Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
11 de diciembre de 2017

Partido

Por qué luchamos

19 Jul 2005 | Este Manifiesto contiene en forma abreviada las posiciones programáticas centrales del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas). Expresa no sólo los principios más generales por los que luchamos sino nuestra caracterización y política frente al gobierno de Kirchner y los gobiernos “centroizquierdistas” latinoamericanos. Muestra también cuáles son las iniciativas que impulsa en estos momentos nuestra organización para aportar a la recomposición clasista y revolucionaria del movimiento obrero y a la construcción de un gran partido revolucionario e internacionalista de la clase trabajadora. Este texto ha sido elaborado por el Comité Central del PTS para ser discutido en Conferencias Regionales Abiertas y en una Conferencia Nacional que se realizarán a fines de agosto de 2005. En estas conferencias también discutiremos el documento “La situación internacional y las tareas de los marxistas revolucionarios hoy” –título que lleva el Manifiesto de la III° Conferencia de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional que el PTS integra junto a revolucionarios de otros países. Invitamos a la vanguardia obrera y juvenil, y especialmente a los militantes y simpatizantes de la izquierda –comenzando por los que integran nuestra organización- a participar de la discusión y difusión de este manifiesto.   |   comentarios

El gobierno de Kirchner, un "neoliberalismo del 3 a 1"

Desde la aguda crisis recesiva de 1998-2002 nuestro país está viviendo un ciclo de importante crecimiento económico, con altísimos niveles de ganancias para los capitalistas extranjeros y nativos. La dependencia y el atraso nacional continúan, expresándose también en el aumento de los índices de desigualdad social, en los salarios deprimidos, en los millones de trabajadores precarios y desocupados, y en las elevadas tasas de pobreza. Dos de cada tres puestos de trabajo creados en el 2004 son “en negro” y el salario promedio de los mismos apenas alcanza los $420.
Bajo el gobierno de Kirchner, donde el liderazgo capitalista está en manos de los sectores del autodenominado “capital productivo”, estamos viendo que esta fracción de la clase dominante no es menos expoliadora ni “antinacional” que los sectores “financieros” que fueron hegemónicos bajo el menemismo. Gracias a que la devaluación bajó enormemente los costos salariales, permitiendo mejores condiciones para competir en el mercado mundial, y a los precios altamente favorables para las exportaciones -tanto las agrícolas y ganaderas como las de petróleo y gas- los sectores capitalistas más concentrados están obteniendo verdaderas hiperganancias, con los exportadores agroindustriales, las empresas petroleras -como Repsol- y las grandes siderúrgicas -como las empresas del grupo Techint-, a la cabeza de los grandes “ganadores”. La rentabilidad capitalista se encuentra un 60% por encima de los tiempos de la convertibilidad y las ganancias de las principales empresas han crecido en una proporción muy superior a la de la economía: para las diez primeras firmas el aumento ha sido de un 300%. Las cien más importantes, que en conjunto representan un 50% del PBI, se han embolsado desde la devaluación un total de ingresos que superan los 40.000 millones de dólares. Siderar, Tenaris, Repsol, Petrobrás, Shell, Solvay Indupa, Aluar, Acindar, Ledesma, Comercial del Plata, Pérez Companc, Cargill, Aceitera Gral. Deheza, Bunge, Nidera, Fate, son algunos de los nombres de las empresas más beneficiadas por esta situación. A ellas debemos agregar algunas de las empresas privatizadas de servicios públicos, las grandes ganadoras de los ’90, como Telefónica y Telecom, que pese al congelamiento de tarifas y la baja de la recaudación medida en dólares, con el “boom” de los celulares encontraron un nuevo nicho de grandes ganancias; los grandes supermercados como Coto y Disco que han visto una recuperación de sus ganancias; y la vuelta de las automotrices, las “vedettes” del crecimiento industrial en el 2005 junto con la construcción. Por su parte, los bancos han vuelto este año a tener balances favorables, y las empresas de servicios públicos privatizadas están acordando importantes aumentos tarifarios para después de las elecciones legislativas de octubre de 2005.
Es que, pese a la recuperación de la producción y el empleo en la industria que hemos visto en el último período, no ha sido alterado en lo central el patrón de acumulación capitalista que, iniciado con la dictadura militar del ’76, se consolidó en los ’90 con la aplicación a rajatabla de las políticas del llamado “consenso de Washington”. A pesar de la retórica presidencial de “confrontación” con los organismos internacionales de crédito, este gobierno ha pagado religiosamente sus compromisos con el FMI y el Banco Mundial y, luego de la “más grande quita de la historia”, está continuando con el pago de una deuda externa que llega al 75% del PBI (82% si contamos los más de 20 mil millones de dólares que quedaron fuera del canje), cuando antes de la devaluación llegaba al 53%. La política económica tiene como prioridad garantizar los fondos para el pago de la deuda, ahora a partir de lograr altos superávits fiscales, en función de las condiciones creadas por el nuevo tipo de cambio de “dólar alto”. Un superávit que es garantizado incluso mediante la subejecución de las partidas de las áreas sociales, como salud, educación y vivienda, y la inversión en obra pública; y también mediante el mantenimiento de muy bajos salarios a los trabajadores estatales y con jubilaciones y pensiones que siguen por el piso.
Aunque debido a la caída en dólares de los precios de las tarifas algunas empresas de servicios privatizados han pasado a manos de grupos capitalistas “locales”, estas empresas, así como las de petróleo y gas, continúan esencialmente bajo dominio del capital imperialista, que controla también una parte sustancial de todos los recursos económicos.
Pese a la retórica gubernamental sobre la “reconstrucción de la burguesía nacional”, las empresas extranjeras manejan en la actualidad el 69% de la producción y el 84% de las ganancias de las 500 firmas líderes. Conforman además un 73% de las 200 principales compañías, cifra que era sólo de un 32 % en 1993. En la industria pertenecen al capital extranjero empresas que dan cuenta de un 62% de la facturación de la cúpula industrial (formada por las 100 principales empresas del sector), cuando en 1991 sólo lo hacían con el 34%.
A pesar de la recuperación industrial que siguió a la devaluación, la reprimarización de la economía operada en los ’90 tampoco ha sido fundamentalmente alterada. De las exportaciones sólo un 29% pertenece a manufacturas de origen industrial, mientras un 16% son combustibles y energía, un 32% manufacturas de origen agropecuario y un 23% productos primarios. Por su parte, tras la quiebra de pequeños chacareros que provocó la combinación de la recesión con precios bajos hasta el 2002 en el mercado mundial, la propiedad agrícola aumentó en sus niveles de concentración: 6160 estancias de más de 5000 hectáreas acaparan el 52,8% del total de tierras, agregándose a terratenientes tradicionales la compra de latifundios por grandes monopolios extranjeros y nacionales, muchos de ellos vinculados con la agroindustria. Estos grandes propietarios son quienes concentran los recursos obtenidos con una renta agraria que ha aumentado enormemente con el crecimiento de los precios internacionales de los productos agrícolas y del ganado del 2002 a la fecha.
La condición semicolonial del país no ha sido alterada. No sólo por el carácter dependiente de nuestra economía sino porque continúa la subordinación a las potencias imperialistas, en particular a Estados Unidos, por diversos pactos y acuerdos políticos, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), una especie de “ministerio de colonias” del gobierno norteamericano.
Kirchner viene apoyando al gobierno de Bush en todas sus demandas fundamentales. El gobierno “progresista” ha enviado tropas, junto a Chile, Uruguay y Brasil, a participar de la ocupación de Haití y, también de acuerdo con los requerimientos norteamericanos, ha votado las “leyes antiterroristas” exigidas por Estados Unidos. Y tampoco ha vacilado en presentarse como garantía de “contención” frente a los levantamientos populares de la región, como ha intentado hacer recientemente en Bolivia.
Políticamente, la pretendida “renovación política” que encarnaría el gobierno también es un completo fiasco. Su poder se basa en la alianza con los distintos caciques provinciales del peronismo, muchos de los que apenas ayer fueron menemistas y duhaldistas, como los gobernadores José De la Sota de Córdoba, Guido Insfrán de Formosa, Alberto Mazza de La Rioja o José Luis Gioja de San Juan. Kirchner mismo, recordemos, apoyó entusiastamente desde la gobernación de Santa Cruz la privatización de YPF y apoyó a Cavallo cuando este fue Ministro de Economía de Menem. En la disputa por el control de la provincia de Buenos Aires que tiene con Eduardo Duhalde (con quien Kirchner mantiene una relación de enfrentamientos y treguas desde su ascenso mismo al poder) todo el arte del gobierno nacional ha sido utilizar el control del aparato del estado nacional y provincial para ganar el favor de los intendentes que eran parte integrante del duhaldismo, como Raúl Othacehé de Merlo, Alberto Descalzo de Ituzaingó, Alejandro Granados de Ezeiza, Alberto Balestrini de La Matanza, Mario Ishi de José C. Paz, Julio Pereira de Florencio Varela y tantos otros.
El gobierno de Kirchner, como hemos visto, no encarna ningún cambio sustancial respecto a sus antecesores. Estamos, en síntesis, viviendo bajo lo que podríamos llamar “un neoliberalismo del 3 a 1”.
El PTS manifiesta su oposición al actual gobierno y su política de subordinación al imperialismo y a los grandes grupos capitalistas. Estamos por el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y a su coordinación y unificación contra las patronales y el gobierno. Exigimos el retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití y el cese de la subordinación a la política imperialista. Llamamos a luchar por el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar (hoy de $1800), por un subsidio universal de desempleo de $800 y por la expropiación definitiva de Zanon y todas las fábricas recuperadas y puestas a producir por sus trabajadores. Por la renacionalización bajo control de los trabajadores de Repsol-YPF y de todas las empresas privatizadas y por la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Llamamos a imponer a las centrales sindicales la ruptura con el gobierno y a un verdadero plan de lucha por este programa, que comience con un paro nacional activo de los trabajadores ocupados y desocupados.
Vemos estas medidas como parte de la lucha por una salida de fondo: un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que a partir de la ruptura con el imperialismo y la expropiación de los grandes grupos capitalistas y la oligarquía terrateniente termine con el atraso y la dependencia en que nos sumieron los distintos gobiernos patronales. Un gobierno que sólo será posible producto de la movilización revolucionaria de la clase trabajadora, la cual mediante la huelga general política, uniendo sus filas y acaudillando al conjunto de los sectores oprimidos por el capital, podrá doblegar el poder de los capitalistas y su estado.

