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Por el derecho a apelación y defensa de Víctor Ottoboni y los delegados de base

En febrero de este año un juzgado laboral de San Isidro concedió el desafuero contra Víctor Ottoboni, delegado de Fate, acusado por medidas de lucha votadas en asamblea. La defensa de Ottoboni apeló el fallo pero la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires considera que los fallos de primera instancia no son apelables en el caso de los juicios de desafuero.

PTS

25 de agosto 2011

por PTS Zona Norte

En febrero de este año un juzgado laboral de San Isidro concedió el desafuero contra Víctor Ottoboni, delegado de Fate, acusado por medidas de lucha votadas en asamblea. La defensa de Ottoboni apeló el fallo pero la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires considera que los fallos de primera instancia no son apelables en el caso de los juicios de desafuero. Este “criterio” es alevoso porque la propia patronal sí cuenta con derecho de apelación si pierde un juicio por desafuero en primera instancia. Para los trabajadores no hay derecho de apelación pero para las patronales sí. Esto viola el principio incluso de esta justicia de clase que determina que es la parte más débil, la que debe tener mayores derechos de defensa. Hasta la propia Constitución establece el derecho a un “debido proceso” en su artículo 18, lo que significa el derecho mínimo a la “doble instancia”, según el Código Penal. Sin embargo estos derechos constitucionales de los trabajadores fueron y son avasallados por la justicia.

En este caso, el “criterio” se mostró aberrante. Sucede que luego del fallo contrario en los Tribunales de San Isidro, la Cámara en lo Penal falló y determinó que no había ningún motivo para culpabilizar a Ottoboni, que también había sido denunciado penalmente por los mismos hechos. Como el fallo del Tribunal Laboral no es apelable (por ahora), la justicia puede llegar a convalidar un desafuero cuando ya fue determinada la inocencia de un trabajador. El “criterio” llega hasta ahí: se puede condenar a un inocente pero nunca darle el derecho a apelar un fallo. El fallo no es apelable, aunque ahora todos sepan que los hechos por los que se acusa a Ottoboni, son falsos. La justicia no puede mostrar de forma más nítida su carácter de clase.

El “criterio” utilizado surge en 1990, cuando la justicia se puso a tono con la ofensiva menemista contra los trabajadores. La Corte, en 8 años de gobierno kirchnerista, mantiene el mismo criterio menemista.

De esta forma, todo delegado atacado por las patronales en la zona norte, tiene que aceptar como única palabra las sentencias de los jueces de primera instancia de los Tribunales de San Isidro. Las patronales de la zona, luego de fracasar en destruir la organización democrática de los trabajadores como intentaron hacer en 2009 con el ataque a Kraft, quieren ahora que sean los Tribunales de San Isidro los que hagan lo que ellos no pudieron hacer. Para que estos tribunales sean una herramienta eficiente para golpear a los delegados antiburocráticos, se necesita que no exista ni siquiera el derecho mínimo y elemental de apelación, que este Tribunal tenga la última palabra. No hay nadie en Argentina que no goce de ese derecho a pedir un fallo de segunda instancia, a que una sentencia sea revisada, salvo los delegados a los que se quiere desaforar. Incluso cuando Kraft perdió juicios de desafuero en primera instancia en los propios Tribunales de San Isidro, de forma inmediata se le concedió a la empresa su derecho a apelación. Para los obreros perseguidos, “ni justicia”, parece ser el lema de la justicia patronal. Hasta los genocidas de la dictadura gozan del derecho a defensa y apelación, que es negado a Ottoboni y a los delegados de base. En el gobierno de los derechos humanos, un hombre como Videla tiene más derechos de defensa que un delegado electo que responde a la base.

Contra esta situación empezamos una fuerte campaña. Exigimos el elemental derecho de defensa y apelación, rechazamos los desafueros y los intentos de despidos de los delegados que no se venden a las empresas. Por ello, 100 compañeros fueron hasta la propia Corte de Provincia en La Plata a organizar una radio abierta y denunciar la situación. Una delegación de las internas y delegados de la zona donde estaban Hermosilla de Kraft , Eduardo Ayala de Donnelley, la interna de PepsiCo, de Word Color, del Rioplatense, compañeros de CAT y miembros de la directiva del SUTNA y CTA participaron de una reunión con funcionarios de la Corte. Días antes una delegación de militantes de DD.HH. había llevado también su reclamo. El miércoles pasado una importante delegación de compañeros de la Juventud del PTS junto a compañeros de las internas de la zona norte, llevaron su solidaridad a la puerta de Fate para rechazar la ofensiva patronal. Por este tema, los abogados del CeProDH sacaron un boletín que está siendo repartido entre los abogados en los Tribunales y en las facultades de Derecho. Mientras tanto, los obreros de Fate están peleando por su salario en paritarias. Se hicieron medidas dentro de la planta y movilizaciones, la última el martes de esta semana. En cada una de esas peleas, se inscribe también la defensa de Víctor Ottoboni.

La lucha que estamos dando es grande. Queremos desterrar para siempre el criterio clasista de la Justicia que le da más derechos a un genocida que a un delegado. La movilización seguirá creciendo y sin parar hasta ganar la pelea. No al desafuero de Víctor Ottoboni. Plenos derechos para los delegados de base.

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