De la mano farándula volvió el partido de la “seguridad”, el platillo favorito de los medios de comunicación y la derecha reaccionaria. “Si no reprimen es un caos”, disparó Susana Giménez, vanguardia en pro de la pena de muerte. No podía faltar Mirta Legrand, que declaró “no se puede seguir viviendo así”, después de gozar de unas mini-vacaciones en Miami, así como Georgina Barbarrosa, la que advirtió que “el país se está convirtiendo en Colombia” porque no valen “los derechos humanos de los que sufren la inseguridad”. También fue de la partida Marcelo Tinelli, quien cuestionó que “todavía estamos discutiendo si metemos presos a los de 16,17” mientras clamaba por “el único derecho humano, el derecho a la vida”, acaso apelando a una improbable renuncia de su derecho de propiedad sobre empresas, tierras y otros menesteres.

El gobernador Scioli volvió al ruedo de la campaña por mano dura, exigiendo “abatir a los delincuentes”, en tanto ratificó su reclamo para bajar la edad de imputabilidad, un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en el Senado con el voto unánime de todos los bloques.

Bajo la formalidad de “reformar el Código de Faltas”, Scioli pretende restituir los edictos policiales, instaurados tras la Revolución Libertadora por el General Aramburu para perseguir a “vagos”, “malentretenidos” y “sospechosos”. De hecho la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió restaurar esas facultades para detener menores, aunque no cometan ningún delito, recurriendo a herramientas como el “olfato”, el “merodeo” y la “portación de rostro”. Como broche, Scioli se vale del Plan de Seguridad Ciudadana lanzado junto a los Kirchner, mediante el cual fueron incorporados 7.500 gendarmes a los ya 54.000 efectivos de la Bonaerense para militarizar las villas y los barrios más humildes, una amenaza latente sobre los jóvenes de las clases más desposeídas. Evidentemente, Scioli y
los Kirchner se proponen “recuperar la calle” poniendo de relieve la criminalización de la pobreza.

Por una Campaña Democrática

El impacto provocado por el asalto violento al ex futbolista Fernando Cáceres, cometido presuntamente por dos menores, dio nuevos bríos a la campaña para bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, dicho asalto puso al desnudo la relación establecida entre los pibes chorros y la policía, pues un delito de esas características presupone una logística para la liberación del territorio y la venta de los automóviles, tareas que son administradas por la policía asociada a los empresarios de los desarmaderos, gracias a la convivencia con intendentes, jueces y legisladores. En el conurbano se roban diariamente un promedio de 85 automóviles (Clarín, 5/11) empleando bajo amenaza a los menores, el eslabón más débil del circuito delictivo que termina pagando las consecuencias. Así también lo denunció Luciano Arruga, el jóven secuestrado y desaparecido en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2008, cuyos captores fueron reincorporados a la Bonaerense recientemente por iniciativa del ministro de seguridad Carlos Stornelli. En la misma dirección, el jefe de la Policía Bonaerense, comisario Juan Carlos Paggi, objetó que “estos chicos entran y salen porque hay una situación jurídica que lo permite” (Clarín, 4/11). Falso. En Argentina hay 22.000 niños y adolescentes pobres encerrados en institutos de menores (el 45,2% en la pcia. de Bs. As.) y 8 condenados a cadena perpetua, sin tomar en cuenta que los 80.000 detenidos en las cárceles federales tienen una edad promedio de 23 años y son pobres.

La descomposición social que provoca el sistema capitalista empuja a las franjas más desposeídas al delito y la marginalidad. Los planes sociales implementados por los Kirchner constituyen el reaseguro de los capitalistas para mantener un ejército de reserva de mano de obra barata, “un nuevo proletariado plebeyo” como denominó la socióloga Maristella Svampa (Suplemento Las 12, 30/10). Sin embargo, para erradicar el delito es necesario erradicar las causas estructurales de la pobreza damnificando los intereses de los grandes empresarios. Por eso resultan deplorables las declaraciones de “progresistas” como Emilio García Méndez, legislador de SI y miembro de la bancada de Pino Solanas y Claudio Lozano, quien como Scioli sostuvo que la solución estriba en “un sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años” como figura en el proyecto de su autoría, similar “al que ya tiene aprobación en general en el Senado de la Nación” (Página/12, 7/11). Los sindicatos, organismos de DD.HH. y todas las organizaciones que se reivindiquen democráticas debemos lanzar una campaña contra la baja de la edad de imputabilidad y la mano dura, defendiendo a los sectores más pauperizados de los ataques del Estado, esa herramienta que comienzan a blindar los capitalistas para descargarnos el peso de la crisis.