Aunque el Ministro Tomada diga que es para "mejorar la calidad del empleo" en realidad la nueva ley laboral deja en pie lo esencial de la flexibilización laboral. La ley que quieren votar en el Congreso no tiene nada de progresista o favorable al trabajador. Si a alguien le quedan dudas sobre las intenciones del gobierno hay que fijarse en lo que dicen los empresarios: "es positivo ponerles un tope a las indemnizaciones" y "es una buena señal que la rebaja de los aportes patronales se amplíe" dijo Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA. Los elogios no son para menos, ya estaban contentos porque Duhalde y Kirchner les vienen garantizando a los exportadores una caída del "costo laboral" en más de un 60%, medido en dólares.
La nueva norma no toca una sola coma de la legislación que –desde hace 28 años- viene permitiendo arrasar con muchas de las conquistas obreras. Esta es la clave de la cuestión. Kirchner no quiere darse el lujo de anular esas leyes y dejar sin vigencia los logros que los empresarios lograron sobre las condiciones de trabajo.
Salarios planchados y abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo, precarización y desempleo masivo, son las raíces de las que se nutre el "crecimiento" económico pos-devaluación. Mantener esta situación es vital para las perspectivas de negocios e inversiones que esperan el gobierno y los capitalistas. La nueva ley laboral se encarga de dar "seguridad jurídica" a las normas de explotación del capital sobre el trabajo. Además, la limitación del derecho de huelga prevista en el proyecto K es otra de las cláusulas aplaudidas por la patronal para tratar de impedir cualquier atisbo de resistencia obrera.
Más poder a la burocracia sindical
La nueva ley tiene el aval de la dirigencia sindical. De los principales promotores de la ley Banelco, la CGT de Daer no se podía esperar otra cosa: están ansiosos por mostrar su nueva lealtad kirchnerista. Por su parte, el recontra oficialista Hugo Moyano consideró al proyecto del gobierno como "el más aceptable" y la CTA de De Gennaro planteó algunas críticas pero terminó apoyando "en general el proyecto"1.
Que los burócratas sindicales estén de acuerdo con la ley responde a que se les restituye más poder de negociación y mediación frente al estado. Se les garantiza el pago en pleno de las contribuciones a las obras sociales sindicales; y además la reinstalación de la ultraactividad permite fortalecer el poder político y de negociación para que mantengan un férreo control sobre los sindicatos.
Este elemento es muy importante para los empresarios y el gobierno ante la posibilidad de que emerjan conflictos reivindicativos donde los trabajadores peleen por una distribución de la renta nacional más favorable a sus intereses2. También es un intento de fortalecer a una burocracia ilegítima y odiada en la base obrera. El pacto entre Kirchner, Daer, Moyano y la CTA con el gobierno, alrededor de la nueva ley, tiene que ver con que el gobierno necesita negociadores adictos para controlar la futura lucha obrera. Nadie mejor que ellos para esta tarea. Lo vienen haciendo hace años.
Con más salario, trabajar menos horas, trabajar todos
La lucha contra la nueva reforma laboral tiene que ser una bandera para la clase trabajadora y un primer paso hacia abolir toda la legislación flexibilizadora. Se trata además de levantar un programa y lucha común de los trabajadores ocupados y desocupados, exigiendo un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y que se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados: con más salario, trabajar menos horas, trabajar todos, junto a la demanda de efectivizar a todos los contratados y precarizados.
Los sindicatos combativos, comisiones internas, delegados y movimientos piqueteros que se oponen a la nueva ley, deben coordinar en cada zona y a escala nacional para pelear por esta perspectiva: impulsando asambleas en cada fábrica y establecimiento y denunciando el pacto de los dirigentes sindicales para imponer la ruptura de las organizaciones obreras con el gobierno y exigirles que convoquen a un plan de lucha contra la ley.
El plan de lucha contra la reforma laboral llamado por los movimientos de desocupados combativos –con cortes de ruta y movilización- puede ser un paso adelante en esta perspectiva, al que hay que intentar sumar a los trabajadores ocupados. En esas jornadas – el 19 y el 25 de febrero- habrá concentraciones frente al Congreso Nacional que tratará –primero en el Senado y luego en Diputados– la derogación de la Ley Banelco junto a la aprobación de una nueva Ley
Una tarea fundamental
Pero en el camino de encarar esta pelea hay que apoyar todas las luchas en curso. En estos últimos meses surgieron conflictos que –aunque todavía pequeños y aislados- son muy sintomáticos y pueden estar mostrando lo que se avecina.
