1 El pacto social y la independencia política de la clase trabajadora

Cristina Kirchner ha anunciado que en su futuro gobierno se dispone a firmar un “pacto social” con los jefes sindicales oficialistas y los empresarios.
Será un pacto para tratar de frenar las luchas y reivindicaciones obreras, que a pesar de los dirigentes vendidos de la CGT y la CTA, se han multiplicado durante estos años. Primero, fueron las luchas de los trabajadores de las empresas de servicios públicos, como subtes y telefónicos.
Luego, las huelgas contra la tercerización, de los petroleros de Las Heras a los tercerizados del transporte ferroviario y subterráneo, telefónicos de call-centers y contratistas.
Este año fueron las grandes huelgas de los docentes de Salta, Santa Cruz y Neuquén, a las verdaderas “rebeliones obreras” de los trabajadores del pescado en Mar del Plata y Puerto Deseado, o las luchas en la industria protagonizadas por los obreros de FATE, Terrabusi, Mafissa o el Lavadero Virasoro en Rosario. Con la inflación en aumento constante y la existencia de una crisis financiera internacional, saben que las luchas tenderán a incrementarse.
Los nuevos delegados combativos son atacados por las patronales y los grupos de choque de los burócratas, como hace la UTA con el cuerpo de delegados del subterráneo de Buenos Aires. Se necesita coordinar la defensa y extender a toda la base del movimiento obrero la elección de nuevos cuerpos de delegados y comisiones internas antiburocráticas que unifiquen a los trabajadores efectivos y precarizados, y enfrenten el poder de la dictadura patronal. Se necesita superar la etapa de las huelgas aisladas por empresa o gremio y preparar una lucha unifi cada contra la imposición del “pacto social”.

2 La inflación y los salarios

Con los aumentos salariales que se han conseguido en estos años, sólo un 20% de los trabajadores recuperó el nivel de compra que tenía antes de la crisis del 2001 y la devaluación. La propia cúpula oficialista de la CGT, contra la mentira del Indec, calcula que la inflación anual del 2007 alcanzará un 14%; y muchos pronostican que llegará hasta un 20%. Significa que aún los que hayan recibido el 19% de aumento salarial que pactaron los empresarios, el gobierno y la burocracia sindical, prácticamente se les habrá licuado en lo que va del año. Y la mitad de los trabajadores del país, que están fuera de los convenios pactados, trabajando en negro o distintas modalidades de contratos precarios, están aún peor.
Ni la candidata oficial, ni ninguno de ellos, pueden combatir el aumento del costo de vida porque no quieren perjudicar las superganancias de los empresarios. Todos se abrazan al modelo del “dólar alto” y los bajos salarios, para favorecer a los grandes exportadores que son los que empujan hacia arriba los precios internos.
Incluso Lavagna les promete a los industriales subir más el dólar, es decir, devaluar más el peso con que pagan los salarios. Carrió pide terminar con las “retenciones” a los oligarcas exportadores del campo que están ganando como nunca vendiendo soja.
Como primera medida está planteado luchar por un salario equivalente al costo de la canasta familiar y una cláusula gatillo que lo reajuste automáticamente según el costo de vida. Es decir, la escala móvil de salarios para todos los trabajadores, incluyendo los que están en negro o bajo distintas modalidades de contratación precaria.
Pero el problema de fondo es que los que forman los precios son unas pocas industrias y firmas comerciales concentradas. Impulsamos comités de vigilancia obreros y populares para controlar los precios y abrir los libros de contabilidad de las grandes empresas para que todo el pueblo sepa que la inflación la provocan ellos por su sed de ganancias. Luchamos por el monopolio estatal del comercio exterior para impedir que los grandes exportadores trasladen a los precios internos sus ventas al exterior que se hacen en dólares mientras pagan salarios en pesos.