La opresión imperialista y el carácter "antinacional" de la burguesía nativa

Las naciones latinoamericanas se encuentran entre aquellas que son oprimidas y expoliadas por el capital imperialista. Somos países semicoloniales, que aunque tenemos gobiernos formalmente independientes estamos subordinados por distintos pactos y acuerdos políticos y económicos a las necesidades de las potencias imperialistas, en nuestra región fundamentalmente los Estados Unidos, que nos considera parte de su “patio trasero”.
Los principales monopolios que dominan la economía mundial pertenecen a un puñado de países, principalmente los agrupados en el llamado “G 7”. A la vez que compiten entre sí por adueñarse de los distintos mercados, estas naciones imperialistas comparten la apropiación de gran parte de los recursos generados en las naciones oprimidas, ya sea a través de la explotación directa que realizan las empresas multi y transnacionales o por medio de mecanismos como la deuda externa o la imposición de reglas comerciales que benefician sus intereses. En nuestro país este proceso se acrecentó en la década de los ’90 con las privatizaciones, el crecimiento del endeudamiento externo y la compra directa de empresas a la cada vez más raleada burguesía nacional, lo que de conjunto dejó una economía altamente controlada por el capital imperialista. Incluso parte importante de la burguesía argentina se transformó directamente en rentista: se calcula que en el exterior se encuentran depositados alrededor de 107 mil millones de dólares pertenecientes a capitalistas locales. Por ello, las apelaciones de Kirchner al desarrollo de un “capitalismo nacional” son más que nada una justificación para otorgar importantes subsidios a grupos económicos que son firme sostén del gobierno, como Techint, Arcor o Aluar. Si históricamente la clase capitalista nativa ha dado sobradas muestras de su incapacidad para terminar con la dependencia y el atraso, su carácter profundamente “antinacional” se encuentra hoy acentuado por su mayor interpenetración con el capital imperialista. Estos mismos grupos que antes mencionamos se encuentran internacionalizados y gran parte de su producción es para la exportación, no dependiendo sus ganancias de un crecimiento del mercado interno, como algunos quieren hacer creer. Lejos de cualquier antagonismo con el capital imperialista la aspiración de la “burguesía nacional” es asociarse con él en la explotación de la clase trabajadora. Por ello no extraña que capitalistas “extranjeros” y “nacionales” hayan compartido el apoyo a las políticas antiobreras de los distintos gobiernos. Hoy, por ejemplo, igual que ayer hacían apoyando las leyes “flexibilizadoras”, los vemos sin distinción de origen –del “burgués nacional” Coto a los gerentes de las transnacionales automotrices, como Fiat, Volkswagen o Ford- oponerse a los aumentos salariales con el chantaje de trasladarlos a los precios y, así, provocar un crecimiento inflacionario.
Debajo de los sectores capitalistas dominantes se encuentra la llamada burguesía no monopolista. Este sector fue muy golpeado en los ’90 y hoy ha vuelto a ganar dinamismo en algunas ramas merced a la baja de costos relativos de la producción interna y el encarecimiento (por la devaluación) de los productos importados. Es una fracción dependiente económica, financiera, tecnológica y culturalmente del gran capital, que es base de los grandes grupos que dominan actualmente la Unión Industrial Argentina. Comparten siempre que pueden las migajas de la explotación del país y de los trabajadores. Más aún, para sobrevivir necesitan ejercer la superexplotación más brutal sobre sus trabajadores, encontrándose en estas empresas la mayor proporción de trabajo “en negro” y precario. Fueron activos impulsores de las políticas “flexibilizadoras” y se oponen fervientemente a toda recomposición salarial. Todo su programa se limita a mendigar una porción mayor del mercado interno, sin cuestionar bajo ningún punto de vista la dominación imperialista del país. Como explotadores de segunda y tercera línea, aunque este sector puede en circunstancias determinadas alentar tal o cual medida que afecte a alguna de las fracciones burguesas dominantes, es incapaz de llevar adelante una lucha nacional progresiva en forma consecuente.

Por la "expropiación de los expropiadores"

El fin de la sangría nacional provocada por la explotación imperialista y de la desigualdad social existente (cuyos niveles no han dejado de acrecentarse) no puede darse sin la expropiación de los grandes grupos económicos -y de los grandes propietarios agrícolas-, al revés de lo que pretenden los llamados a lograr una “distribución más equitativa de la riqueza” que realizan la CTA y otros sectores afines. Ellos sostienen que la miseria, la desocupación y la pobreza no son consecuencias inevitables de la dominación imperialista y de la explotación capitalista, planteando la fantasía reaccionaria de que la situación de la clase obrera y los sectores populares puede mejorar sin que sean afectados sustancialmente los intereses capitalistas, es decir, que es posible lograr un “equilibrio” entre el capital y el trabajo a través de “políticas de estado” que den lugar a un “capitalismo más justo” o “más equitativo”. Por ello, llaman a confiar en que los cambios favorables a los trabajadores serán producto de la acción de gobiernos y legisladores “progresistas” y no un resultado de la lucha de clases. Pero toda la experiencia reciente ha desmentido estas posturas, con sucesivos “desencantos” con gobiernos (como el de la Alianza) y fuerzas políticas (que hoy van del “kirchnerismo” al “Encuentro de Rosario”) que estos sectores llamaron o llaman a apoyar. Para los trabajadores, la estrategia posibilista del “mal menor” se ha mostrado funesta. Terminar con ella implica en primer lugar comprender que entre patrones y trabajadores no hay intereses comunes sino un antagonismo insuperable. La pobreza, la miseria, la desocupación, la desigualdad social y todos los flagelos que aquejan al pueblo trabajador no tienen resolución en los marcos de la dominación imperialista y del mantenimiento del sistema capitalista.
Como estamos viendo actualmente, aún para recuperar lo perdido en el último período, los trabajadores deben realizar grandes acciones. Con la devaluación se deprimió el valor del salario, que hoy se encuentra un 20% por debajo de los niveles que tenía en el 2001. Los capitalistas no van a ceder fácilmente esta “ventaja comparativa” que consiguieron bajando lo que para ellos son “costos laborales”, ya que es de la explotación de los trabajadores de donde obtienen sus ganancias.
En el capitalismo, los trabajadores asalariados, aquellos que desprovistos de todo medio de producción se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir, son quienes generan no sólo lo necesario para su manutención y la de sus familias sino un excedente social del que se apropian los capitalistas; de allí surge la ganancia. En esto, la situación de la clase obrera se parece a la que han sufrido otras clases explotadas a través de la historia, como los esclavos en la Antigüedad, de cuyo excedente social –es decir, el producto de su trabajo no destinado a su propio consumo o al de sus familias- se apropiaban sus amos, o los siervos en la Edad Media, que entregaban el excedente a sus señores. Sólo que en el capitalismo la relación de explotación aparece oculta bajo la apariencia de un intercambio igualitario entre el trabajador que vende su fuerza de trabajo y el capitalista que la compra a cambio de un salario. Desde Marx, sabemos que en este proceso de compraventa de fuerza de trabajo los trabajadores reciben como salario sólo una parte del valor que crean en el proceso de producción, la otra parte (el plusvalor) se lo apropian los capitalistas. Dicho de otro modo: el salario representa sólo una parte del valor creado por los asalariados en la jornada de trabajo; el tiempo restante de la jornada producen sin percibir nada a cambio. Este “robo de trabajo ajeno” del capitalista al asalariado, realizado por medios legales, es la relación básica sobre la cual está constituida la sociedad capitalista. Multipliquemos las millones de horas que día a día los capitalistas se apropian y tendremos allí la explicación fundamental de por qué en nuestro país y en el mundo un puñado de grandes propietarios concentra la gran mayoría de la riqueza social.
Pero a diferencia de otras clases explotadas que existieron en la historia, la clase obrera presenta ciertas particularidades que le permiten contar con la fuerza potencial para terminar con la explotación capitalista y, más aún, con toda forma de explotación. Los trabajadores asalariados no sólo son en su conjunto la clase más numerosa de la población, sino que sus principales contingentes se encuentran concentrados en grandes establecimientos y bajo el mando de unos cuantos oligopolios y monopolios capitalistas nativos y extranjeros. En nuestro país hay unos 10,7 millones de asalariados ocupados, de los cuales algo más de un 80% pertenece a las filas de la clase trabajadora (el resto son gerentes, jefes y supervisores o miembros de la fuerzas represivas del estado), a los que debemos agregar los más de 2 millones de desocupados, los miembros de la familia obrera y a quienes viven del cobro de su salario diferido, los ex trabajadores que hoy están jubilados. Hay también distintas capas de semi y sub proletarios, aliados naturales de los asalariados. Como vemos, la fuerza objetiva con que cuenta la clase obrera es enorme.
En los últimos años clase trabajadora sufrió una importante reconfiguración, de forma tal que a la vez que fue fragmentada (entre ocupados y desocupados, entre permanentes y contratados, etc.) vio ampliado su poder social, al incluirse nuevas actividades bajo el dominio de las relaciones salariales. Incluso en el período más reciente, con la recuperación económica que siguió a la devaluación, han vuelto a recomponerse importantes sectores de la clase obrera, como es el caso del proletariado industrial, que habían visto disminuidas sus fuerzas durante los ’90. Por su potencial para afectar la ganancia capitalista y su incidencia en el conjunto de la vida social, los trabajadores de la industria y los grandes servicios constituyen los núcleos estratégicos de la clase trabajadora argentina. Pero para que esta potencialidad se materialice es necesario que la clase obrera avance en constituirse como un sujeto antagónico a la dominación capitalista. Es en la lucha de clases abierta donde los trabajadores se constituyen en tanto clase independiente, donde van adquiriendo nuevos y superiores niveles de conciencia de clase.

