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Nacionales

Que los sindicatos y centrales rompan con esta política de hambre

“Ningún trabajador bajo la línea de pobreza”

14 de julio 2003





Los anuncios de aumentos salariales son un mal chiste.
El incremento del “salario mínimo, vital y móvil” lo recibirá sólo un minúsculo sector de los privados en blanco que estén en un mínimo de 200 pesos, ya que la mayoría está por encima de ello y queda excluida. En el propio Ministerio de Trabajo calculan que esta medida llega “a unos 130 mil trabajadores”, apenas “el cuatro por ciento del universo de asalariados del sector privado”. Si usted “tiene la suerte” de cobrar 200 pesos, desde julio cobra 250, y 10 pesitos más por mes en cómodas cuotas hasta que a fin de año, con la Navidad, complete los 300.
¿Este es todo el ‘progresismo’ del gobierno ‘antineoliberal’?
No, hay más: “la incorporación al salario de la suma fija no remunerativa de 200 pesos que vienen cobrando los trabajadores bajo convenio colectivo”... que se implementará en 8 cuotas de 28 pesos! Alcanza a menos del 20% de los trabajadores y es sólo un blanqueo de la ínfima cifra que ya había otorgado Duhalde pero que no se incluía en los cálculos de horas extras, aguinaldo y vacaciones. Pero nada más.
El ministro Tomada (de pelo) declaró que “Es la primera vez que se mueve en diez años; su última actualización había sido el 22 de julio de 1993”. La misma ridiculez dijo Moyano de la CGT, cuando el salario fue pulverizado con la devaluación cayendo un 25% de promedio sólo durante el año pasado.
No habían terminado los anuncios salariales cuando los titulares que ganan los diarios son que los alquileres subirán un 15% en los próximos meses, igual que los créditos hipotecarios, las subas de precios se hacen sentir en la canasta familiar, con los cigarrillos y, sobre todo, la gran amenaza de un aumento de las tarifas.
Encima Tomada aclaró que no se puede esperar más nada que lo otorgado en materia salarial y reiteró que para los estatales no habrá ni eso... ¡cuando el 13% que sacó De la Rúa lo devuelven con bonos que sirven para la especulación de los banqueros! Y esto sin contar el 28% de pérdida salarial que significó la devaluación para los estatales que representan a un tercio de los trabajadores.
Con total hipocresía, Tomada supone que los casi 3 millones que trabajan en negro que no reciben nada, se verán “incentivados” a pedir que se les pague los “aumentos”, cuando no tienen posibilidad de defensa sindical alguna y son los primeros en despedir ante cualquier reclamo.
Como venimos sosteniendo en La Verdad Obrera, la “política de ingresos” de Kirchner es “neoliberal”, absoluta continuidad de la de Duhalde.
Romper la tregua, plan de lucha nacional
En contraste con el gobierno de Kirchner empezó un proceso de luchas por recuperar el salario, en especial en los trabajadores del sector público de las provincias.
En Santa Fe, como mostramos en estas páginas, se movilizan los gremios estatales.
En Neuquén, la huelga del gremio de los trabajadores judiciales (Sejun) viene paralizando la administración y los docentes de Aten repudian el pacto de Maffei con el gobierno y llaman a un paro de 48 horas para el 30 y 31 de julio.
En Córdoba, los docentes (UEPC) ya realizaron 3 contundentes paros (con adhesión del 90%), uno de ellos en plena campaña electoral en la que De la Sota fue reelegido gobernador, y está anunciada una movilización de los estatales (SEP) prevista para el viernes 18. A su vez, el Movimiento de Organización y Acción Sindical (MOAS), uno de los cuatro agrupamientos gremiales cordobeses, encabeza un importante pronunciamiento. “El MOAS, integrado por el Alimentación, SEP, Bancaria, UEPC, Amet, Uocra, Farmacia, Calzado, Limpieza, Hielo, Viajantes, Aguas Córdoba, Sutiaga, Caucho y empleados del Jockey Club, piden “una recomposición salarial, con la incorporación al básico de los 200 pesos del decreto presidencial para los privados y un inmediato incremento en los haberes de los estatales”. También solicitan un incremento del salario mínimo vital y móvil, todo ello bajo la consigna: “Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza” (La Voz del Interior, del 3 de julio).
Es una importante declaración, aunque hasta ahora no han llamado a ninguna medida efectiva de fuerza de conjunto para concretarla.
Ahora bien, la consigna de “Ningún trabajador bajo la línea de pobreza” significa que hay que reclamar por un salario de no menos de 750 pesos. Esa es la cifra que determina, para un hogar representativo, la Canasta Básica Total (que define la línea de pobreza), según las propias estadísticas oficiales que no se cansan de repetir los propagandistas de la CTA como Claudio Lozano. Esa debiera ser la base de la primer exigencia, mínima, que el común de los trabajadores deben imponer a todos los sindicatos del país, y lo mismo deberían reclamar las organizaciones piqueteras para todos los jefes y jefas de familia desocupados.