3 Los desocupados, los jubilados y los “gastos del Estado”

El gobierno nos quiere convencer que es un gran “logro” que, después de casi cinco años de crecimiento del PBI al 8% anual, existan casi 1.500.000 personas desocupadas. Encima, con la derogación de la llamada “doble indemnización”, dan carta blanca a las empresas para que despidan en momentos en que ha comenzado una crisis financiera internacional que, de una u otra manera, va a repercutir en la economía nacional. Con el establecimiento de una jornada de trabajo universal de 6 horas, el desempleo sería prácticamente cosa del pasado. Mientras, peleamos por un subsidio de $1.200 para todos los desocupados, cuestión que empujaría inmediatamente hacia arriba los niveles salariales. Pero este gobierno ha dicho que va a reducir el “gasto” público. Mientras el ANSES tiene una recaudación récord, las jubilaciones y pensiones siguen siendo una miseria.
Media docena de empresarios del transporte recibieron de subsidios estatales más de lo que “gastó” el Estado para el aumento a 5 millones de jubilados. Las AFJP siguen haciendo sus negocios a costa de nuestros ahorros y el 82% móvil que derogó Cavallo no fue restituido por este gobierno. Anulación de la jubilación privada y expropiación de las AFJP. 82% móvil para todos los jubilados y pensionados.
Los Kirchner decían que el Estado iba a “redistribuir la riqueza”, pero cinco años de crecimiento económico han demostrado que no es así. El mayor gasto del Estado es porque gastan cada vez más para los empresarios.
Es como se ve en todo el mundo, como con la crisis financiera en EE.UU. y Europa, donde intervienen los Estados para salvar a los especuladores y banqueros.

4 La deuda externa y el poder de la banca

Los Kirchner han logrado inculcar la engañosa idea de que han solucionado el tema de la deuda externa, cuando en realidad, a pesar de los 10 mil millones de dólares pagados al FMI el año pasado, continúa siendo entre 160 mil y 200 mil millones de dólares. “El FMI cree que aún es gendarme de la Argentina” dijo el ministro de Economía Peirano mientras viaja a acordar con Washington.
Aunque hablan de “desendeudamiento”, continúan pagando el 50% de los intereses, mientras el otro 50% sigue acumulando intereses sobre intereses. A la vez siguen pidiendo prestado al BID, al Banco Mundial y otras instituciones fi nancieras internacionales.
La deuda externa crece y, año tras año, se pagan miles de millones a los acreedores. El año que viene se destinarán casi 10 mil millones de dólares al pago de intereses y unos 7 mil millones para el “Club de París”.
El Presupuesto para el 2008 contempla el pago de $19.069 millones de deuda; mientras para educación se destinarán 11.300 millones de pesos y 6.200 millones para salud. El no pago de la deuda externa, esa tradicional medida planteada por la izquierda, mantiene completa vigencia, para que los recursos hoy destinados a su pago vayan al servicio de las necesidades obreras y populares como, por ejemplo, triplicar los presupuestos de salud y educación y lanzar un plan de obras públicas, hospitales, escuelas y viviendas populares que cubra el déficit habitacional de más de 2 millones de personas.
A su vez, hay que plantear la expropiación de la banca y su reemplazo por una banca estatal única, que evite nuevos saqueos a los ahorros de las clases medias y los trabajadores (como ocurrió en el 2001) y desarrolle una política de créditos baratos para el pueblo trabajador.