Por un nuevo movimiento obrero

Como señalamos, amplios sectores de masas, y en particular los trabajadores, están procesando su experiencia política con el gobierno del “capitalismo en serio”. Buscando recuperar el salario y las conquistas laborales, la clase obrera está nuevamente tensando sus músculos. Desmintiendo a todos aquellos que la habían dado por “muerta”, ha protagonizado un conjunto de huelgas (telefónicos, subterráneos, trabajadores de la salud, docentes, automotrices, etc.) en las que ha puesto de manifiesto su enorme potencia social. Amplios sectores de trabajadores tienen la sensación que con la lucha es posible recuperar lo perdido en estos años, dando lugar a un estado de ánimo alentado por la certeza de que “plata hay”, generada por las siderales ganancias patronales y los altos superávits estatales; y también por el menor temor a caer en la desocupación.
Aunque todavía situadas en un plano esencialmente reivindicativo, las luchas actuales son una gimnasia ineludible en el proceso que permita a la clase trabajadora actuar como protagonista central ante futuras crisis. Después de años a la defensiva, los trabajadores ocupados de los servicios y la industria están hoy retomando parte de la enorme tradición de lucha que posee la clase trabajadora argentina. Una clase que a lo largo del siglo XX protagonizó acciones de gran envergadura, entre las que podemos destacar hitos como la huelga general que terminó con la violenta represión de la Semana Trágica en 1919; las grandes huelgas de los peones rurales en Santa Cruz en 1921; la gran huelga de la construcción y la huelga general solidaria en 1935-36; la lucha contra la privatización del frigorífico Lisandro De Latorre, con una huelga general de solidaridad y combates que conmovieron al barrio de Mataderos durante cinco días en 1959, y las grandes luchas del período de la “resistencia”; el “cordobazo” y otros grandes levantamientos obreros y populares que dieron inicio a la etapa revolucionaria abierta en mayo de 1969 y cerrada con el golpe genocida del 24 de marzo de 1976; las jornadas de junio y julio de 1975 contra el “rodrigazo”; los paros contra la dictadura; el “santiagazo” en diciembre de 1993, emblema de la resistencia contra las políticas menemistas; o los grandes levantamientos de los desocupados en 1996 y 1997, en Cutral Có y Plaza Huincul (Neuquén), Tartagal (Salta) y Libertador General San Martín (Jujuy). Hitos a los que debemos agregar levantamientos de carácter popular como las “jornadas revolucionarias” del 19 y 20 de diciembre de 2001, que si bien no tuvieron a la clase obrera como protagonista central mostraron la existencia de tendencias a la insubordinación social en amplias capas de la población explotada y oprimida.
La clase trabajadora se está recomponiendo después del largo período de derrotas iniciado con el golpe de estado de 1976, en el que perdió gran parte de sus conquistas históricas y fueron asesinados, encarcelados o cesanteados por la dictadura miles de los principales luchadores forjados en años de enfrentamientos. En estos treinta años la clase dominante y sus gobiernos generaron con sus políticas un ejército de trabajadores desocupados y produjeron un gran empobrecimiento de amplias capas trabajadoras. El salario promedio actual es la mitad de lo que era en 1974. La precarización del trabajo se ha generalizado, con alrededor de 4,7 millones de asalariados (un 40% del total) “en negro”, es decir, sin ningún tipo de protección social y sin derechos sindicales. Esto no fue solamente producto de las políticas de la dictadura y de la “década menemista” de los ’90. La devaluación realizada por Duhalde fue descargada fundamentalmente sobre los asalariados, provocando una caída en sus ingresos de proporciones similares a la causada previamente por los gobiernos de Menem y De la Rúa. En esta pérdida de conquistas también han sido responsables los dirigentes sindicales burocráticos que, a cambio de preservar sus privilegios, fueron –y siguen siendo- serviles a las patronales y los gobiernos de turno. Las centrales sindicales –CGT y CTA- y los sindicatos, miraron para otro lado cuando los desocupados –la gran mayoría trabajadores que quedaron sin empleo producto de las privatizaciones o los cierres de fábricas que se generalizaron en los ’90- empezaron a organizarse y cortar las rutas. También se negaron a organizar a los precarios, ya sea quienes entraban a las fábricas sin derecho alguno en calidad de “contratados” o a quienes directamente eran empleados “en negro”. La burocracia sindical fue mayoritariamente cómplice de la política de privatizaciones de las empresas de servicios públicos, permitiendo decenas de miles de despidos, así como de las jubilaciones, donde importantes sectores entraron como socios en las AFJP’s. Firmaron todo tipo de convenios “flexibilizadores” que cercenaron las conquistas obreras. Incluso importantes sectores se transformaron en empresarios, adquiriendo participación en las empresas privatizadas, como la Unión Ferroviaria en distintos ramales o Luz y Fuerza en las minas de Río Turbio. Todo esto llevó a un vaciamiento y desprestigio de los sindicatos. Sin embargo, mientras esto ocurría con las organizaciones oficiales del movimiento obrero, la última década también ha mostrado la capacidad de los trabajadores para comenzar a reorganizar sus filas. Primero fueron los desocupados, que desafiaron su “invisibilidad” cortando rutas y bloqueando la circulación capitalista. Luego, ante la generalización de los cierres de fábricas, fueron las “fábricas ocupadas”, que con Zanon como experiencia más avanzada, ganaron trascendencia internacional mostrando que había una política posible para enfrentar los cierres capitalistas y que los obreros tenían plena capacidad para gestionar fábricas sin la presencia patronal. Un proceso en el cual nuestro partido se enorgullece de haber jugado un rol destacado aportando a que los más de tres años de gestión obrera que lleva Zanon hayan estado al servicio del desarrollo de una estrategia clasista para el conjunto de los trabajadores. Y hoy estamos viendo la vuelta a escena de los trabajadores ocupados, que han salido a luchar buscando recomponer su salario y sus condiciones de trabajo. Dentro de ellos se viene destacando un sector combativo, que ha encabezado huelgas de importante repercusión pública, que presenta como características distintivas el recurso a la democracia obrera en el curso de la lucha –con asambleas y mandatos a los delegados-, la coordinación y solidaridad entre los distintos sectores y, en particular entre los trabajadores de los servicios públicos, intentos de presentar su lucha en forma no meramente corporativa, es decir, apelando a planteos que hacen al carácter social de estos servicios para ganar el apoyo de la población. El desarrollo de esta tendencia expresa elementos de recomposición del movimiento obrero, con pasos hacia que los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos sean verdaderos organismos para la lucha por las demandas obreras. Para profundizar este camino, es necesario en primer lugar reconquistar estas organizaciones expulsando a la burocracia sindical, es decir, a quienes a partir de privilegios materiales actúan como representantes de los intereses patronales en el seno de la clase obrera. Esta recuperación es clave para que estos organismos funcionen bajo el método de la democracia obrera, donde sean las asambleas generales o las de sección a través de sus delegados las que decidan todos los pasos a seguir. Junto con esto hay que superar toda lógica corporativa posicionándose en cada lucha desde los intereses del conjunto de la clase. Ejemplo de esto han dado también los ceramistas de Zanon. Ellos no sólo ofrecieron los puestos de trabajo generados por la gestión obrera a las organizaciones de desocupados de la provincia sino que pusieron en pie luego de diciembre del 2001 la Coordinadora del Alto Valle, junto con otras organizaciones sindicales y de desocupados así como estudiantiles. Y han estado entre los principales promotores de la coordinación entre los distintos sectores combativos. Otro sector que se ha destacado en este sentido ha sido el Cuerpo de Delegados del Subte, en la Capital Federal, que generalizó el reclamo por la jornada laboral de 6 horas e impulsó la lucha por trabajar bajo un convenio común a los trabajadores de la tercerizada empresa de limpieza. Estos y otros ejemplos muestran lo fundamental que es para los trabajadores recuperar sus organizaciones desde abajo, a partir de las cuales la clase obrera puede tornarse en punto de referencia para el conjunto de las masas explotadas. Este último aspecto se vuelve agudo cuando las luchas se dan en sectores que involucran a millones de usuarios (como en las empresas de transporte o servicios públicos privatizados) o en áreas centrales de la economía capitalista, donde los conflictos repercuten en la vida política nacional, obligan a involucrarse al gobierno y así tienden a superar más o menos rápidamente su carácter reivindicativo y se transforman en políticos. Es cuestión de vida o muerte para el triunfo de estas luchas mostrar que son los trabajadores quienes con sus acciones defienden el interés general de la población explotada, y que si las empresas estuvieran en sus manos serían, por ejemplo en el caso de los servicios, más eficientes, seguros y baratos, accesibles al conjunto del pueblo trabajador.
Por otra parte, es necesario que toda lucha seria se plantee la organización de la autodefensa de los trabajadores para enfrentar no sólo a la represión estatal sino también a los matones de la burocracia sindical y a los rompehuelgas al servicio de la patronal.
En algunas de las luchas más relevantes de los últimos meses ha sido de gran importancia la confluencia de distintos sectores combativos y antiburocráticos. Esto se expresó en el Encuentro Nacional de trabajadores del 2 de abril realizado en Buenos Aires y en el acto del 1° de mayo en Plaza de Mayo. Luchamos por desarrollar estas experiencias, aún iniciales, y por que predomine en su seno el desarrollo de una perspectiva clasista –es decir, antiburocrática, antipatronal, antigubernamental y por la independencia política de los trabajadores- que retome y supere lo mejor de las experiencias de este tipo que se dieron en los ’70, como la de los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM en la Fiat de Córdoba en 1971, los metalúrgicos de Villa Constitución en 1974-75 o las coordinadoras interfabriles en 1975.
El PTS centra gran parte de su actividad en alentar las tendencias que apuntan a una recomposición clasista y revolucionaria del movimiento obrero. Junto a los trabajadores de Zanon y a otros compañeros somos impulsores del periódico “Nuestra Lucha”, que alienta el desarrollo de una perspectiva clasista entre los trabajadores, y lucha por la unidad entre ocupados y desocupados. Somos parte de los procesos de recuperación de cuerpos de delegados (como en el Astillero Río Santiago) y comisiones internas, así como de la conformación de listas opositoras a la burocracia sindical en gremios como alimentación, ferroviarios, telefónicos o docentes. Participamos también de los procesos de reorganización de la clase trabajadora allí donde, como en gran parte de la industria, reina más duramente la dictadura patronal y aún la actividad más mínima debe ser resguardada del control de la patronal y la burocracia sindical. Apostamos también a la organización de la juventud trabajadora, que es la más afectada por la precarización laboral, y que debe recurrir a todo tipo de argucias para organizarse por fuera de la vigilancia patronal. Luchamos por la unidad de las filas obreras e impulsamos la realización del frente único entre las organizaciones obreras para impulsar la movilización de los trabajadores por sus reclamos. Peleamos en todos lados para que los sindicatos tomen la defensa de los contratados y tercerizados, y entre los desocupados por la conformación de un movimiento único de los sectores piqueteros combativos, con plena libertad de tendencias en su interior. Defendemos a Zanon bajo gestión obrera y estamos por la expropiación inmediata y definitiva de todas las fábricas recuperadas y puestas a producir por sus trabajadores, sosteniendo que la mejor salida para ellas es su estatización bajo gestión obrera. Impulsamos todo proceso de reagrupamiento de los sectores combativos y antiburocráticos, como fue el Encuentro Nacional de trabajadores del 2 de abril, al que luchamos por darle continuidad, como resolvió esa misma reunión, en una Comisión de Enlace y nuevo encuentro abierto y con delegaciones que concurran con mandato de base.
Peleamos por la más plena democracia obrera en las organizaciones de los trabajadores, con libertad de acción para todas las tendencias que actúan en su seno. Es este un principio que defendemos tanto para las organizaciones que los trabajadores construyen bajo la dominación capitalista, como en las que sean base del futuro estado de los trabajadores que exprese su dominación sobre la minoría explotadora. Es para nosotros un hecho que sólo a partir de la lucha y disputa entre sus distintas tendencias y fracciones, la clase obrera puede procesar sus experiencias y llegar a la conciencia de sus objetivos revolucionarios finales, cuestión para la que es esencial la existencia de un partido revolucionario que agrupe en su seno a los más destacados miembros de la vanguardia. Es a través de la más plena democracia obrera que las tendencias combativas y revolucionarias pueden conseguir las mejores condiciones para enfrentar y derrotar a las corrientes burocráticas y reformistas y ganar a la mayoría de los trabajadores para su perspectiva. Por ello, se oponen a la democracia obrera las distintas burocracias que se han enquistado en las organizaciones de los trabajadores, ya sean sindicatos, partidos o incluso en aquellos estados donde los trabajadores llegaron a la conquista del poder. Por ser capas privilegiadas, las distintas burocracias obreras tienden al control totalitario y regimentado del movimiento obrero. Cualquier trabajador de nuestro país conoce esta situación a partir de su propia experiencia con los sindicatos, cuya máxima expresión son los métodos de matonaje tradicionales de la burocracia sindical peronista, con los que tratan de evitar todo control real de las bases trabajadoras. Algo que también caracteriza a los dirigentes de la CTA, que a pesar de su discurso “democrático” y “alternativo” también son enemigos de la democracia obrera.“Dirigentes ricos y trabajadores pobres”, es el resultado del predominio de esta capa privilegiada en las organizaciones obreras. Luchamos, por ello, por la expulsión de la burocracia del seno de las organizaciones de los trabajadores.

