La última semana decenas de miles tomaron las calles de las principales ciudades a lo largo de todo Chile.

En una estimación, podemos hablar de más de 160.000: el lunes 9, día de la aprobación del proyecto Hidroaysen (proyecto energético en el sur del país), se movilizaron 30.000 personas. El jueves 12, la movilización estudiantil movilizó 100.000 en todo Chile. El viernes 15, nuevamente contra Hidroaysen se movilizaron 30.000 personas en Santiago. Ahora se anuncian masivas movilizaciones, nuevamente en ciudades de todo el país, para el 21 de mayo, día del discurso del Presidente ante el Congreso Pleno. ¿Qué carácter tienen estas movilizaciones?

Un cuestionamiento político progresivo

Lo que estamos viendo se trata de la crítica espontánea del dominio empresarial sobre lo que antes eran derechos, degradando las condiciones de vida y trabajo del pueblo, sus trabajadores y sus (precarias) capas medias.

Las masivas movilizaciones estudiantiles, fueron convocadas sin ningún ataque previo. Muchos problemas se aúnan como resultado de la mercantilización y privatización de la educación pública (hoy la Universidad de Chile recibe menos del 10% de su financiamiento por el Estado): la degradación de su calidad; el endeudamiento de las familias; jóvenes que quedan afuera; muchos que ingresan y deben abandonar por no seguir pagando; la precarización del trabajo de profesores y funcionarios. Pero ninguno de estos problemas es de estos días, sino que se vienen acumulando desde el golpe contra la educación pública que dio la dictadura y profundizó la Concertación. Ahora el gobierno de la derecha quiere profundizar este golpe. Pero aún no lo ha dado.

Las importantes movilizaciones contra Hidroaysen, fueron convocadas el día que se aprobaba el proyecto por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región. Sin embargo, la campaña contra esta iniciativa empresarial, viene de hace años.

Al no mediar ningún ataque directo, que afecte inmediatamente a los cientos de miles de movilizados, asumen un carácter político.

Y, a la vez, ambas movilizaciones son progresivas. En defensa de la educación pública (sus restos) critican la privatización del gobierno de la derecha que viene desde la dictadura, pasando por la Concertación. En defensa del medio ambiente critican los negocios empresariales que degradan el medioambiente, la privatización de recursos naturales (así como el cobre, aquí el agua).

Por otro lado, la CUT adhirió (aunque sin llamar a paralizar) a la movilización estudiantil; lo mismo que un importante número de estudiantes secundarios. La disposición a la lucha, a volver a las calles a pesar de ser fuertemente reprimidos por Carabineros, fue también un signo distintivo de estas movilizaciones.

¿Pero por qué entonces emergieron estas movilizaciones ahora?

Malestares: ni gobierno de la derecha, ni Concertación

Aún con alto crecimiento económico, crecimiento del empleo (aunque precario), anuncio de leyes sociales, emergieron estas movilizaciones. Si no hubieron ataques directos con efectos inmediatos, ¿qué las impulsó?
Vemos tres elementos: Uno es un gobierno debilitado, con el que hay malestar. Otro, una Concertación debilitada, siendo que este conglomerado actuaba como “falsos amigos del pueblo” pudiendo así contener las movilizaciones y canalizar las demandas del pueblo trabajador. El último, que las movilizaciones se van gestando: algunos la relacionan con la llamada “revolución ping˜ûina” del 2006, tal vez sea ir muy lejos. Pero al menos tiene como antecedentes inmediatos, en este gobierno, las movilizaciones, también masivas, del sector público de fines del 2010, y las movilizaciones en Magallanes de inicios de este año.
Sin embargo, el gobierno reafirmó su decisión de avanzar con Hidroaysen. Y Lavin buscó dividir a los estudiantes y anunció su plan de reforma a la educación superior, que profundiza su carácter de negocio.
¿Cuáles son entonces los límites de las movilizaciones?

Con los pies adentro del plato

Las políticas de las direcciones de estos movimientos mantienen los pies adentro del plato: no se cuestiona el carácter del negocio eléctrico de Chile, tan sólo este proyecto específico. No se cuestiona el negocio de la educación, sino que se exige mejores regulaciones. De este modo se convoca a movilizaciones como medidas de presión. Y se unen a quienes hasta ayer mismo gobernaron, la Concertación, impulsando el proyecto mismo de Hidroaysen, profundizando el negocio de la electricidad, así como convirtiendo a la educación de un derecho en un negocio. Para hacer estas alianzas, se evita poner en pie organismos que unan todas las fuerzas puestas en movimiento, con delegados elegidos en asambleas.

Con estas políticas, no ha surgido un ala izquierda en estas movilizaciones, que no se limite a la exigencia de mejores regulaciones, sino que cuestione el fondo del problema: el negocio con la privatización de los recursos naturales y la educación, en estos casos.

Es necesario plantear la re-estatización de las empresas eléctricas, y ponerlas bajo control de sus trabajadores. Y una educación pública 100% financiada por el Estado, sin subsidios ni beneficio alguno para los empresarios privados de la educación, gratuita y con ingreso irrestricto y cogobierno universitario. Para dar esta lucha, es necesario poner en pie organismos que unan a todos los que luchan, con delegados elegidos en asamblea, revocables y mandatados.