Parecía que iba a ser un festejo más del Día del Amigo, pero no lo fue. En la noche del miércoles 20, a horas del crimen de Ariel Domínguez en manos de un policía federal en San Telmo, Enrique Romero, de 30 años y papá de cuatro nenas, que trabajaba en una curtiembre en Avellaneda, salió a festejar con sus amigos y terminó en el boliche La Casona de Florencio Varela.

A la salida del bailable se encontró con un tipo que, según los testigos, “estaba borracho y canchereaba con un arma”. Enrique no lo sabía, pero el tipo de civil, Isaías Cano, tenía toda la impunidad que supone no sólo ser sargento de la policía bonaerense sino también ser el hijo del jefe de la distrital de Varela. Se armó una discusión y Cano, primero, le disparó en las piernas a Ramón Moreira, de 24 años, que quedó internado, y después baleó a Enrique en el abdomen, provocándole heridas que lo llevaron a la muerte horas después. La versión del policía fue que se defendió de un ”intento de robo” (con las manos vacías, hay que aclarar) una de las excusas más frecuentes en los casos de gatillo fácil.

Si bien Cano fue separado de la fuerza y está detenido hay que estar atentos. Ya vimos como quedó en libertad el policía que disparó contra Ariel Domínguez. Una muestra más de lo rápida que es la justicia de los patrones para liberar policías de gatillo fácil o genocidas de la dictadura.

Según estadísticas de la CORREPI, tenemos un caso de gatillo fácil cada 28 horas. En este caso fueron menos de 12. Como venimos denunciando desde el CeProDH y el PTS, todos los candidatos K y de la oposición patronal han puesto como eje de sus campañas el tema de “la seguridad” y el otorgamiento de más poderes a la policía y demás fuerzas represivas. En la Ciudad de Buenos Aires se ha pasado “de las palabras a los hechos” con el Plan Cinturón Sur, complemento del Operativo Centinela con el que se llenó de gendarmes el GBA para aplastar a sangre y fuego el legítimo reclamo de tierra y vivienda a fines del año pasado.

Las muertes de Ariel y Enrique son consecuencia de estas campañas que legitiman la represión policial con las que intentan aterrorizar a los pibes de los barrios del pueblo trabajador y naturalizar la presencia de las fuerzas represivas en las calles para cuando la lucha de los trabajadores y el pueblo “haga necesaria” su intervención.

Desde el CeProDH nos solidarizamos con las familias de los muchachos y nos ponemos a su total disposición en la lucha por cárcel común y efectiva para los policías asesinos. Asimismo llamamos a todos los familiares de víctimas de la brutalidad policial, organismos de derechos humanos y organizaciones obreras y estudiantiles a enfrentar la militarización de las barriadas populares.

Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil e integrante del CeProDH

Candidata a Diputada Nacional por el FIT