La alianza obrera y popular

La decadencia de las condiciones de vida no ha afectado sólo a la clase trabajadora sino a importantes franjas de las clases medias. Estas constituyen un sector heterogéneo, que en los últimos años se ha polarizado entre una minoría que se benefició con las políticas neoliberales de los ’90 y hoy ha vuelto rápidamente a altos niveles de consumo (que fue el que dio apoyo a Blumberg y sus reclamos de “mano dura”) y una mayoría que se ha pauperizado acompañando la situación de la clase obrera. Estas capas medias empobrecidas de la ciudad y el campo constituyen aliados potenciales que debe buscar la clase trabajadora en su lucha contra la explotación capitalista. Existen también amplias capas semi y subproletarias, que viven en condiciones de extrema precariedad y pobreza, cuya población nutre la periferia de las principales ciudades habitando en las villas de emergencia u ocupando edificios y locales. Cuentapropistas, vendedores ambulantes, cartoneros, son algunas de las figuras que expresan a esta franja de la población que enfrenta los principales flagelos sociales. Ambos sectores fueron grandes protagonistas de las jornadas de diciembre de 2001. Los más pobres protagonizando los saqueos, forma elemental de rebelión contra el hambre. Las capas medias de la Ciudad de Buenos Aires y de varias capitales del país mostrando la noche del 19 de diciembre una importante conciencia en defensa de las libertades democráticas, cuando enfrentaron el estado de sitio decretado por De la Rúa y Cavallo.
La clase trabajadora debe levantar un programa que dé salida a las necesidades más agobiantes de las masas populares. Entre ellas se encuentra la demanda de vivienda, para lo cual es preciso en lo inmediato enfrentar los desalojos y remates y luchar por una profunda reforma urbana que empiece por la expropiación de los inmuebles ociosos de los grandes propietarios. Para las masas del campo se impone la necesidad de una reforma agraria que expropie a los grandes propietarios rurales y, junto a créditos baratos y equipamiento, entregue la tierra en usufructo a las familias de chacareros pobres.
A su vez, para ganar como aliados a sectores de las capas medias, los trabajadores deben levantar audazmente la defensa de sus conquistas frente a los atropellos que el capital comete contra ellas. En este sentido, y por interés propio, las organizaciones obreras deben asumir la defensa de las libertades democráticas, denunciando sistemáticamente el cercenamiento constante de las mismas que realiza el estado capitalista. Sectores importantes de las capas medias han sido parte de los reclamos de estos años por el juicio y castigo a los asesinos de la dictadura, en la defensa de la educación y la salud pública y hoy simpatizan con demandas como el derecho al aborto libre y gratuito. De las clases medias es de donde proviene principalmente el estudiantado universitario, que en nuestro país incluye en el sistema de universidades públicas a amplios sectores de masas: hay actualmente más de 1 millón de estudiantes universitarios.
Políticamente, las capas medias fueron tradicionalmente base del radicalismo y, en los últimos años, han tendido a polarizarse entre el apoyo a los distintos proyectos de centroizquierda y, en sus franjas más acomodadas, a los exponentes de la derecha local, como hoy son Macri y López Murphy.
Para la clase trabajadora es fundamental lograr el apoyo de los sectores más empobrecidos y democráticos de las clases medias de la ciudad y el campo así como del movimiento estudiantil. A su vez, las demandas de estos sectores no pueden encontrar una salida duradera en los marcos de este régimen dominado por un puñado de monopolios.
El PTS lucha en el seno de la clase trabajadora para que esta levante un programa que le permita materializar la alianza obrera y popular. A su vez desarrolla una intensa actividad en el seno del movimiento estudiantil impulsando agrupaciones como En Clave Roja en las universidades y la Red de Agrupaciones Juveniles No Pasarán entre los secundarios, y agrupaciones en los terciarios, que luchan por centros y federaciones estudiantiles militantes enfrentando la burocratización de los mismos y su mera existencia como proveedores de servicios. Luchamos por mayor presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y por la anulación de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Peleamos no sólo por que el movimiento estudiantil se organice y enfrente al gobierno en la lucha por sus propias reivindicaciones, sino para que confluya con el movimiento obrero, alentando toda forma de solidaridad con las luchas de los trabajadores y promoviendo un verdadero “pacto obrero-universitario”, como forma de avanzar hacia una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Luchamos contra las distintas formas de impunidad que el régimen garantiza a los asesinos del pueblo de ayer y hoy. Enfrentamos junto a otras organizaciones la política de cooptación del movimiento de derechos humanos llevada adelante por los distintos gobiernos, como hace hoy Kirchner. Un gobierno que se presenta como “defensor de los derechos humanos” pero que no ha vacilado en mantener la continuidad de las causas a 4000 luchadores procesados y mantener decenas de presos políticos, como los detenidos por las movilizaciones de la Legislatura y de otras protestas sociales. Estamos por la inmediata libertad de todos los presos por luchar y por el desprocesamiento inmediato de todos los luchadores obreros y populares. El PTS es impulsor del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), donde abogados y compañeros de otras profesiones ponen sus conocimientos al servicio de las luchas de los trabajadores y contra la represión estatal. Entre otras actividades, el CeProDH ha jugado un papel muy importante en la defensa de causas que involucran a sectores antiburocráticos, logrando fallos que sentaron nueva jurisprudencia favorable a los trabajadores (como el “lock out ofensivo” en Zanon o las reincorporaciones logradas en la multinacional Pepsico), y también en la defensa de presos políticos, como el caso de Raúl Castells.
Participamos también activamente en el movimiento de mujeres, impulsando la agrupación Pan y Rosas. Un movimiento que hoy se encuentra dando una fuerte batalla contra los sectores oscurantistas y reaccionarios en defensa del derecho al aborto libre y gratuito, cuestión que sólo podrá conseguirse producto de la movilización popular.

