La tarde del pasado 26 de febrero, el Procurador General de la República y ex-gobernador del Estado de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, anunció por cadena nacional en conferencia de prensa la investigación abierta -a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda- en contra de Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como su posterior detención en el aeropuerto de Toluca, acusada de estar involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), por el desvío de miles de millones de pesos provenientes de las cuotas sindicales de los trabajadores de la educación.

La detención de Gordillo se produjo apenas un día después de que fue finalmente promulgada la “reforma educativa” propuesta por Peña Nieto y aprobada por todos los partidos en el Congreso de la Unión que, entre otras medidas, eleva a rango constitucional la evaluación obligatoria de los maestros como “principio” para su ingreso, promoción y permanencia en el servicio, lo que supuestamente garantizaría la calidad de la educación. A diferencia de acuerdos anteriores, esta vez el gobierno no contó con el aval de la dirigencia nacional del sindicato -encabezada hasta ahora por Elba Esther Gordillo-, que tardía y tibiamente llamó hace apenas algunas semanas a oponerse a la reforma por la vía legal, ya que afecta sus propios intereses y su poderío sindical.

Aunque los medios de comunicación han querido mostrarla como una cruzada para mejorar la “calidad” de la educación y recuperar “la rectoría del Estado” en la materia, la reforma de Peña Nieto y el Congreso sigue al pie de la letra las “recomendaciones” neoliberales de organismos internacionales como la OCDE y asociaciones empresariales interesadas en el negocio educativo, como Mexicanos Primero (vinculada a Televisa). Lejos de servir para mejorar la educación pública, la reforma significa un paso más hacia su privatización y un ataque en regla contra las conquistas laborales del magisterio, como la estabilidad en el empleo, el derecho de huelga y a la contratación colectiva.

Para imponer su plan, el gobierno requiere amedrentar, disciplinar y quebrar la resistencia de los trabajadores de la educación. El golpe contra Gordillo -tal como ocurrió con la caída de su padrino político y antecesor Carlos Jongitud a fines de los ‘80-, con el que Peña Nieto busca ganar legitimidad, no tiene nada que ver con democratizar al SNTE o abatir en él la corrupción. Detrás está el interés de someter y debilitar al sindicato, aprovechándose del desprestigio y el repudio que suscita en amplios sectores sociales la burocracia corrupta y gansteril que está al frente del mismo, hasta hace poco aliada de los gobiernos en turno tanto del PAN como del PRI.

Para nadie era un secreto que Gordillo se enriqueció ilegalmente -desde que fuera impuesta por Salinas de Gortari al frente del sindicato- al amparo del Estado y a costa de los trabajadores de la educación afiliados al SNTE, no sólo beneficiándose de las cuotas sindicales, sino gracias a entregar los derechos y conquistas laborales a cambio de canonjías y cotos de poder, para lo cual ordenó asesinar, reprimir y hostigar al activismo disidente.

No hay que olvidar que la reforma educativa de Peña es continuidad de las medidas reaccionarias (como la “evaluación universal” y las modificaciones a los lineamientos de la Carrera Magisterial), que comenzaron a imponerse con la llamada “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE), pactada desde el 2008 entre Elba Esther Gordillo y Calderón.

Hace décadas que los sectores democráticos y combativos del magisterio, muchos de los cuales se identifican con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), nos oponemos al charrismo sindical y resistimos a los planes neoliberales que han querido imponer los sucesivos gobiernos priistas y panistas. En las últimas semanas, con sano instinto de clase, decenas de miles de maestros en distintas entidades del país (aun en algunas donde tradicionalmente no se movilizan) salimos a las calles para manifestarnos contra la “reforma educativa” y en defensa de nuestros derechos laborales, a pesar de la política pasiva e impotente de la dirección nacional del sindicato, que se limitó centralmente a tramitar amparos.

Hay que impedir que el gobierno utilice el golpe contra Gordillo para debilitar la organización de los trabajadores de la educación e imponer sus planes. Hay que aprender de las lecciones del pasado: nada bueno se puede esperar de la intromisión del gobierno en las organizaciones sindicales ni de un nuevo cacique que pretenda imponer al magisterio. Son los propios trabajadores los que deben saldar cuentas con sus dirigentes traidores.

Es necesario impulsar asambleas en las escuelas y centros de trabajo, así como la más amplia unidad en las calles para echar abajo la reforma educativa. Al mismo tiempo, es el momento de llevar hasta sus últimas consecuencias la lucha por la democratización del sindicato, lo que pasa por romper su subordinación y dependencia del Estado y los partidos del régimen.

La CNTE y los sectores democráticos del magisterio – haciendo un llamado unitario a las bases de todo el SNTE-, deberían convocar a un Congreso Nacional Extraordinario de delegados de base, electos en todas las delegaciones y secciones del país, para acordar un plan de acción emergente a nivel nacional y decidir los pasos a seguir para elegir democráticamente, de abajo hacia arriba, a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, secretarías seccionales y delegacionales, para así recuperar definitivamente nuestra organización sindical como instrumento de lucha y defensa de nuestros derechos. La primera tarea de esta nueva dirigencia sería encabezar la lucha contra la reforma educativa, en defensa de la educación pública, laica y gratuita y por los derechos laborales del magisterio.

¡Abajo la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”!

¡Fuera manos del Estado del SNTE! ¡Fuera charros! ¡Por la elección democrática de nuestros dirigentes sindicales!

Trabajadores de la Educación del Boletín “Nuestra Clase”