Macri y Jorge Lemus, su ministro de Salud, presentaron un proyecto para desalojar los Hospitales Borda y Moyano. El plan es mostrado como una superación de “un modelo asilar, ya agotado” y señalaron la “injusticia de que el que puede pagar tiene acceso al sistema privado de atención”, mientras que los establecimientos públicos presentan “una estructura edilicia obsoleta, con edificios que datan del siglo XIX”. Pero lejos de una superación, el nuevo plan reproduce el viejo “modelo asilar”. La prueba está en que “contempla la construcción de diez centros de internación, con capacidad de 48 camas cada uno, monitoreo por circuito cerrado, ventanales y aberturas con vidrios de seguridad”. Estos mini-Borda, “hospitales modelos” son un verdadero panóptico moderno, que mantienen la concepción de que el “loco” es una amenaza para sí o para terceros, quitándole los derechos civiles, y poniéndole un curador.

En lo que se conoce hasta ahora del proyecto, ya que no se hizo público, se avala el modelo manicomial, un sistema que enferma, porque ahí es derivada toda persona que no está dentro de la “norma de salud”. Estas instituciones no hacen más que reproducir una condena al “loco” que lo único que logra es la coerción sobre el que no encaja dentro del “discurso dominante”. La validez de la denuncia contra los manicomios, no habilita a desorganizar lo endeble del sistema público, sin antes enmarcarlo en un contexto socio-político en el cual enferman estos pacientes, sin que los protagonistas ligados a estas instituciones sean activos representantes en su transformación. Para profundizar en este tema referente a la salud abordaremos esta problemática en el próximo número de LVO.

Un proyecto privatista

A partir de que la ex fábrica textil Piccaluga se convirtió en un complejo residencial de 14.000 m2, con 82 lofts, la zona de los Altos de Barracas se fue transformando. Según el diario Perfil “el valor de la propiedad experimentó un aumento del 60%”. Este antecedente, sumado a que en las inmediaciones de los neuropsiquiátricos ya es imposible conseguir un terreno de importancia en venta, alimenta las suspicacias de que hay quienes conocían de antemano el traslado del Borda y el Moyano y obtendrán, gracias a su información, un gran beneficio económico.

Según La Nación (4/4/08) el gobierno porteño y la Sociedad Central de Arquitectos firmaron un convenio para elaborar el llamado a concurso nacional e internacional de ideas para la concreción del Centro Cívico XXI, en esa zona de Barracas, donde funcionarían las dependencias gubernamentales porteñas. En este proyecto estarán incluidos los edificios de los hospitales Borda y Moyano, así como otras dependencias y espacios públicos.

Este es un proyecto neo-menemista de Macri, que fiel a su lógica piensa en la privatización de lo público y la segregación de lo que no es rentable. A esto apuntan los proyectos de mini-Borda, casas de medio camino, hogares sustitutos y muchos otros espejitos de colores que nos quiere vender.

El kirchnerismo no es ajeno a estos negociados. En esta semana se conocieron los acuerdos entre el gobierno nacional y el porteño para desarrollar vastos planes de obras públicas donde la Nación invertirá en la Ciudad $13.000 millones.

Mientras se anuncia la creación de hospicios “premium”, nada se hace para resolver el estado actual de los hospitales públicos. Aún recordamos las escalofriantes imágenes del neuropsiquiátrico Moyano, cuando se denunció la investigación, sin consentimiento, de protocolos farmacológicos. Ahí se atienden en sus consultorios externos unas 150 mil consultas al año. Para obtener un turno hay demoras de hasta cinco meses. En el Borda viven 950 pacientes y son aproximadamente 200.000 las consultas anuales. Conseguir un turno puede costar cuatro meses.

El nuevo proyecto tampoco habla sobre los que hasta hoy sostienen la “salud mental pública”: los profesionales mal pagos, los ad honoren, los pasantes y los concurrentes. La nueva norma que quiere imponer el gobierno de la Ciudad es que además de no cobrar se hagan cargo de pagar un seguro, que los “cubra” por mala praxis.

Ante los proyectos de Macri hay que pronunciarse contra la privatización de los predios públicos y por un aumento del presupuesto de la Salud, que entre otras urgencias, puede servir para abrir consultorios externos en distintos barrios, para otorgar subsidios a las familias con pacientes a cargo y el nombramiento de todos los concurrentes. Hay que impulsar la nacionalización de los laboratorios farmacéuticos y un mayor presupuesto para la Universidad Pública que desarrolle su capacidad de investigación. Pero lo primero es que todo proyecto que ataña a la salud mental se debata en asambleas de pacientes, trabajadores y profesionales que decidan los planes de la salud.