Por la construcción de un gran partido de trabajadores

Para lograr acaudillar al conjunto de los sectores oprimidos, la clase trabajadora necesita ella misma emanciparse del control de los partidos patronales, rompiendo políticamente con el peronismo y otras variantes capitalistas.
Los distintos partidos políticos expresan diferentes intereses de clase o de coaliciones de clase. Desde la segunda mitad del siglo XX, la burguesía argentina contó con dos partidos de base popular que le permitieron contener al movimiento de masas: el radicalismo a las clases medias urbanas y rurales -y sectores de asalariados estatales y de “cuello blanco”- y el peronismo al grueso de la clase obrera. A la caída de la dictadura (que dejó en ruinas al llamado “partido militar”, al que recurrió frecuentemente para ejercer el poder la clase dominante nativa) radicales y peronistas se alternaron en el gobierno continuando y profundizando la obra de entrega al capital imperialista y de ataque al movimiento obrero iniciada por la dictadura genocida. En el caso del peronismo, que surgió a la vida política nacional presentándose como garante de los “derechos sociales” de los obreros y de la “soberanía nacional” contra el capital imperialista, bajo la década menemista mostró la reconversión del antiguo “nacionalismo burgués” en agente de la ofensiva neoliberal, entregando por completo la explotación de los recursos naturales y las empresas de servicios estratégicos a manos del capital imperialista y realizando un ataque en regla contra las condiciones de vida de la clase obrera, imponiendo las leyes “flexibilizadoras” que aumentaron la esclavización obrera. Menem y los gobernadores peronistas se unieron con los liberales de Alsogaray y los viejos “gorilas” para llevar adelante una segunda “década infame”. Los radicales, por su parte, se valieron del descontento de amplios sectores de la población con el menemismo y del apoyo de la llamada “centroizquierda” para conformar la Alianza y volver al gobierno de la mano de Fernando De la Rúa, luego del desprestigio sufrido bajo el gobierno de Alfonsín, a partir de la impunidad otorgada a los militares con las leyes de punto final y obediencia debida y su política económica antipopular. El gobierno de la Alianza perdió apoyo rápidamente al mostrarse como mera continuidad del menemismo. Represión frente a las luchas obreras y continuidad de las leyes y las medidas económicas antiobreras; corruptelas de todo tipo, como las coimas de la “Banelco” al Senado para la aprobación de la ley de flexibilización laboral; negociados con el capital financiero; un verdadero “combo” que fue haciendo al gobierno aliancista cada vez más impopular, con una conflictividad social en ascenso hasta la huída en helicóptero del presidente, el 20 de diciembre de 2001. Siete paros generales, multiplicación de los cortes de ruta, centenares de marchas y movilizaciones, los “tres actos” de la jornadas revolucionarias de diciembre (los saqueos, el cacerolazo del 19 a la noche y los enfrentamientos alrededor de Plaza de Mayo el día 20), configuran distintos momentos de la aguda lucha de clases que vivimos bajo un gobierno en el que había depositado sus expectativas la totalidad de las figuras del llamado “progresismo”. El grito de “que se vayan todos” expresó a su vez la profunda crisis del régimen de los partidos de la clase dominante como la debilidad de la clase trabajadora para presentarse como alternativa de poder. Más aún, atrapados entre la hiperdesocupación y el apoyo de la cúpula sindical a la política devaluacionista (que atacó ante todo al salario), la sectores centrales de la clase obrera se paralizaron frente a la crisis, ganando protagonismo los movimientos de desocupados y distintos sectores de las clases medias, que dieron el tono a las numerosas movilizaciones del año 2002.
Aunque con la recuperación económica y las ilusiones despertadas por el gobierno de Kirchner en importantes sectores de masas la burguesía se jacta de haber superado lo peor de la crisis, el régimen de partidos sigue transitando su decadencia. Continuamos desde este punto de vista en un período de transición, donde “lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer”. Está abierto un proceso histórico donde los trabajadores pueden superar la experiencia con el peronismo (y para algunos sectores con el radicalismo y la centroizquierda) y avanzar en la construcción de una herramienta política propia, que permita que su fuerza social se exprese como fuerza política.
La superación de la experiencia peronista es la cuestión estratégica a resolver para que sectores de masas de los trabajadores puedan avanzar hacia su independencia de clase. A pesar que coyunturalmente domina el actual escenario político, el peronismo sufre una crisis estructural. Se encuentra fragmentado y su control de la clase trabajadora es mucho menor de lo que fue históricamente. Luego de su reconversión neoliberal con Menem en los ’90 –algo que fue común a todos los movimientos nacionalistas burgueses latinoamericanos, como el MNR boliviano o el PRI mexicano-, recuperó el gobierno luego de la caída de De la Rúa. Hoy estamos viendo un recrudecimiento del enfrentamiento entre las fracciones peronistas que permitieron la llegada de Kirchner al gobierno, con una perspectiva abierta de lo que este enfrentamiento significará para los intentos en curso de recomponer el sistema de partidos de la burguesía. La fracción “kirchnerista”, que subió a la presidencia con sólo un 22% de los votos y de la mano del duhaldismo, se ha fortalecido logrando el apoyo de los distintos caciques peronistas provinciales, apelando al control que posee de los aparatos asistenciales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales y manteniendo expectativas entre los sectores populares, en base a un discurso de confrontación con los símbolos de los ’90 y a capitalizar políticamente los niveles de recuperación económica. Pero esto no significa que su poder sea sólido ni que se haya recompuesto el régimen de partidos, sino que se basa en una coalición inestable de distintos sectores que difícilmente pueda sostenerse si se detiene el crecimiento económico, el principal punto de apoyo del “doble discurso” gubernamental. Si la lucha de la clase trabajadora se radicaliza, el peronismo ya no podrá jugar el papel de dique de contención que tuvo en los ’70, cuando la confianza en Perón fue un elemento clave para bloquear las tendencias revolucionarias de la situación.
Desde el PTS alentamos todo paso que la clase trabajadora pueda dar en su ruptura con los distintos sectores del peronismo y el conjunto de los partidos patronales, y en conquistar su independencia política de clase. En este sentido, dirigimos hoy a los sectores combativos de los trabajadores la propuesta de comenzar a poner en pie un Partido de Trabajadores basado en sus organismos de lucha. Un partido en el que pelearemos para que tenga un claro programa de enfrentamiento a la dominación imperialista a partir del no pago de la deuda externa; que, entre otros puntos fundamentales, plantee la renacionalización de las empresas privatizadas bajo control obrero; que pelee por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar e indexado según la inflación, y por terminar con la desocupación repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados; y que se proponga como salida estratégica la lucha por un gobierno de trabajadores, basado en sus organismos de democracia directa.
La lucha por la independencia política de los trabajadores se opone también a las distintas variantes de la llamada centroizquierda que no están en el gobierno, como el ARI de Elisa Carrió, el “Encuentro de Rosario” o a movimientos sustentados solamente en figuras mediáticas, como es el caso de Zamora, quien cada vez más abandona toda referencia a la clase trabajadora e, incluso, a la izquierda en general. En el caso del “Encuentro de Rosario” -que tiene como auspiciantes principales a Víctor De Gennaro de la CTA, al banquero Carlos Heller, al Partido Socialista, al Partido Comunista y a la dirigente radical Margarita Stolbizer- pretende en perspectiva desarrollar en Argentina algo similar al Frente Amplio uruguayo, es decir, una variante de “centroizquierda” que se propone llegar al gobierno con un discurso “progresista moderado” para gerenciar el capitalismo sin afectar los intereses del imperialismo ni de los grandes grupos capitalistas; apenas una variante de lo que ya está haciendo Kirchner en el gobierno.

La importancia estratégica de la coordinación y los organismos de democracia directa

La coordinación a cada paso entre distintos sectores es clave para ir generando una dinámica que permita en los momentos de lucha de clases más aguda conformar más fácilmente organizaciones que expresen el frente único de las masas explotadas en lucha. Nuestro partido se distingue entre otros de la izquierda por plantear sistemáticamente la puesta en pie de estos organismos, luchando para que la coordinación no exprese meramente acuerdos o consensos por arriba de los dirigentes sino la intervención activa de la base, a partir de delegados electos y mandatados de los distintos sectores. En los momentos donde la crisis de dominación burguesa se combina con la salida generalizada a la lucha de los trabajadores, es decir, en situaciones revolucionarias, estos organismos, si se desarrollan, tienden a constituirse en la expresión del poder de los trabajadores y los explotados, que confronta con el poder del estado capitalista en decadencia. En los procesos revolucionarios del siglo XX hemos tenido numerosas manifestaciones del desarrollo de organismos de este tipo. Los más conocidos han sido los “soviets” rusos, que surgidos originalmente en la revolución de 1905 fueron luego la base del poder obrero en octubre de 1917. Pero también tuvimos entre otras experiencias los consejos de fábrica en la revolución alemana de 1919 o los consejos obreros de la revolución húngara de 1956. En nuestro continente embriones de estos organismos se expresaron en la Central Obrera Boliviana (COB) durante la revolución de 1952 y en los procesos revolucionarios de los ’70, en la Asamblea Popular boliviana de 1971, los cordones industriales en el Chile de Allende o las coordinadoras interfabriles en nuestro país en 1975.
En parte, las Asambleas Populares que surgieron fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en varias capitales provinciales luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 expresaron también una tendencia de sectores de las masas a la autoorganización y a expresarse bajo formas de democracia directa. Pero estas asambleas, a pesar de los avanzados programas votados en algunos casos, carecían de fuerza social para llevar adelante sus propósitos. Se organizaban barrialmente como grupo de vecinos, cada uno de los cuales participaba en representación exclusiva de sí mismo. Los asambleístas que eran trabajadores no participaban en tanto tales ni llevando el mandato de sus compañeros de trabajo. Debido a la ausencia de intervención protagónica de la clase obrera en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en los primeros meses de 2002, en las asambleas primaron posiciones “autonomistas”, que resaltaban la intervención de cada asambleísta en tanto individuo y cuestionaban toda visión que señalaba la necesaria centralidad de los trabajadores en la lucha anticapitalista. Esto ayudó a privar a las asambleas de la fuerza social para materializar muchas de las demandas más progresivas que llegaron a levantar, como la renacionalización de las empresas privatizadas, explicando la impotencia y desazón en la que cayeron muchos de sus integrantes. Pero, más allá de estos límites muy importantes, han quedado como una experiencia que hemos visto reactualizarse en la imposición de métodos de democracia directa en varias de las luchas obreras del último período. Serán sin duda, junto a la experiencia de las coordinadoras interfabriles del ’75, un antecedente a retomar y superar por parte de la clase obrera frente a una futura manifestación aguda de la crisis orgánica que aún sigue atravesando el capitalismo argentino.