Pero quien quiere el fin, debe querer los medios. Llevar estas palabras a los hechos implica una lucha generalizada, un plan de lucha nacional de todos los gremios porque más del 50% de los asalariados gana menos de 400 pesos y el 74% abajo de 600.
Mientras tanto, las cúpulas sindicales hablan de “redistribuir el ingreso” pero apoyan a un gobierno que administra una distribución del ingreso tal que mientras 8 de cada 10 trabajadores son ‘oficialmente pobres’, las privatizadas repartieron entre sus accionistas, en la peor crisis durante el 2002, nada menos que dos mil quinientos millones de dólares.
Plan de obras públicas
Ante el planteo de los sindicatos cordobeses, De la Sota argumentó que la alta desocupación es un límite para el reclamo salarial. Esto es una política de los gobiernos de los empresarios para separar los reclamos de trabajo y salario, de ocupados y desocupados. Mientras tanto, y al mismo tiempo que decretaban la militarización de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional largó un plan llamado “El hambre es más urgente”. Gastarán los mismos 565 millones que hasta ahora en asistencia alimentaria, y al mismo tiempo buscan encuadrar a todos los movimientos de desocupados en un consejo consultivo único. Es decir mantener la política de hambre y liquidar completamente la lucha piquetera.
La política corporativa de las conducciones gremiales es un obstáculo para luchar por aumento de salario, algo impensable si no es sobre la base de la lucha común de ocupados y desocupados. La exigencia a los sindicatos debe plantearse en términos de la unidad de clase, para romper la política de la burocracia sindical. Los trabajadores ocupados, empezando por los de la construcción, deben exigir que los sindicatos encabecen una lucha nacional por un plan de obras públicas controlado por las organizaciones de desocupados y sindicatos en lucha, y el reparto general de las horas de trabajo.
Para esto habrá que superar también lamentablemente la orientación de la gran mayoría de los movimientos piqueteros. Hay que superar los planes de lucha piqueteros que excluyen una política hacia la base de los sindicatos, lo que le hace el juego a la burocracia sindical, e impulsar la formación de mesas coordinadoras con los gremios combativos y agrupaciones sindicales opositoras con estos objetivos.
Privilegios
Los trabajadores lo saben: la gran mayoría de los dirigentes sindicales están lejos de las necesidades de sus afiliados. Pero pongámosle cifras al asunto. Una denuncia aparecida en el diario Río Negro del 2 de diciembre de 2002 reveló los sueldos de los más altos burócratas sindicales de Río Negro y Neuquén. “El caso más asombroso es el del petrolero Guillermo Pereyra, que gana unos 6.000 pesos, según él mismo lo contó y espera en estos días el aumento acordado con las empresas. (...) Los que están debajo de Pereyra perciben sueldos superiores a los 3.000 pesos. El bancario Juan Carlos Becerra cobra 1.700 pesos como empleado con licencia gremial y 2.000 como secretario general. Lleva 12 años en el cargo. En orden de importancia le sigue Belich (de Camioneros) con 2.800 pesos y no mucho más abajo están el Vial rionegrino Carlos Sansuerro con 2.550 pesos, el Legislativo Alejandro Gatica con 2.500 pesos y el titular de UPCN de Río Negro, Juan Carlos Scalesi con 2.060. En el caso de Scalesi, admitió además que además percibe alrededor de 1.000 pesos por mes de UPCN para gastos gremiales. El titular de los Empleados de Comercio de Bariloche, Walter Cortés, asegura cobrar una dieta de legislador de 1.400 pesos, además de un sueldo de 1.200 pesos como delegado de la obra social. El interventor del gremio Gastronómico en Bariloche, Alberto Sasiain cobra por mes 2.300 pesos”.
Y si esto es así en el caso de una burocracia sindical regional, el ‘nivel de ingresos’ de los gordos de la CGT seguramente serán cercanos a los estratos gerenciales de las empresas de los gremios correspondientes.
La consecuencia lógica es que mientras los luchadores concientes deben exigir a los dirigentes sindicales y llamar a que las bases trabajadoras los presionen para que rompan con esta política de salarios de hambre y desempleo, deben luchar resueltamente por recuperar los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados donde los dirigentes ganen lo mismo que el resto de los trabajadores. Es el ejemplar caso del Sindicato Ceramista de Neuquén (SOECN) y los delegados de la comisión interna de Zanon que, habiendo puesto a producir y ejerciendo el control obrero de la empresa abandonada por la patronal hace un año y medio, ganan 800 pesos al igual que todos los trabajadores de la cerámica, incluso igual que los desocupados de la zona incorporados a la producción.





