El gobierno de Cristina y Scioli viene tomando la demanda de la oposición de derecha sobre la inseguridad. Por ello Scioli decreto la “emergencia en seguridad”, cuando a los docentes, los que venimos denunciando la “emergencia educativa”, y luchamos un mes para cobrar $5500 en agosto, nos decían que no había presupuesto. Pero Massa, que tiene por caballito de batalla a la seguridad, le exige que pase de los papeles a los hechos. Granados lleva adelante la tarea pedida por Massa, y Scioli es el mejor alumno junto con Espinoza, el intendente de La Matanza, tomando la delantera con la inauguración del Comando de Patrullas Comunales (CPC). Como también lo implementaron los intendentes massistas Humberto Zúcaro de Pilar y Jesus Cariglino de Malvinas Argentinas. El proyecto de ley de CPC será tratado el 14 de mayo en el Congreso. El convenio en La Matanza fue firmado el martes 29 de abril, el mismo día en que la justicia de Morón rechazó una presentación de Habeas Corpus que hizo la familia de Luciano Arruga. Una provocación: aumentan presupuesto, cantidad de policías y patrulleros en el distrito donde hay todavía 8 policías impunes por desaparecer a un joven que se negó a “robar” para ellos, realidad a la cual están expuestos cientos de jóvenes cotidianamente que son criminalizados por ser pobres. La estigmatización se profundiza con posiciones como la de Ishii que quiere reclutar a los jóvenes llamados ni-ni para el servicio militar, como resolución frente a la inseguridad; nuevamente la discriminación, como fue la baja de edad de imputabilidad o la reforma del Código Penal. Con la excusa de la inseguridad, llenan de policías el distrito, cuando la mayor fuente de inseguridad es la policía bonaerense que controla el negocio del narcotráfico, los desarmaderos y la trata de personas, así como el delito menor al cual se negara Luciano en su momento.

La propuesta de instrumentar la policía comunal, bajo la dirección directa de los intendentes, significa la institucionalización de las patotas a su cargo, con policías retirados o aquellos preparados en pocos meses en la Vusetich que funciona en la universidad de La Matanza. Espinoza busca redoblar el control territorial en el distrito, control que ejerce mediante el aparato de punteros y el clientelismo municipal, reforzándolo con sus propias fuerzas represivas; en caso de necesitar intervenir, sin tener que acudir al gobernador, el intendente adquiere poderes de sheriff, es decir que puede lanzar operativos, con una conducción militar que está a cargo de un oficial superior designado por él mismo. Por ende, el proyecto de CPC representa el fortalecimiento de los barones del conurbano bonaerense en tanto mini gobernadores del distrito más importante del país.

En un marco de ajuste, el Estado refuerza las instituciones represivas. A más desigualdad, más mano dura. Destinar millones a más policía no es ninguna solución frente al ajuste que implica mayor precarización laboral, más desocupación en la juventud y aumento de la carestía de vida, devaluación de los salarios y pauperización de las condiciones de vida, educación y salud. Por ello desde las organizaciones obreras y combativas junto a la izquierda debemos pronunciarnos para dar una respuesta.

Ya demostramos en el conflicto docente en La Matanza, con la movilización de casi 10 mil docentes confluyendo con trabajadores de la salud, ferroviarios, estudiantes y familias trabajadores, que la única potencial alianza que puede dar respuesta a nuestras demandas es la lucha conjunta con el pueblo trabajador por derrotar el ajuste del gobierno y la oposición patronal, y conquistar aumentos del presupuesto educativo, de la salud y vivienda , trabajo en blanco con salario igual a la canasta familiar en base al quite de los subsidios a las empresas privadas y el cese de pagos al Club de parís y los acercamientos al FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!