5 Terminar con la propiedad terrateniente y los grandes capitalistas del campo

Un puñado de empresas cerealeras, aceiteras (Bunge, Aceites General Deheza, Cargill, Dreyfuss) y frigoríficos (Swift Armour, Finexcor, Quickfood, etc.), los grupos de “agronegocios” (como el grupo Los Grobo) y los viejos y nuevos propietarios terratenientes se quedan con el grueso de los ingresos que provienen del campo. Benetton, Cresud, Bunge y Amalia Fortabat tienen tantas hectáreas -2 millones- como el territorio de Bélgica. Sumadas a las de los principales 1000 grandes propietarios poseen más de 35 millones.
Mientras, la cantidad de pequeños productores se ha reducido en un 30% en sólo diez años y la gran mayoría del millóndoscientos mil obreros rurales se encuentra en la informalidad y con los salarios más bajos. Encima, la Sociedad Rural tiene la caradurez de exigir el fin de las retenciones, que son sólo la mitad que las que se aplicaban en tiempos de Krieger Vassena, bajo la dictadura de Onganía. Contra la imagen que quieren mostrar los grandes propietarios agrarios, sus beneficios superan hoy con creces los que recibieron en la década del ’90, debido al muy fuerte incremento de los precios internacionales de los productos que exportan.
Para terminar definitivamente con el hambre y para que los beneficios de la producción agrícola y ganadera lleguen al pueblo trabajador, incluyendo los pequeños productores agrarios, hay que avanzar en la expropiación de la oligarquía terrateniente y los grandes capitalistas del “agronegocios”, así como de las grandes cerealeras, aceiteras y frigoríficos. Hay que nacionalizar las tierras de los grandes propietarios e impulsar su explotación colectiva de acuerdo a un plan elaborado por los trabajadores. Hay que otorgar tierra y créditos baratos para los pequeños productores y campesinos, y luchar por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para todos los trabajadores rurales.

6 La nacionalización y administración obrera del petróleo, el gas, el transporte y los servicios públicos privatizados

Este gobierno que dice oponerse a la política de los ’90 ha mantenido las privatizaciones realizadas bajo el menemismo. Los recursos estratégicos de la economía, como el gas, el petróleo o la energía eléctrica continúan en manos privadas al igual que las comunicaciones. Mientras Repsol, Petrobrás y Pan American embolsan millones, las reservas petrolíferas y gasíferas se agotan. El despilfarro queda claro cuando vemos que los gasoductos que se han hecho en los últimos años no estuvieron destinados a ampliar la red domiciliaria de gas natural del que carecen 15 millones de personas, sino a la exportación de un recurso no renovable. Las empresas eléctricas o del transporte ferroviario y el subterráneo, las concesionarias reciben subsidios millonarios mientras brindan un pésimo servicio, y luego de las elecciones aumentarán las tarifas y boletos.
Así como exigimos la expropiación definitiva de Zanon, el Bauen y todas las empresas recuperadas, decimos que se necesita nacionalizar el gas, el petróleo, los transportes y servicios públicos que se entregaron bajo el menemismo, y ponerlos bajo administración de los trabajadores y usuarios populares. No lo hacemos para recuperar el viejo rol del “Estado Nacional” sino para señalar la perspectiva de la expropiación de los grandes grupos capitalistas para poner los recursos estratégicos en manos de los trabajadores y su gobierno.

