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Para frenar el saqueo… creemos una comisión

Frente a la disputa entre el gobierno y la oposición patronal por los mecanismos y el origen de los fondos para “honrar” la deuda, el referente de Proyecto Sur, Pino Solanas, y su aliado Claudio Lozano, salieron a cuestionar la legitimidad de la propia deuda. A diferencia de la resolución 125 (retenciones móviles) y la elección de comisiones del Congreso, donde votaron en bloque con la UCR, el PJ disidente, la Coalición Cívica (CC), y el PRO, está vez decidieron tomar cierta distancia. Para el interbloque de centroizquierda la clave parecería estar en distinguir la deuda legítima de la ilegítima y montar una comisión del Congreso para que investigue.

Matías Maiello

21 de enero 2010

Frente a la disputa entre el gobierno y la oposición patronal por los mecanismos y el origen de los fondos para “honrar” la deuda, el referente de Proyecto Sur, Pino Solanas, y su aliado Claudio Lozano, salieron a cuestionar la legitimidad de la propia deuda. A diferencia de la resolución 125 (retenciones móviles) y la elección de comisiones del Congreso, donde votaron en bloque con la UCR, el PJ disidente, la Coalición Cívica (CC), y el PRO, está vez decidieron tomar cierta distancia. Para el interbloque de centroizquierda la clave parecería estar en distinguir la deuda legítima de la ilegítima y montar una comisión del Congreso para que investigue.

De movilizarse ni hablar. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que Pino ha dedicado sus mayores esfuerzos durante los últimos meses en avanzar hacia un acuerdo con el Partido Socialista de Hermes Binner (actualmente en un bloque con la UCR y la CC), el Partido Nuevo de Luis Juez (que se presentó en las últimas elecciones en Córdoba con la CC de Elisa Carrió), y… Margarita Stolbizer, referente de la UCR hasta hace apenas 2 años. Cualquier parecido entre un acuerdo de este tipo y el que dio lugar al Frepaso con Bordón y Storani, corre por cuenta del lector.

Si es legal tudu bon

Para la denuncia de la parte ilegítima de la deuda suele tomarse como punto de partida la contraída por la dictadura donde un 40% fue utilizado para fuga de capitales, un 30 % para el pago de intereses, y otro 30 % para la compra de armamentos. También suele destacarse la estatización de deuda privada mediante los “seguros de cambios” realizados por Cavallo en el ’82. Esta deuda fue reconocida e incrementada, luego de la caída de la dictadura por Alfonsín, luego reestructurada con el Plan Brady, utilizada como mecanismo para entregar a los capitales imperialistas y sus socios locales las empresas de servicios públicos, “renegociada” en múltiples oportunidades con jugosas ganancias, reutilizada para la estatización de los pasivos de los bancos luego del 2001, etc. etc. (Ver artículo de Esteban Mercatante en pág. 4). Durante las últimas tres décadas se pagaron unos 270 mil millones de dólares y sin embargo hoy la deuda pública (excluyendo las provinciales) suma cerca de 170 mil millones (incluyendo bonos que no entraron en el canje y deuda al Club de Paris).

Ahora bien, llegado a este punto cualquiera podría preguntarle a Pino y sus compañeros ¿en qué consistiría la parte legítima de la deuda? Se podría responder, las deudas del Estado con los fondos de las jubilaciones de los trabajadores (antes a través de las AFJP ahora con el ANSES), pero ¿es legítimo que los ahorros de los trabajadores sean utilizados para los subsidios a los capitalistas, para el pago de los mismos intereses de la “parte ilegítima” de la deuda, para sustituir la inversión que los capitalistas se niegan a hacer mientras fugan sus ganancias?

La cuestión es que aunque fuese posible distinguir entre lo que Pino Solanas llama “deuda legítima” y una “deuda ilegítima”, esto no nos “develaría” otra distinción que aquella que se puede hacer entre un “saqueo legal” del país y uno “ilegal” o fraudulento, o ilegítimo o como se lo quiera llamar.

Esto se debe a que la deuda no consiste meramente en una serie de activos y pasivos a controlar, sino que fue durante la historia nacional y en especial de la dictadura genocida a esta parte uno de los mecanismos estructurales privilegiados para la expoliación imperialista de la Argentina semicolinial, del cual la burguesía local participó como socia menor utilizándolo para obtener divisas para la fuga de capitales y para la nacionalización de sus propias deudas.

¿O qué hubiese sido sino de la Bridas de los Bulgheroni, o de Siderca de los Rocca, o de Sevel de los Macri, o de Loma Negra de Fortabat, o de Acindar de la familia Acevedo, que junto con multinacionales como Mercedes Benz, Esso, Ford, Pirelli, y Bancos como el Río, Francés, Galicia, fueron los que obtuvieron la estatización de sus deudas en el ’82, entre otros? ¿O cómo los mismos Bulgheroni, Fortabat, Acevedo, etc. hubiesen podido fugar los capitales obtenidos por la venta de sus empresas a capitales extranjeros, luego de dejar en la calle durante los ’90 a cientos de miles de trabajadores? La respuesta es sencilla: hubiera sido imposible.

