido de la U (del presidente, que postula como candidato al “delfín” Juan Manuel Santos, su ex ministro de defensa) sacó el 25% de votos. Cambio Radical perdió la mitad de sus parlamentarios, y la sorpresa fue el 8,1% del PIN (Partido de Integración Nacional), que reagrupa a ex socios de Uribe hundidos hasta el cuello en escándalos de “parapolítica”.
El Partido Conservador figuró segundo con 20,5% de sufragios. Este viejo partido oligárquico apoyó a Uribe e integró su gabinete, aunque ahora busca disputar el gobierno contra Santos con Noemí Sanín.
El Partido Liberal es el otro partido tradicional de la burguesía colombiana y en estos años representó la oposición “moderada”. En las legislativas salió tercero con un 18% de votos y llevará como candidato presidencial al ex ministro de defensa Rafael Pardo. La senadora liberal Piedad Córdoba viene actuando como intermediaria con las FARC para la liberación de rehenes, en una política que les permite diferenciarse del gobierno.
El Partido Verde obtuvo un 6% de los votos, y ahora se presenta como una opción “de centro” y puede crecer en intención de votos.
Petro y el Polo. La pata izquierda del régimen
El centroizquierdista PDA (Polo Democrático Alternativo) integrado por ex guerrilleros del M-19, el Partido Comunista y los maoístas del MOIR entre otras corrientes, convivió pacíficamente con el uribismo desde la municipalidad de Bogotá. El candidato de esta “izquierda”, Gustavo Petro, se subordina al régimen y sus aspectos más reaccionarios, como la política de “seguridad democrática”. Así, no constituyen ninguna alternativa para los trabajadores y el pueblo.
Las FARC
Siguen siendo uno de los principales actores de la política colombiana a pesar de los golpes militares que sufrieron en los últimos años. La reciente liberación unilateral de dos rehenes buscó abrir una nueva negociación comenzando por buscar un “canje humanitario”. Uribe se negó a cualquier tratativa pero es evidente que la extirpación de la guerrilla por vía militar no se ha logrado y que el “conflicto armado” sigue vivo. La razón de fondo es que las FARC a pesar de su desastrosa estrategia de “frentepopulismo armado”, de su aislamiento de las masas obreras y urbanas y de sus acciones cada vez más rechazadas a nivel popular, mantienen lazos con sectores campesinos, empalmando con sus necesidades de autodefensa ante la brutal presión del Estado y los terratenientes. Sin embargo, no constituyen ninguna alternativa política y de movilización a los sectores obreros, campesinos y populares que quieren enfrentar al régimen.
Después de las elecciones
El disciplinamiento de los partidos al régimen y a la herencia uribista no significa, sin embargo, que se vaya a mantener sin cambios la actual situación. Las encuestas vaticinan que Santos deberá ir a una segunda vuelta. El futuro gobierno deberá establecerse negociando con sus socios-rivales. Por otra parte, es posible que deba “echar lastre” en algunas cuestiones como la candente cuestión democrática, la impunidad y los asesinatos, pero cualquier intento de “lavada de cara” del régimen puede ser resistida por los sectores más comprometidos. Está por verse cuál será el escenario después del recambio presidencial, pero es probable que asistamos al comienzo de una nueva etapa política en Colombia.
La vanguardia obrera y popular tiene ante sí pesadas tareas. En esta coyuntura, un punto político es no apoyar al Polo y su programa de subordinación al régimen, sino orientarse a una política de clase, independiente, para preparar la lucha contra el futuro gobierno, por unir la movilización obrera y popular, partiendo de la lucha por el salario y el trabajo, contra la represión estatal y paraestatal y por el conjunto de las demandas campesinas, indígenas y populares, hasta demoler el régimen de Uribe y sus socios, expulsar a las bases y los militares norteamericanos, y abrir el camino a una salida obrera, campesina y popular.
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Claves
Plan Colombia
Firmado en 1998-2000 durante los gobiernos de Pastrana y Clinton. Es un acuerdo entre EE.UU. y Colombia que, bajo las banderas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, busca profundizar el sometimiento de Colombia como centro de operaciones de la política norteamericana en la región. Uribe lo rebautizó como Plan Patriota, en el marco de su estrategia de “seguridad democrática” contra las FARC.
Bases militares norteamericanas
Desde estas bases, EE.UU. lleva adelante su política de control en la región. Así lo mostró la base hondureña de Soto Cano en el golpe cívico-militar de junio de 2009. EE.UU. contaba ya con 2 bases en Colombia. En 2009, Uribe anunció la instalación de 7 nuevas bases. Aunque los gobiernos “progresistas” latinoamericanos se opusieron en acaloradas discusiones, no pasó de gestos diplomáticos.
Paramilitarismo
Los grupos paramilitares, financiados por terratenientes y empresarios, están apadrinados por el Estado y son los responsables de persecuciones y asesinatos de trabajadores y campesinos, cobrándose la vida de más de 2.500 dirigentes sociales desde 1991. El gobierno de Uribe confeccionó una ley que no es más que una amnistía generalizada para los paramilitares, aunque no logró desmovilizar estas verdaderas bandas fascistas.
Parapolítica
Los paramilitares y el régimen político colombiano tienen nexos muy profundos. La crisis de la “parapolítica” provocó la renuncia de altos funcionarios, la investigación del vicepresidente y diputados, y el encarcelamiento de 20 congresistas, 14 de ellos uribistas. Uribe no se quedó afuera: hay fotos y videos suyos con jefes paramilitares en su campaña presidencial de 2002 y se lo acusa de apoyar la formación de grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia durante la década del ‘90.
FARC
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo guerrillero anclado en la histórica lucha del movimiento campesino colombiano por el derecho a la tierra, surgido en 1964 tras la avanzada del régimen conservador sobre las zonas liberadas por los campesinos armados. De matriz estalinista, combina una estrategia militarista de partido-ejército con una política de presión para obtener algunas reformas políticas y una senda de incorporación al régimen político burgués. Raúl Reyes, histórico líder de las FARC asesinado en territorio ecuatoriano por las FFAA de Colombia, coqueteaba con el Polo Democrático, afirmando que podría formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (Clarín, 27/8/07).
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