Un avión piloteado por empresarios, hijos de un brigadier, salió de Morón y llegó a Barcelona con casi mil kilos de cocaína. Días antes, en Formosa, a un concejal kirchnerista le encontraron en su campo setecientos kilos y una pista de aterrizaje de 400 metros, usada regularmente para el descenso de avionetas. Mientras tanto, siguen apareciendo novedades del triple crimen de General Rodríguez ocurrido en 2008, ése que destapó una olla llena de efedrina, negocios millonarios y cheques cruzados para la campaña de Cristina de 2007.

El narcotráfico en Argentina (como en el resto del mundo) tiene una íntima relación con el poder, sea este “privado” o “estatal”. Sea por acción, omisión, asociación o complicidad.

Lazos de familia

El caso de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, hijos de José Juliá (jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo) y Matías Miret (hijo de otro brigadier, funcionario de la dictadura) es un escándalo que salpica por varios costados al gobierno nacional. El Bombardier Challenger (un Jet que vale U$S15 millones, único ejemplar existente en Argentina) salió desde la base aérea de Morón, controlada por la Fuerza Aérea, la que a su vez terceriza parte del control en una empresa privada. Gracias a ese “control” los hermanos Juliá no dudaron en guardar allí su avión durante varias semanas, antes de emprender vuelo hacia España el 30 de diciembre último. Las relaciones familiares y la supuesta utilidad del avión (los Juliá son dueños de Medical Jet, empresa de traslados sanitarios) les daban la impunidad necesaria para el negocio. Pero algo falló (no se descarta una “vendetta” desde dentro de las mismas fuerzas armadas o de seguridad) y apenas comenzado enero el caso salió a la luz.
Desde entonces ministros y funcionarios nacionales intentan dar explicaciones sin poder armar una versión más o menos unificada.

Mientras Randazzo -ministro del Interior- decía que la droga no fue cargada en Argentina, Garré -ministra de Seguridad- reconocía que casi seguro que sí. Aníbal Fernández y Puricelli -ministro de Defensa- aseguraban que la Fuerza Aérea no tiene nada que ver en el asunto, mientras el comodoro Juliá, hermano de los empresarios, era pasado a disponibilidad y el jefe de la base de Morón, comodoro Jorge Ayerdi, era removido después de declarar en la causa. Aunque los Juliá y Miret están detenidos en España, en Argentina se abrió un expediente sobre el origen del cargamento y su itinerario. Más de 180 personas serían llamadas a declarar y las sospechas abarcan a funcionarios de la base de Morón, del aeropuerto de Ezeiza, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Aduana, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Administración Nacional de Aviación Civil. Y, claro, no pueden descartarse tampoco posibles vínculos entre los Juliá y funcionarios del gobierno y las fuerzas armadas.

El sueño de la pista propia

Hasta hace pocos días Héctor Hugo Palma era concejal kirchnerista en la ciudad formoseña de Estanislao del Campo. Hoy está destituido. Pero no pudo estar presente en la sesión del 27 de enero en que lo dejaron sin su cargo, ya que desde el 30 de diciembre está preso junto a dos familiares. A Palma le encontraron setecientos kilos de cocaína guardados en su campo de trescientas hectáreas, que a su vez cuenta con una extensa pista de tierra firme que permite el perfecto aterrizaje de avionetas.

Después de estar prófugo durante 12 días, Palma declaró que su campo lo tenía alquilado y que no sabía nada del tema. Una mentira que usaron sus compañeros de bancada, que en una primera instancia votaron en contra de su suspensión en el Consejo Deliberante. Hasta que el caso fue amplificado por los medios nacionales opositores al gobierno, y entonces el PJ de Formosa decidió bajarle el pulgar.

El gobierno del kirchnerista Gildo Insfrán, que a finales de noviembre reprimió y asesinó a miembros de la comunidad Qom que reclamaban la tierra arrebatada por empresarios sojeros, esta vez prefirió entregar a su concejal. Así, quizás, el asunto pasa al olvido cuanto antes. De poco sirvieron las palabras de “Palmita” cuando al ingresar al Juzgado la semana pasada le gritó a los periodistas que “el gobierno (de Insfrán) no tiene nada que ver en todo esto”. Su suerte ya estaba echada. Al menos por ahora se quedó sin su banca, sin la cocaína y sin mirar al cielo esperando la llegada de la próxima avioneta.