“Microemprendimientos no es trabajo genuino”

Heriberto Chureo, dirigente del MTD-Neuquén
Recientemente electo presidente de la Comisión Vecinal del Barrio San Lorenzo Norte –de 30.000 habitantes, uno de los más grandes de Neuquén Capital - con el 75% de los votos contra la lista del MPN. Chureo no es militante de ningún partido político, pero es reconocido por luchar por la unidad de ocupados y desocupados junto al sindicato ceramista.
¿Qué opina sobre el nuevo impulso del gobierno de Kirchner a los microemprendimientos para los desocupados?
El MTD esta compuesto por desocupados de la construcción, telefónicos, correos, petroleros, ferroviarios y empresas de servicio, por lo tanto nosotros peleamos por trabajo genuino. Muchas veces se nos propuso microemprendimientos que hemos rechazado porque queremos construir viviendas para los que no tienen techo, escuelas y hospitales. Nuestra pelea es por un plan de obras públicas. En un momento que nos encontramos en la fábrica Zanón con Madres de Plaza de Mayo, nos propusieron microemprendimientos. Creemos que las organizaciones de desocupados “prenderse” a esta política, es una política del gobierno que nos saca de las conquistas que verdaderamente necesitamos. El gobierno provincial muchas veces nos ofreció microemprendimientos para sacarnos de la calle, y romper nuestra organización que tiene un contenido por una salida de fondo.
¿A qué llaman salida ‘de fondo’?
En Neuquén entra muchísima plata de las regalías del petróleo y quedan en manos de unos pocos funcionarios y sus amigos los empresarios. A nosotros nos quieren entretener con huertas, un tallercito que no son más que poner un parche.
Nosotros reclamamos trabajo para vivir con nuestros salarios y los aportes que nos corresponden. Nuestra lucha tiene una importancia más profunda ya que un plan de obras públicas para construir escuelas va a generar mano de obra tanto para los obreros de la construcción como para los docentes, y construir hospitales para atender a la gran cantidad de la población que hoy necesitamos de la salud pública.
La mayoría de los movimientos desocupados nacionales como los de la zona lo único que están peleando, mayormente, son por planes de Jefas y Jefes, la caja de comida o los comedores barriales. Nosotros queremos que los hijos de los desocupados puedan comer en su casa con su familia como todo trabajador, vamos por esa recuperación y porque en la Argentina hay mucha plata. En vez de darnos migajas para los microemprendimientos, la tendrían que invertir en obra pública para generar trabajo genuino y no entregársela al Banco Mundial y al FMI como están haciendo. Esta es la posición del MTD-Neuquén.

Sin embargo, otras organizaciones de desocupados dicen que las huertas, los trabajos comunitarios, son el trabajo genuino porque así no explotan a los trabajadores...
Habría que profundizar bien el tema, y llamamos a las organizaciones de desocupados, si hay que abrir un debate sobre los microemprendimientos. Creemos que es un engaño al decir “acá nadie los va a mandar, nadie los va explotar” porque en realidad nos siguen marginando, porque con eso nosotros podremos tener una huerta pero, por ejemplo, en la región tenemos a Moño Azul –uno de los mayores pulpos de la producción y exportación frutihortícola- que vende miles de toneladas de tomates y exporta fuera del país. Nosotros con una huertita de una hectárea sembrando tomate, no sabemos a quien se lo vamos a vender. Entonces si bien nadie nos va a explotar, después no vamos a tener donde venderla o la vamos a consumir nosotros mismos por la gran necesidad que tenemos. Entonces nos siguen condenando, nos siguen entreteniendo en este tipo de cosas. La discusión de fondo la queremos hacer justamente con los movimientos de desocupados y, al mismo tiempo, la pelea por trabajo genuino no solamente tiene que ser llevada adelante por las organizaciones de desocupados sino que es muy importante la pelea de los ocupados. La pelea es juntos, ocupados y desocupados, si no, no va a haber una salida de fondo.
¿Cómo vienen dando ustedes esa pelea?
El ejemplo más claro de lo que queremos está acá en la zona, y se conoce en todo el país, que es ‘fábrica que cierra, ocuparla y ponerla a producir’. Lo han hecho los compañeros ceramistas, lo han hecho las compañeras de Brukman y una serie de fábricas que han sido puestas en marcha bajo el control de los propios trabajadores. Así que esa tiene que ser la pelea de los movimientos de desocupados: fábrica que cierra, ocuparla con un plan de obras públicas. Esto lo estamos realizando junto a los compañeros ceramistas y tenemos todo un plan con la Cerámica del Valle. Vamos a movilizarnos para que esa fábrica se ponga a producir. En la provincia se necesita construir muchas viviendas, hay 20.000 familias sin techo que están inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda, tenemos esa fábrica de cerámicos paralizada y esta es una de las primeras exigencias al Gobierno a partir de estos días. Esta es la causa común que nos une a los compañeros ceramistas, no solamente a los de Zanon, de Cerámica del Valle sino también al resto de la Coordinadora Regional del Alto Valle.



