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Martínez de Hoz, un empresario de la dictadura

La anulación del indulto que beneficiaba a Jóse Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura militar, es un logro producto de la lucha que hace años mantienen los organismos de derechos humanos y las numerosas organizaciones populares que pelean contra la impunidad.

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29 de abril 2010

Martínez de Hoz, un empresario de la dictadura

La anulación del indulto que beneficiaba a Jóse Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura militar, es un logro producto de la lucha que hace años mantienen los organismos de derechos humanos y las numerosas organizaciones populares que pelean contra la impunidad.

La Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto promulgado por Menem que también alcanzaba a los genocidas Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, responsabilizando a Martinez de Hoz por la desaparición y secuestro extorsivo de Federico Gutheim y su hijo Miguel.

Sin embargo el rol de Martínez de Hoz tuvo una importancia muy superior porque desempeñó un protagonismo decisivo en la dictadura militar así como el resto de los empresarios que exigían terminar con el “caos” obrero estudiantil. Ya a principios de 1975, al frente del Consejo Empresario Argentino, Joe se reunió con Videla al que le exigió asumir la iniciativa para preservar el “orden occidental y cristiano”. Poco después promovió la violenta represión contra la gran huelga de 59 días en la planta de Villa Constitución de Acindar, empresa de la cual era su titular. Ya en 1976, como ministro de Economía de la dictadura, impulsó el terrorismo de Estado para quebrar la resistencia obrera ante la implementación de un plan económico que congelaba los salarios y prohibía el derecho a huelga, mientras la inflación se disparaba, un plan de entrega acorde a los intereses de los grandes grupos económicos y el imperialismo.

Martinez de Hoz representa a la misma clase de los empresarios que pervive hasta nuestros días haciendo grandes negocios con los Kirchner mediante subsidios y prebendas impositivas, y que en aquellos tiempos no sólo pidió a gritos el golpe de Estado sino que también marcaba a los delegados y a los activistas obreros para que fuesen secuestrados por los grupos de tareas. Una clase empresaria sanguinaria que hasta proporcionó sus instalaciones para establecer los centros clandestinos de detención, tal como el prestado por Ford en su predio de General Pacheco.

A más de siete años de anuladas las leyes de impunidad, apenas hay 68 condenados de las decenas de miles que formaban ese aparato genocida. Es necesario apelar a la movilización en las calles para que Martinez de Hoz y todos los genocidas se pudran en la cárcel y acabar de una vez por todas con la impunidad.

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