7 La impunidad de los genocidas y la campaña por “la seguridad”

En la provincia de la mayor desigualdad social todos los candidatos de los partidos empresarios han impuesto que el principal problema de debate es “la seguridad”, para lo cual proponen -unos más, otros menos reforzar la policía bonaerense. El ex-capataz textil Blumberg defiende a Von Wernich y pide más policía.
Mientras los Kirchner califican como “fallo ejemplar” la prisión para el cura genocida juzgado por los hechos del pasado, en el presente mantienen la impunidad para los más de 9.000 policías bonaerense que vienen de la época de la dictadura y siguen patrullando las calles. Esas fuerzas se legitiman con el reclamo de “seguridad”, bandera por la que se pelean Blumberg y Scioli, este con una cara mas moderada gracias a posar junto al “gobierno de los derechos humanos”.
A una policía implicada en la desaparición de Julio López, en más de 900 asesinatos de “gatillo fácil” solamente bajo el mandato de Kichner, la que al mismo tiempo encubre o participa de los secuestros y todo tipo de ilícitos, se la presenta como “necesaria” para los trabajadores y el pueblo. Es una institución irreformable, una verdadera asociación ilícita comandada desde arriba para regentear el gran delito.
Para ganar apoyo, Kirchner tuvo en su momento que aceptar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, un extendido reclamo popular. Pero mientras sólo han sido condenados unos pocos genocidas del proceso, hay presos políticos y la gendarmería reprime a los que luchan, ya sea en Santa Cruz o militariza el Hospital Francés. Y este gobierno también ha cumplido con la exigencia de Bush votando una nefasta “ley antiterrorista”, que habilita la persecución de todo el que salga a luchar por sus derechos. Su plan nunca fue terminar con la impunidad del conjunto de los genocidas sino a lo sumo que se juzguen unos pocos casos emblemáticos. Lo que actualmente llaman el “Estado de derecho” guarda una continuidad esencial con el “Estado terrorista” impuesto por Videla y la junta de comandantes.
Alrededor de 500 leyes de la dictadura siguen vigentes y más de 400 jueces que hoy dictan sentencias fueron designados por las juntas militares.
Ni este ni ningún gobierno al servicio de los capitalistas va a terminar con la impunidad porque sería socavar el pilar fundamental de su Estado, su aparato armado para defender los intereses de los mismos grupos empresarios que en su momento orquestaron el golpe de 1976.
Hay que terminar con esta Justicia repudiada, imponiendo la elección de los Jueces mediante el voto popular, terminando con sus privilegios y sus millonarios sueldos vitalicios.
Exigimos la anulación de la ley antiterrorista. Libertad de todos los presos políticos. Desprocesamiento de los luchadores populares. Castigo a los asesinos del gatillo fácil. Cárcel a los asesinos materiales y políticos de Carlos Fuentealba. Cárcel a Isabel Perón y a los responsables de los crímenes de la “Triple A”.
Luchamos por la aparición con vida de Jorge Julio López y encarcelar a todos los genocidas y cada uno de los responsables militares, policiales, civiles y eclesiásticos de los 30 mil desaparecidos, porque queremos debilitar el poder de fuego de esta verdadera amenaza, en la perspectiva de disolver estas bandas armadas y reemplazarlas por milicias obreras y populares.

8 Contra las misiones de guerra y la sumisión del país al imperialismo

Durante todo el gobierno de Kirchner, tropas argentinas han participado junto a otros países de la región (Brasil, Chile y Uruguay) en la ocupación de Haití, cumpliendo de este modo con lo pedido por el gobierno de Bush, para usar de retaguardia a los ejércitos de nuestros países y destinar todas sus tropas para las ocupaciones de Irak y Afganistán.
Del mismo modo, tal como lo requiere Bush para su cruzada guerrerista, la justicia argentina digitada por los Kirchner culpó a Irán del atentado a la AMIA en base a “pruebas” aportada por la CIA y un compromiso asumido por Cristina Kirchner con el Congreso Judío Mundial. Exigimos el inmediato retiro de las tropas argentinas de
Haití, y de las tropas imperialistas de Irak y Medio Oriente. Nos solidarizamos con los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo y los planes capitalistas de los gobiernos de turno.

9 Gobierno de los trabajadores

Denunciamos a esta democracia para ricos y exigimos que los diputados ganen lo mismo que un maestro, que se termine con la oligárquica cámara de senadores y con la propia “institución presidencial” que otorga poderes ilimitados.
Llamamos a confiar sólo en las propias fuerzas y métodos de lucha de los trabajadores, como las huelgas, las ocupaciones de empresas, los cortes de rutas y la movilización permanente hasta conseguir la destrucción del Estado de los capitalistas.
Luchamos por un gobierno de los trabajadores y el pueblo basado en organizaciones de delegados revocables elegidos desde las empresas, lugares de trabajo y barrios populares.
Un gobierno que termine con la apropiación de la riqueza social por un puñado de capitalistas nacionales y extranjeros, y ponga todos los recursos nacionales en las manos de quienes la producimos para satisfacer las necesidades de la mayoría popular.