Celso Jaque comprometió su gobierno con dos discursos para presentar su nueva gestión en Mendoza. En la disputa con la UCR y el PD por la oposición de derecha de las clases medias, ante las incesantes campañas contra la “inseguridad”, prometió militarización y firmeza del régimen provincial. Pero a la vez, intentó combinar esto con promesas de desarrollo de la producción y mejoras en las condiciones de los casi 300 mil trabajadores mendocinos. En la línea oficial de los K, de colaboración entre empresarios y organizaciones sindicales, lanzó aquí el Pacto Social a la cuyana para intentar seducir al movimiento obrero que dando algunas batallas al esclavista empresariado cuyano que reina sobre el empleo en negro y hasta utiliza el trabajo infantil, como en el Ajo. Intentando contener las crispaciones de importantes sectores medios que repudian figuras emblemáticas del genocidio como los Aguinaga, incorporó al gobierno a los abogados más prestigiosos de DD.HH. de la provincia, tratando cerrar la cuestión. Pero la crisis política sigue abierta porque, de un lado, hay una andanada de denuncias que pesan sobre los funcionarios de su gobierno, y por otro, Aguinaga ha llegado a plantear una disputa de “barricadas” con la amenaza: “No me van a voltear, soy difícil de limar”.

Aguinaga, “el gran dictador”

Juan Carlos Aguinaga es un líder y viejo militante del tradicional Partido Demócrata, aliado de dictaduras como la Videla u Onganía con la participación directa de sus dirigentes, como los interventores federales de Mendoza Bonifacio Cejuela y Eliseo Vidart Villanueva, el ex ministro de Bienestar Social y Defensa de Galtieri durante la guerra de Malvinas: Amadeo Frúgoli, y el propio hermano de Juan Carlos, el ex ministro de Gobierno de Mendoza Alberto Aguinaga, entre muchos.1 Fue convocado por Jaque para la aplicación de sus “métodos y planes de seguridad” como parte del gabinete provincial. Para él, estos cuestionamientos responden a “un problema de ideología y de politización. Hay un orden en el mundo que parece que los argentinos lo desconocemos. A lo mejor los años de dictadura han generado este espíritu demasiado libertario que no advierte la necesidad de un orden, que es necesario para no avanzar sobre las libertades de los demás”2.

Rico, “el instructor... de la tortura”

A su llegada, designó cinco comisarios exonerados durante el último gobierno justicialista a fines de los noventa, encabezados por Carlos Rico, al frente de las subsecretarías del ministerio. Tras esta temeraria decisión, fueron presentándose interminables denuncias que develaron tanto el accionar represivo que, en este corto periodo en el gobierno, realizan sus funcionarios, como los informes de inteligencia sobre conflictos obreros en Tac y Campo Grande, y organizaciones de desocupados como el Polo Obrero; como el pasado siniestro de estos personajes. (Lea: “¿Quiénes están al frente de la “Seguridad”en el Gobierno de Mendoza?” en www.pts.org.ar).

La bancarrota del PJ de los derechos humanos

A pesar de las denuncias penales y la información sacada a la luz por el propio Gobierno acerca del rol de este personaje, entrenado por Seineldín y bajo las órdenes del temible Santuccione, durante la última dictadura militar; Jaque y Randazzo, funcionario de DDHH de la Nación enviado exclusivamente por Cristina Kirchner durante su último paso por Mendoza, ratificaron su continuidad frente a la Subsecretaría de Seguridad de la provincia. Esta bancarrota del discurso garantista del PJ, arrastró a los abogados Salinas, Lavado y cia., que hicieron propias las palabras: “que se pronuncie la Justicia”3 dejando atrás, más que nunca, toda su trayectoria en la defensa de las libertades democráticas.

Una estrategia de Jaque

Las huestes que a reclutado el gobernador al frente de las fuerzas de seguridad, no responden a error de tipo alguno en su estrategia, como insisten los periodistas. Frente a una próxima frustración de las paritarias y los convenios de cooperación pro empresariales que promueve para los trabajadores, la crisis educativa de la provincia y las elecciones del régimen universitario; esta “ostentación de fuerzas” de los fascistas de Aguinaga, pretende intimidar y eventualmente actuar contra los reclamos y procesos de organización que pongan en juego la estabilidad del Pacto Social que quiere cerrar el gobierno para su gestión.

Movilizarse para echar a los genocidas al calabozo

Las organizaciones de trabajadores, empezando por las centrales sindicales como la CTA, los centros de estudiantes, organizaciones de DD.HH. independientes del gobierno y demás organizaciones sociales y políticas de izquierda tenemos que impulsar seriamente la campaña contra los torturadores en el gobierno de forma independiente. Preparando grandes jornadas de movilización, paros y toma de facultades de cara al próximo 24 de marzo, para “voltear” a Rico, Aguinaga y la política represiva y de impunidad de Jaque y el gobierno nacional. Por la apertura de los archivos del horror custodiados en la sombra por el Gobierno. Y por un juicio y cárcel perpetua a todos los genocidas, por todos los compañeros.