La semana pasada en Expofrut, en Río Negro 1500 trabajadores cortaron la ruta 22 y tomaron la planta en reclamo del pago de haberes y mejoras en las condiciones laborales. Los dirigentes sindicales de UATRE se negaron a apoyar las medidas mientras los obreros enfrentaban a la policía y a la patronal.
En la zona norte del Gran Buenos Aires los trabajadores de Quickfood (Paty) exigen a la patronal que se les aplique el aumento de salarios de $250. El 13/2 paralizaron la planta y fueron acompañados por los movimientos de desocupados, trabajadores de otras fábricas, jóvenes y partidos políticos de izquierda (ver pág. 7). En Transporte del Oeste se realizó en Morón un acto solidario con los trabajadores que exigen se les entregue la cooperativa. 80 trabajadores de Firestone continúan la pelea por su reincorporación y los obreros de la alimentación siguen oponiéndose al convenio flexibilizador firmado por Daer y su intento de imponer estatutos gremiales aún más burocráticos.
Hay que rodear de solidaridad estas luchas, movilizarse en su apoyo, buscando que se acerquen trabajadores de distintos gremios, vecinos y organizaciones de desocupados para convertirlas en puntos de referencia de toda la clase obrera. El llamado de los obreros de Paty a formar una comisión de solidaridad es un ejemplo –a ser tomado en cuenta- para avanzar hacia la coordinación de los conflictos y de las organizaciones obreras y de desocupados de la zona. Sería un hecho de enorme importancia que iría contra la tradicional política corporativa de las conducciones gremiales burocráticas. La lucha por poner en pie coordinadoras como la del Alto Valle en Neuquén donde se nuclea Zanon, los desocupados del MTD, los docentes y otras organizaciones demostró ser una herramienta efectiva pues con ella pudieron encararse varias luchas en común, obligando a la CTA a tener que convocar a distintos paros provinciales.
Junto a esta pelea, en cada lugar donde haya conflicto hay que impulsar comités de lucha, donde puedan destacarse los nuevos activistas y se avance en la unidad entre contratados y efectivos, rompiendo los intentos divisionistas de la patronal y la burocracia, constituyendo una organización común de todos los trabajadores de la fábrica.
1 Comunicado de la CTA. 15/1
2 En 1975 la participación de los salarios en la renta nacional era del 48%. Ahora es del 28%. Daniel Aspiazu. Modelo para pocos. Flacso.
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Ley K
• Período de prueba: lo reduce de 6 meses a 3, cuando no debiera existir. En ese lapso el trabajador, no tiene derecho a indemnización si es despedido (con un preaviso de 15 días).
• Convenios por empresa: subsistirán este tipo de convenios gracias a los cuales los patrones consiguieron gran parte de la flexibilización. El proyecto K plantea además que un nuevo convenio puede modificar el anterior si es de igual ámbito. No se aclara que para hacerlo debe valer la negociación más favorable al trabajador. Entonces si patrones y burócratas quieren arreglar un nuevo convenio –de igual ámbito- que arrase con las conquistas del convenio anterior, lo pueden hacer tranquilamente ya que la nueva ley les da el marco jurídico necesario.
• Preventivo de Crisis: esta nefasta figura se mantendría intacta otorgando a los empresarios vaciadores la legalidad que precisan para desconocer convenios y derechos adquiridos por los trabajadores.
• Ultraactividad: la nueva ley restituye la ultraactividad, es decir, la renovación automática de los convenios, que permite a los gremialistas sentarse en la mesa de negociación sin la espada de Damocles que significa la fecha de caducidad de las condiciones laborales vigentes. Esta restitución permite que convenios que incluyen importantes conquistas obreras como los firmados en la década del 70 continúen vigentes aunque venzan. Sin embargo, una sector minoritario de los trabajadores tiene este tipo de convenios. Los dirigentes sindicales se dedicaron en todos estos años a firmar convenios a la baja. Estos últimos también podrán seguir vigentes aunque caduquen.
Peor que con De la Rúa
• Reducción de aportes patronales: prosigue con los beneficios a los empresarios iniciados bajo la ley Banelco y amplía la reducción de los aportes patronales, extendiéndola por 12 meses, prorrogables, a las empresas de menos de 80 trabajadores.