Por un partido revolucionario de la clase trabajadora

Pero la historia también ha mostrado que aún poniendo en pie organismos de democracia directa que expresen el doble poder obrero, la burguesía no podrá ser derrotada si los trabajadores no cuentan con la dirección de un partido revolucionario. En los momentos decisivos, la burguesía intentará evitar que los trabajadores lleguen al poder mediante la combinación de dos instrumentos, el golpe contrarrevolucionario (como vimos con Pinochet en Chile o Videla en Argentina) y la subordinación política de los trabajadores a sus “aliados” burgueses o pequeñoburgueses, política que tiene el nombre de “frente popular” y que ha llevado a la derrota a multitud de procesos revolucionarios, desde la guerra civil española en los ’30 a la revolución chilena bajo el gobierno de Allende. El partido revolucionario es clave para que los trabajadores puedan enfrentar y derrotar estos peligros. Al contrario de lo que postulan las corrientes autonomistas y sindicalistas, la experiencia de la multitud de procesos revolucionarios que vivimos en el siglo XX ha demostrado esta necesidad, por la positiva y por la negativa. La falta de un partido de estas características, que se proponga dirigir a la clase obrera a la toma revolucionaria del poder a través de sus organismos de democracia directa, fue causa central, por ejemplo, en la derrota en nuestro país del ascenso revolucionario iniciado con el Cordobazo y los Rosariazos en 1969.
Este partido no surgirá de la noche a la mañana sino que se tiene que ir forjando en los combates y experiencias previas a esos momentos revolucionarios. El PTS lucha activamente por construir tal partido, que sólo podrá desarrollarse en estrecha relación con los procesos más avanzados de la vanguardia obrera.
El avance de los trabajadores en su conciencia de clase no es nunca producto de una evolución lineal ni un resultado mecánico de las luchas, sino de una combinación entre la experiencia adquirida en los procesos de lucha con la intervención conciente del partido marxista revolucionario, buscando generalizar y desarrollar cada avance conquistado. Precisamente, la necesidad de un partido revolucionario se deriva del hecho que la clase trabajadora no es un todo homogéneo ni social ni políticamente. Tiene distintas capas que no necesariamente se ubican igual –algunas son vanguardia, otras retaguardia; algunas activas, otras indiferentes; etc.- frente a los distintos procesos de la lucha de clases. El partido revolucionario busca expresar en cada momento las tendencias más avanzadas de la clase trabajadora, tratando de superar las divisiones que son alentadas por la clase dominante y las burocracias sindicales. Puede realizar esto porque su programa parte de una comprensión lo más acabada posible de las tendencias generales del desarrollo capitalista y sus contradicciones y de que intenta condensar lo mejor de las experiencias realizadas internacionalmente por la clase obrera en la lucha por su emancipación social, de forma tal de no tener que empezar de cero ante cada nueva lucha.
En nuestro país, la construcción de un partido revolucionario se enfrenta en primer lugar al hecho que a pesar del descrédito que tienen los partidos patronales, incluido el peronismo, todavía no hemos vivido procesos de radicalización política en amplias franjas de la clase trabajadora. De ahí la necesidad de plantear constantemente tácticas y puentes –como es el llamado a conformar un partido de trabajadores- que permitan mejores condiciones para el desarrollo de la influencia de los revolucionarios entre los trabajadores.
En nuestro país, la izquierda está compuesta por un conjunto de pequeños partidos y grupos. Algunos de ellos son claramente reformistas, opuestos a que la clase trabajadora conquiste el poder. Son quienes sostienen como estrategia la construcción de “frentes amplios” al estilo uruguayo, como el Partido Comunista, ferviente impulsor de todo tipo de alianzas con la centroizquierda, como es hoy el Encuentro de Rosario. No más que una reiteración de su histórica política de colaboración de clases con los sectores “progresistas”, “patrióticos” o “democráticos” de la burguesía que lo llevaron a estar repetidamente en la vereda de enfrente de los trabajadores, apoyando a la Unión Democrática en 1946 y al golpe gorila en 1955, o considerando como generales “democráticos” a Videla y Viola en la última dictadura. Más recientemente, apoyó a políticos arribistas como Néstor Vicente o Chacho ˜álvarez, política que hoy pretende reeditar con “viudas” de la Alianza, como Alicia Castro o el Partido Socialista. Algo similar ocurre con el Partido Comunista Revolucionario (PCR), quien orienta la CCC. Este partido, detrás de su abstencionismo electoral, sostiene una estrategia de alianza con la “burguesía nacional”, política que en 1989 lo llevó a ser parte del frente con el que Menem llegó al gobierno, o en los ’70 alinearse junto al gobierno de Isabel y López Rega.
Están también aquellos que manteniendo un programa en general revolucionario se adaptan en su práctica a las corrientes reformistas. Son por ello partidos centristas, que oscilan entre la reforma y la revolución. Entre ellos, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), hoy dividido en dos fracciones, es quien más se ha adaptado a la estrategia sostenida por el PC, con el que lleva más de diez años de acuerdo en Izquierda Unida, aceptando hoy su política de llevar como candidatos a las elecciones de octubre a figurones de la “centroizquierda” como Mario Cafiero.
Por su parte, el Partido Obrero ha mostrado una tendencia a repetir en forma degradada los rasgos negativos del “viejo” MAS de los ’80, combinando electoralismo con sindicalismo y autoproclamación sectaria con oportunismo político. Decimos degradadamente porque la ampliación de la base del PO se ha dado a partir de la construcción de una “colateral” piquetera en base a la administración de los planes sociales del estado y a oponerse a impulsar las experiencias más avanzadas de autoorganización entre los trabajadores.
A pesar de las importantes diferencias políticas y estratégicas que mantenemos con las distintas organizaciones que mencionamos anteriormente, impulsamos la unidad de acción con estas corrientes cuando esto signifique un avance para la movilización o la organización de la vanguardia obrera, estudiantil y popular, como por ejemplo las manifestaciones del 24 de marzo, acciones antiimperialistas, de apoyo a las luchas de los trabajadores o por la libertad de los luchadores presos. En el caso de las organizaciones que se reclaman de la izquierda obrera y socialista, desde el PTS realizamos permanentes llamados a estas fuerzas a no hacer seguidismo a las corrientes reformistas y a que conformemos bloques políticos que ayuden a que los trabajadores avancen hacia su independencia política. Un ejemplo de acuerdos de este tipo es el frente que hemos constituido entre el PTS y el MAS para las próximas elecciones legislativas de octubre en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Desde su fundación en mayo de 1988, nuestro partido debió desarrollarse en un período caracterizado por un fuerte retroceso de la clase trabajadora a nivel nacional e internacional y de un descrédito de la perspectiva socialista. Desde hace algún tiempo esta situación ha comenzado a modificarse y la fuerza de nuestra estrategia y programa empieza a probarse en la práctica misma de la lucha de la clase trabajadora. Muchos de nuestros dirigentes, cuadros y militantes ocupan puestos destacados en el seno de las organizaciones obreras y estudiantiles combativas. Hemos aportado –como en los casos de Zanon y Brukman, en la recuperación del cuerpo de delegados de Astilleros Río Santiago, en la oposición antiburocrática en la alimentación, ferroviarios, telefónicos, metalmecánicos y siderúrgicos, entre otros- al desarrollo de experiencias de recomposición de la clase trabajadora. Pero sabemos que lo hecho hasta ahora no es más que un pequeño paso. En estos tiempos en que madura la experiencia con el gobierno de Kirchner, está planteado ganar nueva influencia para poder incidir decisivamente en los momentos en que grandes franjas de trabajadores den pasos hacia su independencia de clase.

La importancia de la lucha teórica e ideológica

Si históricamente es un principio que “no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria” (Lenin), hoy la importancia de la lucha teórica e ideológica en la actividad del partido revolucionario se ve acentuada tras la debacle de los regímenes stalinistas, cuya caída buscó ser utilizada por los ideólogos del capitalismo como la muestra del fin del socialismo. La degeneración burocrática de la Unión Soviética, el primer estado donde la clase obrera conquistó el poder, tuvo consecuencias funestas para la clase trabajadora internacional. Allí la burocracia liderada por Stalin buscó consolidar los privilegios obtenidos a partir del control del aparato de estado persiguiendo, encarcelando y asesinando a los revolucionarios que se opusieron a su dominio. El dirigente más importante de esta oposición fue León Trotsky, dirigente junto a Lenin de la revolución de octubre de 1917 y creador del Ejército Rojo. Luego de una dura lucha, Stalin finalmente impuso su control sobre el estado soviético y sobre el partido y la internacional comunistas. El régimen despótico de partido único impuesto por la burocracia en la ex URSS fue tomado como “modelo” en otros países donde, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, fueron expropiados los capitalistas (China, la mayoría de los países de Europa oriental y los Balcanes, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Camboya...). El control totalitario de la burocracia permitió a la clase capitalista desplegar una amplia campaña “anticomunista” a nivel mundial, desacreditando al ejercicio del poder por parte de la clase obrera como inherentemente destinado a generar una nueva forma de opresión. Esta propaganda ganó aún más peso con el derrumbe generalizado de los regímenes stalinistas en la ex URSS y Europa oriental a comienzos de la década de los ’90 del siglo XX, donde los sectores dominantes de la burocracia gobernante buscaron consolidar y ampliar sus privilegios reconvirtiéndose en clase capitalista. De ahí que en estos países sea corriente ver entre los nuevos gobernantes y los nuevos ricos que se quedaron con los recursos del estado a tantos “ex comunistas”.
Pero esta propaganda ha encontrado su límite en el hecho que la dominación capitalista imperialista no hace sino incrementar las penurias de las masas y acrecentar exponencialmente las desigualdades entre la pequeña minoría de propietarios capitalistas y la mayoría explotada, tanto internacional como nacionalmente. Mientras la mitad más pobre de la población mundial, unos 3.200 millones de personas, recibe en promedio tan sólo 2 dólares diarios, el 20% más rico se queda con un 84% de toda la riqueza producida mundialmente. Sin embargo, la insatisfacción de amplios sectores de masas con el estado de cosas existente y el desprestigio que hoy tiene el “neoliberalismo” no implican un resurgimiento mecánico de las ideas socialistas y del marxismo. Si bien ya no estamos en los momentos de “triunfalismo burgués” que reinó en los comienzos de los ’90, las secuelas dejadas por el dominio stalinista y socialdemócrata en el movimiento obrero están lejos de haber sido superadas. La reconstrucción teórica del marxismo y la difusión de las ideas socialistas enfrentando las distintas variantes de la ideología burguesa tiene en la actualidad una enorme importancia, tanto para la formación de los cuadros y militantes marxistas revolucionarios como para el desarrollo de la educación política de los sectores de vanguardia. Desde el PTS decimos que ninguna corriente revolucionaria puede desarrollarse sino es sobre firmes bases teóricas y programáticas y confrontando con las distintas teorías propagadas por la clase dominante. Por ello, impulsamos iniciativas que hacen a la batalla en el “frente ideológico” en los distintos niveles que se presentan. Por un lado, editamos las revistas Estrategia Internacional (junto a los demás integrantes de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional) y Lucha de Clases, donde damos cuenta de nuestras elaboraciones teóricas y políticas, y apostamos al desarrollo y formación de una nueva generación de intelectuales marxistas militantes. A un nivel más amplio, este año hemos abierto el Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx” donde, continuando en un plano superior la actividad que venimos realizando desde hace años con el Centro de Estudios Investigaciones y Publicaciones “León Trotsky” y la Cátedra Libre “Karl Marx” en distintas universidades del país, se realizan cursos, seminarios, debates y actividades de investigación que buscan contribuir a que las ideas marxistas revolucionarias ganen influencia entre el activismo obrero y estudiantil y entre la intelectualidad de izquierda.