Años de crecimiento

Hace seis años un escándalo fue tapa de todos los diarios. La empresa Southern Winds había transportado desde Buenos Aires a Barajas cuatro valijas con la leyenda “Embajada Argentina en España”. Se descubrió que contenían sesenta kilos de cocaína, que salieron de Ezeiza y que uno de los responsables era Walter Beltrame, gerente de la empresa e hijo del comodoro Eduardo Beltrame, jefe de Seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Al padre del “valijero” lo relevaron, y el caso también se cargó al entonces jefe de la Fuerza Aérea, comodoro Carlos Rohde… A la luz de los últimos casos “destapados”, el lejano episodio de Southern Winds parece un cuento de chicos.

El tráfico de drogas es un negocio multimillonario del que no se puede participar si no se cuenta con sólidas relaciones de poder que garanticen la producción, el transporte y la distribución de la mercadería. Que los narcotraficantes descubiertos sean poderosos empresarios, funcionarios o miembros de las fuerzas represivas del Estado no es una excepción a la regla. En todo caso, lo excepcional es que esos casos se develen ante la opinión pública.

La puja entre bandos capitalistas (sobre todo en un año electoral como éste) permite que esas “denuncias” sean utilizadas como parte de sus campañas y de acuerdo a sus intereses. Pero muy lejos están de poner al descubierto el verdadero “sistema” del narcotráfico.

La misma hipocresía con que la Mesa de Enlace explicó las razones por la cuáles el trabajo esclavo es parte de la “tradición” y la “cultura” del interior, puede verse en la reacción de los funcionarios del gobierno nacional y los empresarios involucrados en las denuncias por narcotráfico.

Según varias investigaciones, en Argentina existen alrededor de 1.500 pistas clandestinas como la del kirchnerista concejal Palma. Esas franjas de tierra apisonada que atraviesan plantaciones y montes se concentran en Formosa, Salta, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Por lo general son los mismos terratenientes los que usan las pistas para el negocio, aunque también se alquilan para que otros realicen las descargas. Frente a las denuncias, el cinismo de Gendarmería, Fuerza Aérea o las policías provinciales no tiene límites. Las “autoridades” dicen que no cuentan con los elementos de detección, como radares, y que por eso se hace imposible controlar.
Tendrán que ir buscando otro argumento. Nada les impidió a los Juliá cargar una tonelada de cocaína en su avión de lujo, en plena base aérea de Morón, rodeados de todos los radares y a los ojos de cientos de milicos.
Cuando la Presidenta nos habla de años de crecimiento y exportaciones récord, ¿será parte del balance positivo esta rentable rama de la economía?

Legalizar

El verdadero “problema” del narcotráfico no es el consumo de plantas ni de sustancias químicas que producen tal o cual efecto alucinógeno, sino el enorme negocio realizado por parte de unos pocos capitalistas que se benefician de la “prohibición” de esta industria, manejando sus propias “leyes” y embolsando anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial. Como explica en una entrevista reciente el psiquiatra brasileño Antonio Nery Filho `[1], sólo la legalización de todas las drogas podrá dar un puntapié inicial para acabar con las mafias que las comercializan, evitar los miles de asesinatos cometidos por los carteles narcos e incluso resolver aquellos graves problemas que drogas de calidad nociva como el “paco” causan en la salud de quienes las consumen. Para el especialista “están de un lado los humanos, su sufrimiento y las drogas; y por el otro, el comercio, la producción, el tráfico y la violencia”. Consultado sobre si realmente las cosas cambiarían con la legalización, Filho responde que “no resolverá todo el problema”, pero se estaría “libre de una monstruosa violencia en un país que tiene un Estado oficial y uno no oficial (…) Si legalizo las drogas, clavo una lanza en el corazón del león, esta enormidad del narco”.

En última instancia, la lucha por el derecho democrático al consumo personal de cualquier sustancia “ilícita” y contra toda criminalización a los consumidores es una lucha contra los intereses económicos sobre los que se funda la perversa industria del narcotráfico, de la que se benefician centralmente empresarios, funcionarios, policías y militares.

D.S.