Según estadísticas oficiales, de una población económicamente activa de 12.436.317, la población ocupada se ubica en 11.503.869 personas, con una tasa de desocupación del 7,2% para finales del 2007. Pero detrás de estos números, que intentan mostrar toda una dinámica positiva, se esconde otra realidad: un alto grado de informalidad, empleo temporal y no registrado y sobre todo índices de precariedad laboral realmente alarmantes.

Del total de trabajadores ocupados, existe una población asalariada cercana a los 7 millones de trabajadores y trabajadoras, es decir, excluyendo empleadores, cuentapropistas, profesionales, etc.

En Venezuela la informalidad se mide siguiendo los criterios de la OIT: los ocupados, en relación de dependencia o no, en empresas con menos de cinco empleados, como las que se encuentran en el servicio doméstico y trabajadores/as por cuenta propia no profesionales. Como se puede ver en el cuadro, si bien el empleo informal bajó en los últimos años, aun en 2007 se mantenía en 44,1%, es decir, por encima del nivel del año 1990 (42,1%).

Si tenemos en cuenta que durante el período 1990-2007 la masa laboral creció en 3.6 millones de trabajadores (pasó de 7.87 millones a 11.5 millones de personas), constatamos que la informalidad es un problema estructural de gran magnitud en Venezuela.

Pero la precariedad laboral no se reduce únicamente a aquellos ubicados en el sector informal sino que existe también en unidades económicas pequeñas, medianas y grandes en condiciones de precariedad laboral (contratados, tercerizados o directamente no registrados -en negro-). Basta como ejemplo, el ahora muy conocido caso de Sidor, que tiene alrededor de 9.000 obreros tercerizados, es decir, en condiciones de precariedad laboral. Pero lo que pareciera sorprendente es que también en las propias empresas del Estado y los ministerios públicos existen trabajadores contratados sin ningún tipo de beneficios, o con alta vulnerabilidad laboral.

Incluso en el sector formal de la economía el 37,5% de los trabajadores y trabajadoras no percibe ningún tipo de prestación social, mientras que en el sector informal esta porción llega al 95,6%.

Según datos de 2006, de un total de 11.700.000 trabajadores y trabajadoras, 7.200.000 no reciben ningún tipo de prestación social. Sólo el 35.70% (3.965.376) goza de todos los derechos laborales y sociales.

En el sector privado es más notoria la ausencia de beneficios sociales, acentuándose más entre los sectores más bajo de la clase trabajadora que constituyen el sector más superexplotado. Estos datos demuestra que las condiciones de la clase trabajadora poco han mejorado respecto a la asalarización, informalidad y precariedad laboral en la era Chávez. Venezuela alcanza niveles de precariedad alarmantes, expresando cómo la fuerza laboral del país sufre de una superexplotación bárbara bajo el “socialismo con empresarios” de Chávez. La lucha por un empleo digno y para todos, constituye así una de las grandes demandas de los sectores explotados y de las organizaciones obreras del país.