Un régimen de "democracia para ricos"

Como toda clase dominante que ha existido en la historia, la pequeña oligarquía de grupos capitalistas extranjeros y nativos que controla y se apropia de los principales recursos de la economía nacional sólo puede mantener su dominio a partir de contar con el andamiaje del aparato de estado. El núcleo duro del estado capitalista está constituido por las distintas fuerzas represivas, cuya función, independientemente del origen social de sus integrantes, es la preservación del orden social capitalista. En connivencia con los grandes empresarios, la cúpula de la iglesia y aún los dirigentes de los partidos patronales, los militares realizaron bajo la dictadura iniciada en marzo de 1976 el mayor genocidio de nuestra historia, produciendo miles de asesinatos, desaparición forzada de personas y exilados, con el fin fundamental de disciplinar a una clase obrera y a toda una generación militante que se había mostrado completamente indomesticable para las pretensiones patronales. Fue una de las manifestaciones más claras de cuál es el rol en todo estado capitalista de las fuerzas represivas del estado.
Si bien desde el fin de la dictadura militar, las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), por el desprestigio que tuvieron debido a la represión dictatorial y a su vergonzosa derrota militar en la guerra de Malvinas, han evitado participar de la represión directa de las luchas sociales, han sido las llamadas fuerzas de seguridad (policías federal y provinciales, gendarmería y prefectura) quienes han cumplido este rol, recurriendo a duras represiones que incluyeron el asesinato de distintos militantes y participantes de las luchas populares, como Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Ojeda, Escobar, las decenas de asesinados del 19 y 20 de diciembre, o Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, así como cientos de víctimas del “gatillo fácil”. Los aparatos judicial y carcelario completan el andamiaje represivo del estado capitalista, cuyas características centrales no varían independientemente del régimen político del que la burguesía se valga para ejercer su dominio, ya sea una dictadura militar directa o un régimen democrático parlamentario. La idea popular que hay “una justicia y cárceles para los pobres y otra para los ricos”, simplemente corrobora este carácter inevitablemente clasista que en el capitalismo tiene el aparato judicial y carcelario.
Pero ninguna clase dominante se apoya solamente en mecanismos de coerción. La burguesía domina también a partir de distintos medios a través de los cuales busca legitimarse ante las masas a las que oprime y explota. El actual régimen democrático parlamentario en que se basa hoy la dominación capitalista se apoya en una ficción de soberanía popular y en el fetichismo jurídico de la “igualdad ante la ley”. Cada dos o cada cuatro años, los trabajadores y el pueblo votan a quienes van a ser sus verdugos. En el sistema constitucional argentino, el presidente tiene poderes de monarca, con la potestad de designar ministros a los que nadie votó, que son quienes ejercen el poder real a partir de sus acuerdos con distintos lobbys capitalistas. El poder legislativo no sólo cumple un rol esencialmente decorativo sino que tiene una cámara de senadores oligárquica cuya función fundamental es defender los intereses de las distintas elites provinciales. No existe el principio de revocabilidad y los funcionarios electos y del poder ejecutivo tienen todo tipo de prebendas, con retribuciones equiparables al de las plantas gerenciales de las grandes empresas capitalistas. La vida política se encuentra además mediada por el control que ejercen los grandes grupos propietarios de medios de comunicación de masas, que influyen decisivamente a favor del predominio de los candidatos del establishment. Este régimen político es una verdadera “democracia para los ricos”.
El sufragio universal, a la vez que permite un proceso de politización de amplias capas de masas, cumple en el régimen capitalista la función esencial de limitar la intervención de las masas en la vida política a la instancia del voto, el cual se realiza en circunstancias que atomizan a los trabajadores en tanto individuos. La “igualdad ante la ley” en que se asientan los derechos de ciudadanía en la sociedad burguesa es a la vez una conquista histórica respecto del feudalismo como una herramienta que permite ocultar la desigualdad real entre capitalistas y obreros sobre la que se apoya el actual sistema social. Esto no quita que ante cualquier ataque reaccionario, los marxistas defendamos las libertades democráticas conquistadas, ya que favorecen las condiciones de organización de la clase obrera. Ni que utilicemos la legalidad electoral para propagandizar nuestro programa, aprovechando un momento de politización en sectores de masas para agitar nuestras ideas, peleando por obtener bancas parlamentarias para ponerlas al servicio de la denuncia del régimen y de la movilización extraparlamentaria de los trabajadores.
El PTS levanta audazmente toda demanda democrática que permita que las masas hagan su experiencia con este régimen. La clase dominante cercena permanentemente los derechos democráticos de las masas. Ante cada ataque contra estos derechos, luchamos para que la clase trabajadora se ponga a la cabeza de su defensa buscando desarrollar la movilización e impedir que las legítimas luchas democráticas sean utilizadas demagógicamente por los que buscan “perfeccionar” el régimen político burgués.
En los momentos posteriores a la caída de De la Rúa en diciembre de 2001–o en la Ciudad de Buenos Aires en la crisis abierta en el gobierno de Ibarra tras la masacre de Cromañón- vimos una clara muestra de cómo los políticos de la burguesía conspiran para evitar cualquier incidencia de las masas en la resolución de la crisis. Todos ellos, cuando el pueblo en las calles gritaba “¡que se vayan todos!”, se opusieron a convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la más democrática de las instituciones basadas en el sufragio universal, permitiendo la continuidad del régimen de dominio. Sostenemos la utilidad de plantear tal demanda en los momentos de crisis política, enfrentando las salidas entre bambalinas que realizan los políticos patronales, llamando a la población que confía aún en el voto como forma de imponer sus demandas, a movilizarse por conquistar esta salida. Este proceso permitirá acelerar la experiencia con la democracia parlamentaria y que amplios sectores del movimiento de masas se convenzan de la necesidad de reemplazar este régimen por uno basado en el poder autoorganizado de la clase trabajadora y el pueblo explotado.
En las actuales circunstancias sostenemos, entre otras demandas democráticas, la eliminación de la Corte Suprema de Justicia, la instauración de juicios por jurados, y la elección de los jueces por sufragio universal, así como la eliminación de la figura presidencial, la disolución de la Cámara de Senadores y la imposición de una cámara única, con revocabilidad para todos los cargos electos y salarios para los diputados equivalentes a lo que gana un obrero o una maestra.

La democracia de los trabajadores y las masas explotadas por la que luchamos

En la lucha consecuente y hasta el final por terminar con el atraso y la dependencia nacionales; por acabar definitivamente con el hambre, el desempleo y la miseria; por conquistar educación, salud y vivienda acordes a las verdaderas necesidades sociales, los trabajadores, acaudillando al pueblo pobre, se encontrarán ante la necesidad de protagonizar una revolución obrera y socialista, en la que la conquista del poder político permita la expropiación de la gran patronal. Con la nacionalización de los principales medios de producción, los recursos económicos podrán, mediante su planificación democrática, ser puestos al servicio de satisfacer las necesidades de los trabajadores y el pueblo y no de acrecentar las ganancias de las empresas imperialistas y de un puñado de capitalistas nativos, como ocurre actualmente.
Es que la superación del orden social donde la “igualdad formal” consagra la “desigualdad real” requiere inevitablemente terminar con la fuente de esta desigualdad, la propiedad privada de los medios de producción, el medio que permite que un puñado de capitalistas vivan privilegiadamente en medio de la carencia general.
Bajo el dominio de un grupo poco numeroso de grandes propietarios, lejos de ser la “forma más racional de asignación de los recursos” como sostienen los economistas de la burguesía, la economía funciona en el capitalismo como una verdadera máquina de despilfarrar fuerzas productivas. Los recursos económicos se ponen en movimiento a partir de la búsqueda de ganancia que intenta cada capitalista en competencia con otros. El resultado de esto es un movimiento anárquico que no sólo da lugar a irracionalidades de todo tipo en la disposición de los recursos económicos sino a crisis recurrentes que golpean fundamentalmente sobre las masas populares, como vimos durante los procesos hiperinflacionarios de 1989-91 y acabamos de ver durante la reciente crisis recesiva que se extendió de agosto de 1998 a marzo de 2002. Más aún, por ser nuestro país una nación semicolonial, con una economía dominada en gran parte por el capital imperialista y sus recursos succionados por diversos mecanismos, el principal de ellos la deuda externa, todo esto que es propio de cualquier economía capitalista se manifiesta en forma agravada.
A lo largo de nuestra historia, la burguesía local ha dado muestras más que suficientes de su incapacidad para liberar a la nación de la opresión imperialista. Al contrario, los capitalistas nativos actúan hoy en connivencia completa con el capital extranjero, como sus socios menores.
Frente a ellos, la clase trabajadora, acaudillando a las masas populares, es la única que puede verdaderamente defender el interés de la nación oprimida. Esta defensa implica en primer lugar el no pago de la deuda externa. El fin de la sangría de la deuda permitiría contar con recursos para aplicar a la resolución de problemas que afectan directamente a la población trabajadora, como la vivienda o la salud y la educación pública.
Luchamos también por la renacionalización de las empresas de hidrocarburos (petróleo y gas) y de servicios públicos privatizadas. Su funcionamiento bajo control de los trabajadores (y también comités de usuarios populares en el caso de los servicios) permitirían contar con estos recursos estratégicos para reorganizar la economía de acuerdo a las necesidades de las masas explotadas.
La irracionalidad del capitalismo puede verse en nuestro país en dos ejemplos sencillos: el hambre y el desempleo. ¿Cómo puede haber hambrientos en un país de 36 millones de habitantes que genera alimentos para más de 300 millones? La expropiación de los grandes grupos alimenticios (que hoy están ganando fortunas) es para millones una simple cuestión de supervivencia. Igualmente podemos decir del desempleo, un fenómeno típicamente capitalista. Si los recursos económicos fundamentales estuviesen en poder de los trabajadores, bastaría dividir el total de horas necesarias para producir toda la riqueza nacional sobre el total de trabajadores ocupados y desocupados -estableciendo una jornada media de trabajo y repartiendo equitativamente entre todos-, con un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($ 1800), para que el desempleo fuese algo del pasado.
Medidas de este tipo sólo podrán ser llevadas hasta el final por un gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado. Este no será el resultado de un mero traspaso del poder a un gobierno que mantenga los fundamentos del estado capitalista. Toda la experiencia histórica demuestra que los capitalistas no permitirán pacíficamente que se afecten sus privilegios. Tratarán de recurrir a golpes de estado como el de 1976 en nuestro país o el de Pinochet en Chile en 1973, e incluso a la intervención en su auxilio de tropas de los países imperialistas. De esta segura oposición de las clases poseedoras se deriva el carácter revolucionario de las acciones que tendrán que protagonizar los trabajadores para llegar al poder, abriendo con la huelga general política el camino para el derrocamiento de la burguesía, que sólo será posible si las masas desarrollan previamente sus propios organismos de autodefensa, las milicias obreras y populares, capaces de derrotar a las fuerzas represivas del estado burgués.
Los trabajadores en el poder organizarán un estado que sirva a sus necesidades y las del pueblo pobre, no uno como el actual, que está hecho para servir a los intereses capitalistas. Será un estado que actuará despótica e inflexiblemente frente a la inevitable resistencia contrarrevolucionaria de las clases poseedoras nativas y extranjeras, con los que la clase obrera sabrá saldar sus cuentas, a la vez que bregará porque los trabajadores y el pueblo explotado ejerzan verdaderamente el poder y gocen de los mayores derechos, los que les son negados en el actual régimen de explotación.
Para ejercer el poder efectivamente, los trabajadores precisan poner en pie una verdadera democracia de los trabajadores y las masas explotadas. Esta se apoyará en primer lugar en la disolución de las actuales fuerzas represivas y su reemplazo por el armamento del pueblo a través de milicias ciudadanas de los trabajadores y el pueblo pobre, que garantizarán la defensa y seguridad del pueblo explotado. Serán abolidas todas las prerrogativas de la figura presidencial y las actuales cámaras legislativas serán reemplazadas por una Asamblea Nacional de los consejos de trabajadores y del pueblo pobre, con diputados revocables por sus electores y con un salario equivalente al de un obrero o un maestro, electo a partir de su unidad de trabajo o territorio. Esta Asamblea concentrará las funciones legislativa y ejecutiva –eligiendo a los ministros responsables ante ella- y tendrá el control del nuevo régimen judicial, que dejará de ser una esfera alejada del control popular, eliminándose la actual casta de jueces y participando el pueblo directamente, a través de tribunales populares, en el ejercicio de la justicia, cuyos funcionarios rendirán cuentas ante la Asamblea Nacional. Aunque los ataques de la contrarrevolución interna y externa probablemente exigirán medidas excepcionales, el nuevo régimen buscará la vigencia de plenas libertades para que los trabajadores y el pueblo pobre ejerzan sus derechos políticos, con libertad para formar los partidos políticos que deseen, con pleno acceso a los medios masivos de comunicación que, ahora nacionalizados, darán espacio a cada organización según su representatividad, garantizando amplio acceso a las minorías. Con la reducción de la jornada de trabajo y la transformación de las fábricas y lugares de trabajo y estudio en ámbitos de deliberación colectiva (cuestión hoy facilitada por la existencia de los modernos medios de comunicación, como la televisión, la radio e internet), los trabajadores podrán decidir verdaderamente sobre los destinos de la economía y la política. La planificación democrática de los recursos económicos, ahora en manos de los trabajadores al igual que el conjunto de los recursos científicos y tecnológicos, permitirá terminar con los flagelos del capitalismo y comenzar un desarrollo económico, científico y cultural de acuerdo a las necesidades de las grandes masas trabajadoras. Es decir, comenzar la construcción de la sociedad socialista.
En América Latina, en el único caso en el cual un proceso revolucionario terminó con la expropiación de los imperialistas y de los capitalistas y terratenientes nativos fue la revolución cubana. De ahí la hostilidad permanente que el imperialismo yanqui ha tenido frente a Cuba y la obligación de todo revolucionario de defenderla frente a las agresiones imperialistas. Pero en la isla, el régimen político imperante bajo el liderazgo de Fidel Castro copió el modelo del “partido único” y del culto al líder infalible del stalinismo, y el poder político no está realmente en manos de los obreros y campesinos sino de la casta burocrática gobernante. Los funcionarios del partido y del estado cuentan con privilegios y prebendas que los transforman en una capa burocrática que se mueve de acuerdo a la defensa de sus intereses, muchas veces contradictorios con los de los obreros y campesinos. La mejor defensa de las conquistas de la revolución cubana no pasa por la negación de la existencia de esta casta burocrática, que en el pasado avaló todos los crímenes de la burocracia de la ex URSS, como la invasión a Checoslovaquia, y hoy llama a apoyar a los gobiernos centroizquierdistas de la región, como los de Kirchner y Lula. Una confianza en los gobiernos de las burguesías latinoamericanas que reitera lo realizado a comienzos de los ’80, cuando Castro llamó a los sandinistas a no avanzar en la expropiación de la burguesía y“no hacer de Nicaragua otra Cuba”, para ganar el favor de los gobiernos que surgían a la caída de las dictaduras. Para evitar que se fortalezcan las tendencias internas que -con el apoyo de las distintas potencias imperialistas y de la Iglesia Católica- dentro y fuera del aparato de gobierno presionan por la restauración del capitalismo, es preciso que los obreros y campesinos movilizados terminen con todos los privilegios burocráticos, desarrollen sus verdaderos órganos de democracia directa, permitiendo una real planificación democrática de la economía y, en vez del monopolio político actual del Partido Comunista, gocen de legalidad todos los partidos y tendencias que defiendan las conquistas revolucionarias. Un proceso de este tipo proyectaría a Cuba nuevamente como una avanzada activa de la revolución socialista en toda América.