Toda la deuda contraída por los capitalistas es un robo contra los trabajadores y el pueblo, ya sea la realizada prolijamente siguiendo las normas del Estado burgués, que casualmente la burguesía dicta para favorecerse a sí misma, o la que ni siquiera cumple con estos requisitos.

Tiene razón la presidenta cuando dice que una y otra son indistinguibles, aunque no sólo porque no hay Sherlock Holmes capaz de distinguirlas entre las renegociaciones de las renegociaciones de las renegociaciones, sino porque son, en sí, una y la misma.

Movilizarse para qué, si así estamos bien

Diríamos que Pino Solanas tiene un concepto restringido, por nombrarlo de algún modo, de aquello que no hay que pagar. Si el saqueo es ilegal está mal pero si es legal está bien. Sin embargo, nos dice: “La deuda externa argentina es el caso del terrorismo financiero más grande que sufrió nuestro pueblo”. Y entonces nosotros le preguntamos: ¿cómo la enfrentamos, Pino? Y nos responde: hagamos una Comisión del Congreso que investigue. Entonces reunimos a una serie de expertos nacionales e internacionales “lejos de toda sospecha”, bajo el patrocinio de quienes estarían “cerca de toda sospecha” como el millonario De Narváez, el ex-menemista ex-duhaldista ex-kirchnerista Solá, o la gorila de Carrió y su banquero Prat Gay, o los correligionarios de De la Rua, e investigamos. Una vez que separamos la paja del trigo en cuestión de legitimidad, lo votamos en el Congreso compuesto en sus nueve décimas partes por los mismos partidos e individuos que llevaron la deuda a los 170 millones actuales y los que beneficiaron directamente de la estatización de deuda de la dictadura como el jefe del PRO, Mauricio Macri, en aquel entonces solo un pobre niño rico. ¡Fenómeno! Sin duda, un gran plan para derrotar al “terrorismo financiero”.

Pero tal vez el plan es malo pero las intenciones son buenas. Entonces, Claudio Lozano, nos clarifica el contenido de la propuesta de Proyecto Sur, recomendando seguir el camino que en Ecuador llevó adelante el Presidente Correa. “Correa –nos dice Lozano- creó una Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público (CAID) para determinar la ilegitimidad y la ilegalidad de toda la deuda, ya sea contraída en períodos dictatoriales o democráticos, que ha permitido declarar la ilegitimidad de una parte de su deuda, incluida la contraída durante la dictadura y renegociada en períodos democráticos apelando a las Doctrinas de la Deuda Odiosa (usada por Estados Unidos en Irak) o bien la Doctrina de Delito de Ejecución Continuada”.

Por cuestiones de espacio obviamos los argumentos de alto contenido antiimperialista esgrimidos por Lozano, como reivindicar las teorías del “derecho” internacional creadas para la invasión norteamericana a Irak, y vamos al grano. ¿Qué pasó con la parte de la deuda declarada ilegal en el caso ecuatoriano que le sirve de ejemplo al economista de la CTA? Se renegoció y se pagó. Entonces Lozano nos diría que en la renegociación se logró una buena quita; en los bonos Global que fueron calificados de ilegales una quita del 70% antes de pagarlos. Ahora bien, no parece mucha diferencia si lo comparamos con el 65% de quita que pretende obtener el gobierno de Cristina con el presente canje de deuda. ¿Tanto lío para lograr una renegociación un 5% por debajo de la actual, sin comisión investigadora y sin declarar ilegitimo nada?

No parecen muy ambiciosos los objetivos de Pino y su interbloque de 11 diputados de los cuales 2 (Macaluse, Benas) asumieron en el 2007 en las listas de Carrió, una amiga del capital financiero si las hay; otros 3 tienen sus bancas gracias a ser elegidos dos años después del pago de los 10 mil millones al FMI por las listas de Cristina Kirchner (Bonasso, Donda, y Merchan); y 1 (Iturraspe) fue elegida en el 2009 en las listas de Martín Sabbatella devenido fanático defensor del pago de la deuda con fondos del Banco Central. Es decir, un extraño interbloque para discutir la legitimidad de la deuda donde son mayoría (6 de 11) los que asumieron en las listas de los actuales defensores de pagarla.

Cabría una última pregunta para Pino ¿llamar a la movilización contra el “terrorismo financiero”? Pero la respuesta por ahora viene siendo clara y se resume en dos palabras: “bien, gracias”.

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