Una infamia, certificaron los organismos de DD.HH. La ex ministra de la Alianza y madre de desaparecido Graciela Fernández Meijide calificó de “mito” y “mentira” que fueron 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos los secuestrados a manos de la dictadura militar, reduciéndolos a 8.000, mientras se mostró proclive a “negociar” con los represores rebajando las penas a cambio de información. Según la ex dirigente de la APDH, quienes aportarían datos no serían “dinosaurios” sino “los más jóvenes, los que secuestraron y mataron”, siguiendo el mismo andarivel trazado por el general Martín Balza durante el año pasado. En el mismo sentido, sostuvo la necesidad de emular el ejemplo de “Nelson Mandela en Sudafrica”, quien convocó a los represores del viejo régimen del Apartheid a confesar los miles de asesinatos y crímenes por doquier cometidos a cambio de garantizarles plena impunidad, modelo también postulado por Elisa Carrió para alcanzar la “reconciliación nacional”. Las huestes de Cecilia Pando y los genocidas deben estar descorchando champagne. Tras la reivindicación de las Fuerzas Armadas y de la familia Martinez de Hoz en la sede de los golpistas de la SRA, las declaraciones de Meijide contribuyen a fortalecer a las nuevas derechas que asoman con Honduras como mascarón de proa.
Dejan mucho que desear los reparos objetados por el secretario de DD.HH. del gobierno nacional, Eduardo Duhalde, a partir de elementos que él mismo admite.

A siete años de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, están condenados apenas 41 represores de los 200.000 militares y civiles partícipes de la dictadura más sangrienta de la historia nacional. A este paso, serían necesarios 34.146 años para concluir los juicios, en tanto la ministra de Defensa Nilda Garré declaró que la extensión no puede superar el año 2010. Obviamente, la impunidad sólo genera más impunidad.