La lucha de los trabajadores es internacional

Pero la consumación de la sociedad socialista no es algo que pueda concretarse meramente en los marcos de las fronteras nacionales. Esto es algo que se deriva del carácter de la producción y el comercio mundiales ya desarrollados por el capitalismo. El capitalismo contemporáneo, expresión de un momento de su fase imperialista, combina dos tendencias. Por un lado, la mayor productividad empuja hacia la internacionalización de las fuerzas productivas y al desarrollo de mercados cada vez más amplios. Por otro, los grandes monopolios capitalistas necesitan recurrir a sus respectivos estados para asegurarse mejores condiciones en la competencia que mantienen entre sí. Esta competencia por el dominio mundial, que llevó en el siglo XX a dos guerras mundiales, con consecuencias catastróficas para las masas trabajadoras de todo el mundo, lleva hoy a múltiples disputas entre las principales potencias imperialistas (EE.UU., los países de Europa occidental y Japón) por asegurarse el control de los distintos mercados. Es una disputa que, a diferencia de lo afirmaban ingenuamente los teóricos de la “globalización”, sólo podrá culminar con el fin de la dominación imperialista a escala mundial. Ninguna sociedad nacional puede evadirse al hecho que los modernos medios de producción ya hace tiempo que funcionan a escala “global”. El sistema mundial no está compuesto por una suma de países y economías independientes, sino que es un todo que sobredetermina las distintas especificidades nacionales. Construir el socialismo no es posible retrocediendo a economías nacionales autosuficientes, sino supone superar las contradicciones insalvables del capitalismo y avanza hacia una sociedad verdaderamente mundial. Por ello, el proyecto de sociedad por el que luchamos implica la superación de las fronteras nacionales, que hace tiempo se han vuelto un anacronismo en relación a las fuerzas de producción existentes, y la derrota del imperialismo a nivel internacional. El movimiento obrero moderno fue fundado sobre la comprensión profunda de esta realidad, que si ya era un fenómeno actuante a mediados del siglo XIX hoy lo es en una escala muy superior. De ahí el carácter intrínsecamente internacional que posee el proceso de la revolución socialista. Más aún en una economía atrasada y dependiente como la Argentina, donde el comienzo de la organización socialista de la economía requerirá tanto de su ampliación hacia los países vecinos como lograr el apoyo de los trabajadores de los países centrales, que es donde se concentran los principales recursos tecnológicos y científicos con que cuenta la humanidad, imprescindibles para que el cambio de las relaciones de propiedad conduzca a una real y duradera superación del atraso y la miseria.
La misma necesidad de una política internacionalista se deriva de los requerimientos de autodefensa del proceso revolucionario. Un triunfo de este tipo en cualquier país latinoamericano demandaría más o menos inmediatamente su extensión hacia los países vecinos cuyas clases dominantes se verían ellas mismas amenazadas y tratarían de desactivar la onda expansiva que toda revolución trae consigo. Las potencias imperialistas, con EE.UU. a la cabeza, desencadenarían distintas formas de agresión, como lo han hecho siempre frente a quienes desafían sus dictados, ya sea interviniendo militarmente en forma directa, apoyando intentos de golpes de estado o recurriendo a medidas de ahogo económico como el bloqueo que mantiene desde hace más de cuarenta años contra Cuba. Concretar el sueño de los independentistas latinoamericanos del siglo XIX de una única nación latinoamericana, de lo que las burguesías nativas se han mostrado completamente incapaces, será una cuestión de supervivencia para cualquiera de nuestros países en el que los trabajadores y campesinos se hagan del poder. Necesitará además del apoyo activo de los trabajadores de los propios países imperialistas, como vimos durante la guerra de Vietnam, donde la primer derrota militar del imperialismo yanqui fue posible no sólo gracias al heroísmo del pueblo vietnamita sino también gracias al poderoso movimiento antiguerra surgido en el seno mismo de los Estados Unidos. O como hemos vuelto a ver durante la guerra de Irak, cuando frente a la agresión norteamericana se produjeron en marzo de 2003 manifestaciones simultáneas en 500 capitales de los cinco continentes, que nuclearon a alrededor de 10 millones de personas.
Nuestra práctica y concepción antiimperialista e internacionalista se apoya en la convicción que las masas trabajadoras del mundo tienen todo por ganar si unen sus fuerzas contra sus explotadores. Nuestro internacionalismo no es sólo teórico, un punto de vista, sino también práctico y organizativo. Por ello impulsamos toda forma de solidaridad con las luchas obreras en todo el mundo, como hicimos recientemente impulsando el apoyo a las movilizaciones del pueblo boliviano. Contra toda forma de chovinismo, peleamos porque la clase trabajadora argentina retome la conciencia internacionalista que tuvo en sus orígenes.
Históricamente, la clase trabajadora construyó no sólo grandes sindicatos y partidos nacionales sino organizaciones a nivel internacional, como la Primer y Segunda Internacionales en el siglo XIX y la Tercer y Cuarta Internacionales en el siglo XX. Esta última fue fundada por León Trotsky en 1938 ante la burocratización de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista. Pero a la muerte de Trotsky, sus seguidores se enfrentaron a la difícil situación abierta a la salida de la segunda guerra mundial, donde el movimiento obrero quedó bajo el control de fuertes aparatos reformistas, ya sea socialdemócratas, stalinistas o nacionalistas burgueses. Bajo esta presión, la Cuarta Internacional se dividió en un conjunto de tendencias que han oscilado entre políticas reformistas y revolucionarias. Hoy es imperiosa su reconstrucción sobre bases revolucionarias. Con este objetivo, el PTS conforma la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional junto a los compañeros de la Liga Obrera por la Cuarta Internacional (LOR-CI) de Bolivia, la Liga Estrategia Revolucionaria-Cuarta Internacional (LER-QI) de Brasil, la Liga de Trabajadores por el Socialismo-ContraCorriente (LTS-CC) de México, Clase contra Clase de Chile, la Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) de Venezuela y compañeros de Francia, Alemania, Gran Bretaña y el Estado Español. Junto a ellos luchamos por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, el “partido mundial de la revolución socialista”.

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