por Miguel Raider

Ni la Sudáfrica del apartheid llegó a tal extremo. La más aventurada de las ficciones jamás habría imaginado que las masas negras oprimidas fuesen sugeridas a profesar votos de fidelidad a esa Sudáfrica blanca que las mantenía en estado de semiesclavitud. Pero la realidad supera la ficción.
El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu acaba de aprobar la propuesta de enmienda de la Ley de Ciudadanía, según la cual toda persona no judía que aspire a obtener derechos de ciudadanía se verá obligado a jurar lealtad al Estado de Israel como “Estado judío y democrático”. “Esta no será la última palabra sobre ciudadanía y lealtad, pero es un paso importante”, advirtió el ultraderechista canciller Avigdor Lieberman, el mismo que impulsó la Ley Nakba, que sanciona penalmente a todo aquel que conmemore el día de la “catástrofe” nacional palestina que se inició con el establecimiento del Estado de Israel.

La nota de color la introdujo el laborista y ministro de Defensa Ehud Barak, quien sugirió que el juramento debía realizarse en línea con la declaración de independencia de 1948, un alegato racista y colonialista que legitimó la limpieza étnica y la expulsión de 1 millón de palestinos de sus tierras originarias, aunque descartado por Lieberman y el ministro de Justicia Yaacob Neeman por tener supuestos ribetes “igualitarios”.

Lieberman y Neeman aspiran a imponer un orden basado en el Talmud y la Halaja, la ley rabínica de singularidad judía, que reforzaría la unidad entre Estado y religión, ascendiendo un peldaño más en el blindaje segregacionista del Estado judío.

Con casi 4 millones de palestinos en la diáspora, más de 10.000 presos en las cárceles, casi 2 millones de “árabes israelíes” humillados a diario como ciudadanos de segunda categoría y 1,5 millón de parias hacinados en la Franja de Gaza, el juramento de lealtad es una provocación.

El Estado sionista se revela abiertamente como un estado racista igual a la Alemania nazi y sus Leyes de Nuremberg de 1935, sobre las cuales el Tercer Reich retiró la ciudadanía de los judíos, los gitanos y los que no probaron su ascendencia en la “pureza” de la raza aria.

Cínicamente, judíos ultraortodoxos como los miembros de Naturei Karta hasta desconocen la existencia del Estado de Israel y nadie les pide prueba de saliva, amén de la Ley de Retorno, la que otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona de origen judío.

Pero como señalaba Carlos Marx, “ningún pueblo que oprime a otro puede ser libre”. En ese sentido, la exacerbación de la xenofobia comienza a hacer mella al interior de los mismos judíos israelíes. No casualmente durante los últimos años, el Gran Rabinato adquirió relevancia política como institución que determina quien es judío, discriminando al haredi (de madre judía) del que no lo es, mientras desconoce a aquellos convertidos por rabinos “reformistas”.

El rechazo de este curso reaccionario se expresa en más de 750.000 israelíes que emigraron del país así como en las nuevas generaciones de jóvenes judíos de diversas partes del mundo que repudian la política guerrerista de ese estado terrorista. Nada progresivo puede surgir de ese estado, montado sobre la enajenación del derecho a la autodeterminación nacional del pueblo palestino.