Santa Fe
Miles de estatales ganan las calles
El 1° de julio se realizó la primera de las jornadas del plan de lucha de los trabajadores estatales de Santa Fe. Lamentablemente sólo trascendió nacionalmente a causa del desgraciado accidente que incendió la facultad de derecho y el museo de Ciencias Naturales. Los medios lo utilizaron para ocultar una movilización gigantesca y, de hecho, un paro desde la mañana. Los periodistas “de siempre”, y sectores estudiantiles, intentaron usar el accidente para criminalizar la protesta de miles de estatales. No faltó en la calle el comentario “estos negros de m...”, a lo que otros respondían “acá hay más gorilas que en la película El planeta de los simios”. Lo cierto es que la gravedad de los daños fue producto que los bomberos sólo contaban con un único auto bomba y mangueras pinchadas que imposibilitaron que rápidamente se apagara el incendio, que terminó consumiendo el museo, es decir por responsabilidad oficial.
Más de 10 mil trabajadores de distintos gremios de toda la provincia, docentes, ATE, Luz y Fuerza, UPCN, Municipales, bancarios, mostraron su fuerza por las calles de Rosario1. Alrededor de 20 colectivos y una decena de combis (de San Lorenzo, Venado Tuerto, Villa Constitución y San Jerónimo, entre otras ciudades) llegaron para participar de la movilización. Inclusive gran cantidad de maestros siendo que el ministro de Educación decidió descontar el presentismo (80 pesos en un salario de 380). Todos se movilizaron bajo el mismo grito: “Recomposición salarial de $200”. Hacía años que los trabajadores agremiados en distintos sindicatos no salían unidos a la calle.
La lucha siguió con un fuerte paro el día 7 contra la propuesta del gobierno provincial que ratificaba un aumento paupérrimo de $60 para quienes no les afectaba la Ley de Emergencia Provincial y derogar esta ley que hace un descuento compulsivo a los salarios mayores de $700. “Es como ofrecernos un aumento con nuestra propia plata”, lanzó el dirigente de Luz y Fuerza, el gremio más afectado ya que sus salarios son más altos y tienen descuentos.
Ese día de paro en muchos lugares se realizaron cortes de calle como en los hospitales de la ciudad de Santa Fe y en algunos gremios como UPCN y ATE el paro fue de “brazos caídos”, en el lugar de trabajo como en la Administración Provincial de Impuestos (API), Registro Civil o IAPOS, este último además venía de 48 hs. de huelga.
El gobierno provincial abrió una mesa de negociación en la que para dividir la Intersindical excluyó a los lucifuercistas y municipales, y propone un aumento escalonado hasta los $80 y no remunerativos. Los dirigentes de docentes y personal civil de la nación prometieron una consulta a los trabajadores pero ya tienen la intención de aceptar y abrirse. “Se hizo todo lo que se pudo hacer, con una movilización multitudinaria en Rosario y un paro con alto acatamiento y a raíz de esto se consiguió esta situación, que no es la mejor, pero es algo”, dijo Tessa de docentes. Aún está por verse si cumplirán con el plan diseñado de actos y movilizaciones hasta fin de mes que culminaría en la ciudad de Santa Fe.
La participación de los trabajadores estatales demuestra una verdadera predisposición a la lucha de decenas de miles por recuperar su salario arrasado por la devaluación, los más de 10 años sin aumento y los descuentos de la ley de emergencia provincial.
1 También participó de la marcha un sindicato policial no reconocido (Apropol) aunque la mayoría eran familiares y efectivos retirados ya que el resto, unos 150, cumplían su tarea de operativo de seguridad protegiendo (de los trabajadores movilizados) la Municipalidad y la sede local de la Gobernación. Una vez más se demuestra, distinto de lo que opinan partidos de izquierda como el MST que impulsan la formación de este sindicato policial, que no son “trabajadores estatales” como el resto de los que están luchando.

 

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