• Indemnizaciones: en el caso de las indemnizaciones por despido sin justa causa el patrón deberá abonar un mes por año trabajado o fracción mayor de tres meses, cuando antes la fracción considerada era menor de tres meses. Además se agregó el tope en el caso de los trabajadores que están excluidos de los convenios y se fijó un piso de un mes de sueldo cuando antes era de dos.
Igual que con Menem
• Se limita el derecho de huelga: en función del artículo 30 se considera que ante medidas de acción directa, que involucren "actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, (se) deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo". Este cercenamiento del derecho de huelga, ya había sido aplicado con el decreto 2184/90, una de las primeras perlas del ciclo menemista en la negación de los derechos obreros. Posteriormente fue derogado pero la Alianza lo volvió a poner en vigencia con el Decreto N° 843/2000 (10/2000), reglamentario del art. 33 de la Ley Banelco. Hoy este decreto reaparece - casi íntegramente- de la mano de K, encima agregando al gas como servicio esencial.
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Legislación antiobrera
El menemismo impulsó la Ley Nacional de Empleo de "Contratos Basura" (Ley 24.013, 1991), la Ley 25.613 (1998) que rebaja indemnizaciones y el período de preaviso y la extensión de la jornada (promedio) de trabajo. Durante la década del 90 proliferó la terciarización y con la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 (1996), la Ley de Quiebras y la de Mediación se evidenció una política destinada a la destrucción de los derechos obreros. A estas disposiciones hay que sumar el ataque a los convenios de las entonces empresas públicas (Decretos 435, 620, l757 y l939 todos de l990). Luego los decretos de productividad (1991 y 1993), la sanción de la primera ley flexibilizadora que introdujo, entre otras regresiones los "contratos basura" (ley 24.0l3) o la que degradó los derechos en materia de accidentes de trabajo (ley 24.028). Posteriormente y como consecuencia del "Acuerdo Marco para la el Empleo, la Productividad y la Equidad Social" se sancionaron las leyes 24.465, 24.467, 24.522, 24.557 y 24.635, que precarizaron aún más los derechos del contrato individual del trabajo, degradaron los convenios colectivos de empresas en convocatoria o fallidas, modificaron la ley de accidentes de trabajo y decretaron el cese de la ultraactividad en las pequeñas empresas. Hay que luchar por anular estas leyes y decretos que hoy siguen en vigencia.
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Trabajo registrado ¿Ahora va en serio?
La Reforma Laboral de la Alianza estableció la reducción de los aportes patronales para aquellos patrones que aumentasen personal1. Ahora el proyecto K amplía el beneficio a las empresas no mayores de 80 trabajadores. Pasan los años y el mismo cuento. Antes plantearon que era para generar trabajo y ahora le agregan que "van a mejorar la calidad del empleo" (Tomada). Está claro que –desde que se sancionó la ley Banelco- la desocupación y los despidos no hicieron más que crecer. Un estudio plantea que desde mayo de 2000 a la fecha "según datos de la Encuesta Permanente de Hogares solo se generaron 1.600.000 puestos de trabajo "en blanco" y 1.800.000 "en negro"2. A pesar de las rebajas impositivas sólo un 48% de los empleos generados fueron registrados". Lo de que "va en serio", no les crea. La ley K seguirá premiando a los patrones con subsidios3 y permitirá que a los trabajadores los sigan contratando en negro, en las peores condiciones.
1 Si el nuevo trabajador contratado tenía entre 24 y 45 años la reducción era de un tercio de las contribuciones. Si se trataba de menores de 24 años, mayores de 45 años o mujeres jefas de hogar, la exención aumentaba a la mitad de los impuestos patronales.
2 Instituto para el Desarrollo Social Argentino. La nueva Ley laboral: ¿ Borrón y Cuenta Nueva o Borrón y Cuentas Pendientes ?
3 La reducción de las contribuciones patronales y la flexibilización de los contratos significó –entre 1993 y 1999– una transferencia fiscal acumulada a las empresas superior a los 19.000 millones de dólares. "Reformas laborales y precarización del trabajo asalariado. (Argentina 1990-2000)".
