Las consignas expresaban las más importantes reivindicaciones de obreros y campesinos, en primer lugar el rechazo al TLC y aplicación de su capítulo agropecuario, que desgrava el maíz y el frijol provenientes de EE.UU. y Canadá, así como el rechazo a la privatización de la industria eléctrica y el petróleo; igualmente, contra el ataque a los contratos colectivos de trabajo, el desempleo y la carestía de la vida. Le seguían las denuncias contra la represión y la violación de los derechos humanos, las violaciones policíacas en Atenco, la represión al sindicato minero y al pueblo de Oaxaca, contra la militarización entre otras.

Esta manifestación expresa que en México estamos ante una nueva etapa de la lucha de clases, donde la relación de fuerzas entre las clases ha cambiado y que las tendencias más profundas que abrieron una situación revolucionaria en 2006, lejos de haberse cerrado, están cobrando nuevos bríos. Los elementos más avanzados de la misma, radican en las tendencias al frente único de amplios sectores de trabajadores, el protagonismo ascendente de sectores de la clase obrera en México, la unidad obrera y campesina consolidada sobre el rechazo generalizado a los aspectos más rapaces del TLC, la tendencia a la movilización y, la posibilidad de que asistamos en el próximo período a fenómenos de mayor radicalización política, o que vuelvan a expresarse los métodos radicalizados que presenciamos con la “Comuna de Oaxaca” o la rebelión obrera en Sicartsa. De forma mucho más retrasada y molecular, comienzan a expresarse sectores antiburocráticos en sindicatos como el de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), el de la UNAM (STUNAM) o en sectores del movimiento obrero industrial. El telón de fondo de este importante incremento de la lucha de clases es la crisis económica que llevará a México de forma inevitable a sufrir los duros efectos de la recesión norteamericana.

Los límites de la movilización

El principal es que al frente de este gran descontento están las direcciones burocráticas de la clase obrera y el campesinado. Los “charros” de la burocracia opositora que el año pasado se hicieron parte del “pacto social” de Calderón y hoy le recriminan haber roto la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Sindicato Minero, el de la Industria Nuclear (SUTIN) y el de Electricistas (SME). Producto de la mayor derechización del gobierno y los cambios en la situación, las direcciones corporativas del Partido de la Revolución Institucional (PRI) tuvieron también que movilizarse: no sólo la del sindicato minero sino la propia Confederación Nacional Campesina. Por otra parte, los contingentes campesinos expresan una heterogeneidad clasista que sólo puede ser decantada por mayores embates de la lucha de clases: marchaban juntos el campesino adinerado, la pequeñoburguesía rural arruinada por el TLC, junto a los ejidatarios, dueños de parcela cuya explotación no les alcanza para su familia, el campesinado pobre y muchos trabajadores agrícolas, que no poseen nada más que su fuerza de trabajo y son un “ejército” en crecimiento durante los últimos años por la penetración imperialista.

Un programa contra el TLC y por la unidad obrero y campesina

En los discursos de las organizaciones que encabezan las movilizaciones campesinas se mezclan las demandas más sentidas de los movilizados con los llamados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de López Obrador y al Frente Amplio Progresista (FAP) a que impulsen la “renegociación” en esa cueva de ladrones que es el Congreso, oponiéndose a Calderón y el PAN, que afirmaron una y otra vez que “el TLC no se negocia”.

La devastadora situación que atraviesa el campo es consecuencia de la subordinación de los gobiernos de México y la imposición de los intereses económicos y políticos de Washington, de los cuales el TLC es la punta de lanza.

Ante esta ofensiva, la renegociación es una perspectiva ilusoria y una trampa porque siembra la expectativa de que bajo presión, EE.UU. aceptará renegociar el Tratado, “obligado” por las mismas instituciones que durante años avalaron la entrega, y porque genera la ilusión de que se logrará una situación favorable a los campesinos manteniendo el TLC y por ende la subordinación económica y política a EE.UU.

Para defender los intereses de los jornaleros y campesinos arruinados, y frenar la ruina de los pequeños y medianos productores, hay que impulsar la ruptura de los pactos y acuerdos como el TLC y la deuda externa, y enfrentar el ALCA y el Plan Puebla Panamá, una verdadera política de recolonización de América Latina a partir del control de los recursos naturales. Implica también movilizarnos por la derogación del artículo 27 constitucional, que sentó las bases para el TLC; junto a la imposición de impuestos a las grandes fortunas, son medidas fundamentales para obtener los recursos necesarios para resolver las demandas acuciantes de las masas del campo y la ciudad. Esta lucha va aunada a enfrentar la entrega de PEMEX y el conjunto de los recursos naturales del país al imperialismo. Pero esto es sólo el primer paso.

Es necesario un programa que luche por la expropiación sin pago de las tierras en poder de las agrobusiness y los terratenientes y por la restitución de tierras a los indígenas y campesinos, que haga efectiva la demanda de Emiliano Zapata de que “La tierra es de quien la trabaja”. Para llevarla adelante, debe garantizar la supervivencia y producción de los millones de campesinos y pequeños productores, con medidas tales como la condonación de la cartera vencida y el acceso a créditos baratos para maquinaria, abonos y transporte, para lo que es fundamental la alianza con los trabajadores de las ciudades, pues estos son quienes, en perspectiva, pueden garantizar el acceso al transporte, almacenamiento y la distribución de los productos agrarios y el crédito necesario para la producción. Y sobre esta base, avanzar en la nacionalización de la banca y el control del comercio exterior, cuestión elemental para la venta de los productos agrarios del país.

La expoliación imperialista va unida a la opresión y la represión. Para soldar la unidad entre los explotados y oprimidos, las organizaciones campesinas que se movilizan deben pronunciarse por el alto a la represión a las comunidades indígenas, la libertad de los presos políticos y la disolución de las guardias blancas, exigir la salida del ejército de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y demás estados sitiados por los militares, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos aborígenes, contra la opresión ejercida sobre ellos, en particular las mujeres, triplemente oprimidas y explotadas.

Las organizaciones sindicales que se movilizaron este 31 de enero y anuncian un paro para el 31 de marzo, deben hacer propias las demandas campesinas. Para que esta alianza sea efectiva (y revolucionaria) es necesario un plan de lucha independiente respecto del Congreso de la Unión y sus partidos, cuyo rol ya vimos en 2001 cuando votaron la reaccionaria ley indígena contra los zapatistas.

Para enfrentar al TLC y la opresión en el campo, se requiere que los trabajadores se pongan al frente de la movilización. Hay que rodear de solidaridad luchas como la de los trabajadores despedidos de Gamesa, la Vidriera Potosí y los trabajadores de la UAM e impulsar una coordinación nacional de las organizaciones obreras, campesinas y populares, que prepare el terreno para un gran paro nacional contra el TLC, la entrega de PEMEX y por el triunfo de todas las luchas. En ese camino, los trabajadores tendrán que avanzar en recuperar sus organizaciones de manos de las direcciones burocráticas.