El gobierno continúa, paso a paso, con la implementación de lo que ha llamado “sintonía fina”. En las últimas semanas comenzó un masivo operativo para generalizar el uso de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Los fondos que surgirán de las recargas que realicen sus más de 6 millones de usuarios serán administrados - y más tarde distribuidos a las empresas - por parte del Banco Nación, que cobrará una comisión por dicho servicio. Según el oficialista diario BAE, “el Sube, la tarjeta que por estos días se busca con avidez, será una herramienta para los ajustes en ciernes” (27/1). Se refiere así a posibles cambios en el esquema de subsidios y tarifas que ha sostenido el kirchnerismo en los últimos años.

El ex jefe de campaña de Macri y actual Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, pidió que “la gente esté tranquila; hace años que subsidiamos el transporte y otros servicios, y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que si sacamos el subsidio les complicamos la vida a muchísimos usuarios”. Pero desde el mismo diario se adelanta que “según datos que maneja la Secretaría de Transporte de la Nación, apenas el 11 por ciento de las almas que utilizan los trenes bajo tierra ameritan recibir la ayuda estatal”.

Es que uno de los pasos posteriores a la masificación de la tarjeta sería estratificar el precio del boleto. “Y el autotransporte (colectivos) también recibirá la autorización para incrementar sus tarifas”, aclara BAE.
Las medidas concretas aún no fueron anunciadas, y deberán ser contrastadas con la respuesta social. Pero la crisis del transporte y el negocio de los empresarios continúan.

Privatizadas menemistas + subsidios

El gobierno insiste en que los subsidios son “un beneficio a los usuarios”. Es cierto que tienen un efecto en el bolsillo del pueblo trabajador. Pero su principal motivación es beneficiar a los capitalistas. Por un lado, a las patronales del transporte, ya que con los subsidios el Estado complementa así buena parte de la masa de ganancias.

Por otro, al conjunto de los empresarios. El objetivo es garantizar la concurrencia de millones de personas a sus lugares de trabajo, a disposición de las empresas y el propio Estado. Lo mismo que con el resto de los subsidios a los servicios públicos, el gobierno contribuye de esta manera a abaratar la fuerza de trabajo, que millones puedan presentarse diariamente en sus trabajos sin que los empresarios tengan que pagar más salario para esto.

Este esquema de subsidios ha sido una de las marcas de la política kirchnerista de transporte. La otra ha sido mantener la mayoría de las concesiones menemistas en trenes y ferrocarriles, que deja los servicios públicos en manos de las privatizadas.

El sector de autotransporte colectivo, por su parte, ha sufrido en los últimos años una impresionante concentración, a través de los crecientes subsidios, las compensaciones al gasoil y la malversación de costos (ver recuadro).

Terminar con el negocio

Los trabajadores del transporte han sido los primeros perjudicados por estas transformaciones, teniendo que enfrentar la precarización, las tercerizaciones y condiciones insalubres.

Pero el conjunto del pueblo es víctima de la irracionalidad del sistema de transporte capitalista, que se guía por el lucro privado y la corrupción estatal. La falta de inversión en infraestructura hace que millones viajemos hacinados en pésimos servicios, ocupando buena parte de nuestra vida para trasladarnos a los lugares de trabajo.

Ese esquema no está en discusión con “los ajustes en ciernes” del kirchnerismo. Peor aún, la amenaza de aumento de tarifas amenaza con profundizar las penurias.

Por eso es necesario prepararse para enfrentar cualquier intento de aumento, y la perpetuación del actual negocio del transporte, comenzando por la alianza de los trabajadores de los servicios con los usuarios.