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Firmar cláusulas antiobreras
El deporte favorito del burócrata sindical
A pesar de sus voluminosas figuras los dirigentes sindicales tienen por costumbre la práctica de un deporte…aunque de poco esfuerzo. Sólo necesitan ejercitar sus muñecas y los dedos índice y pulgar con una pluma fuente de elegante confección. Su deporte favorito es firmar "normas menos favorables para los trabajadores". Veamos algunos ejemplos:
El convenio firmado en 1994 por Daer con la Federación de Industrias de Productos Alimenticios habilita la utilización de lo que luego se llamó "contratos basura", modalidades que permiten una baja de aportes a cambio de la contratación de jóvenes, el lanzamiento de una nueva actividad o la formación de empleados. El artículo 6° del convenio fija la "polivalencia funcional", la posibilidad de cambiar de lugar al trabajador dentro de la empresa.
La Fraternidad, acordó el período de prueba de 6 meses y lo mismo hizo West Ocampo en el gremio de Sanidad cuando en San Luis con una empresa de pañales aceptó además la polivalencia, el traslado geográfico y la jornada flexible. Cavallieri del sindicato de empleados de comercio no se quedó atrás y firmó un convenio similar.
Los trabajadores de la aeronavegación, de camioneros, la construcción, la electricidad, la administración pública y ferroviarios también cuentan con convenios "modernizados". La CTA, por su parte, firmó en Fate durante el primer cuatrimestre del 2001 un convenio flexibilizador y ahora se apresta a avalar el nefasto convenio negociado por UPCN (ver pág. 6).
Uno de los grandes favores que el "gordo" Rodríguez le hizo a los patrones y a Menem fue el convenio con la FIAT, en 1996 (el acta también lleva las firmas de dos burócratas del SMATA cordobés, Campellone y Dragún). Ese acuerdo fue la piedra angular de la flexibilización, bajando un 40% el salario, modificando horarios y modalidades del trabajo.
En la Unión Ferroviaria en 1993, Pedraza fue un pionero de los convenios por empresa. En TBA, Metrovías, TMR y otras negoció la polifuncionalidad, las categorías y todas las cláusulas de flexibilización que necesitaban los dueños del ferrocarril.
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Con Duhalde y Kirchner
Más de 250 convenios esclavistas
A diferencia de una anulación, lo que propuso Kirchner es la derogación de la Ley Banelco. Lo que se deroga no tiene carácter retroactivo y en consecuencia todos los convenios flexibilizadores firmados hasta la fecha, incluidos los homologados por el gobierno de Kirchner y Duhalde bajo al amparo de la antigua ley esclavista, siguen vigentes. Desde abril de 2001, a partir de la ley de las coimas, la firma de convenios por empresas estuvo a la orden del día. Así se permitió el fraccionamiento de las vacaciones, la anulación de las categorías por la movilidad funcional, sueldos de miseria por presentismo y productividad, la polivalencia, además de acuerdos para bajar los salarios a cambio de no despedir, como por ejemplo la jornada promedio anual donde según la producción, se acuerda que en algunos meses se trabaje el máximo de la jornada legal -12 horas- y otros meses menos horas1. En estos días la ley K habilita la firma de este tipo de convenios. Pero ya sabíamos por donde venía la mano. Veamos:
Con Duhalde
Durante todo el 2002 el 87% de los convenios firmados fueron por empresa, alcanzando el número de 181. Según el Ministerio de Trabajo, las principales cláusulas fueron "la incorporación de la polivalencia y movilidad funcional, el aumento del tiempo efectivo de trabajo a partir de diferentes variantes de jornada de trabajo, los premios por rendimiento especialmente referidos a la productividad del trabajo y la distribución anual de las vacaciones". En realidad Duhalde no hizo más que continuar lo que inició Menem y siguió De la Rúa.
Con Kirchner
Durante el 2003 "el Ministerio de Trabajo homologó 75 convenios colectivos por empresa con cláusulas de flexibilidad laboral propias de la década del 90"2. Tomemos un ejemplo: el convenio de los trabajadores pesqueros, uno de los más negreros de los últimos tiempos. Fue firmado por la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras y la Cámara Industrial Pesquera de Necochea con la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Ahí el período de prueba se amplía a 6 meses y en las pequeñas empresas a 12. Se acuerda la polivalencia funcional y las vacaciones se pueden otorgar en cualquier momento del año. De regalo, los patrones se llevaron una cláusula de Paz social por 180 días. A los burócratas que firmaron, las empresas le aportarán al sindicato 4$ mensuales por cada trabajador, mientras que los trabajadores deberán pagar el 2% de su sueldo por ser "favorecidos" por el convenio.
1 La jornada anualizada es para evitar el pago de las horas extras en la época pico y después que los trabajadores trabajen menos o sean suspendidos porque no se produce.
2 Página 12, 5/10/03