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Macrigate: ¿acuerdo con Aníbal Fernández?

Tras la detención y procesamiento del espía Ciro James, el escándalo de las escuchas ilegales arrojó al gobierno de Macri al descrédito popular, comprometiendo seriamente la suerte de los ministros de Justicia y Educación, Guillermo Montenegro y Mariano Nadorowsky. Apelando a una operación de salvataje, Macri pasó a planta permanente a 16.500 contratados y reemplazó al jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, por el diputado Eugenio Burzaco, “un civil”, tal como exigían los kirchneristas y la Coalición Cívica.

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5 de noviembre 2009

Tras la detención y procesamiento del espía Ciro James, el escándalo de las escuchas ilegales arrojó al gobierno de Macri al descrédito popular, comprometiendo seriamente la suerte de los ministros de Justicia y Educación, Guillermo Montenegro y Mariano Nadorowsky. Apelando a una operación de salvataje, Macri pasó a planta permanente a 16.500 contratados y reemplazó al jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, por el diputado Eugenio Burzaco, “un civil”, tal como exigían los kirchneristas y la Coalición Cívica. Claro que esa condición no le impidió a Burzaco ser asesor de seguridad del ex gobernador Sobisch cuando asesinaron al docente Carlos Fuentealba, así como presidir la Fundación PensAR junto a “colaboradores” como Julio Cirino, ex agente del Batallón 601, célebre por los secuestros de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, mientras durante el gobierno de la Alianza integró la SIDE cuando esta utilizó los servicios de la Banelco para comprar voluntades y sancionar la Reforma Laboral. Sin embargo, el alboroto alcanzó tal magnitud que las autoridades del Gobierno porteño no tuvieron más remedio que admitir que otros 20 agentes desarrollaban tareas similares a James, aunque en adelante, aseguraron, “sólo harán inteligencia criminal” (Clarín, 31/10). Increíble.

Si bien la creación de la Metropolitana provocó fuertes roces entre el Gobierno de la Ciudad y el gobierno de los Kirchner, pues ambos ejecutivos disputan por el control del aparato represivo, Montenegro adelantó que se reunirá con el ministro de Justicia Nacional, Julio Alak, para establecer “acuerdos de integración entre las fuerzas federales y la Metropolitana” (La Nación, 3/11). En este sentido, consciente de la crisis, Aníbal Fernández informó que en adelante “polemizarán en privado” para “bajar el tono del conflicto”, pues “la vocación no es perjudicar a Macri” (Clarín, 3/11). Así Fernández restituyó la custodia policial de hospitales y plazas, que había retirado bajo la excusa de que el Gobierno porteño debía a la Federal $40 millones en concepto de horas adicionales. Evidentemente, los Kirchner y Fernández resolvieron abandonar las denuncias contra el Gobierno porteño (donde señalaron que había más de 100 espías) y salir al auxilio de Macri para recomponer un régimen político que expresa severos síntomas de descomposición.

Contra el espionaje y la represion

El gobierno de Macri estaba montando un servicio de inteligencia para infiltrar las organizaciones obreras y populares, como se desprende de las tareas de James, quien no sólo pinchó los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado contra la AMIA, sino que registraba las actividades de docentes y estudiantes en una lista negra, que se presume habrían pedido Montenegro y Narodowsky durante el conflicto docente. James fue reclutado por el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el primer jefe de la Metropolitana y el verdadero arquitecto que diseñó las líneas maestras del aparato de espionaje, pues como solía decir “para hacer un desalojo de intrusos, se necesita inteligencia previa; para enfrentar un problema de seguridad barrial, se necesita inteligencia previa” (Página/12, 1/11).

El afán represivo de Macri se muestra irrefutable en los números del Presupuesto 2010. Mientras incrementa un 500% la partida para la UCEP, el grupo parapolicial que desaloja violentamente a indigentes en situación de calle, el PRO reduce un 56% las asignaciones destinadas a las villas, poda el 33% de la partida para vivienda, ajusta el Instituto de Vivienda de la Ciudad al punto más bajo de la historia, así como baja el presupuesto educativo, sin contemplar aumento salarial para los docentes, eliminando 11 millones de raciones del Plan Alimentario Escolar y abandonando las obras públicas iniciadas.

Es necesario lanzar una gran campaña democrática con movilizaciones en las calles para luchar contra el espionaje y la represión. Pino Solanas debería convocar a su electorado a movilizarse. Hay que aunar esfuerzos llamando a sindicatos, centros de estudiantes, organismos de DD.HH., movimientos sociales y partidos de izquierda, para exigir la renuncia de Montenegro y Narodowsky, y pelear por la disolución de la Metropolitana, la UCEP y los servicios de inteligencia, organismos construidos para conspirar contra los intereses populares.

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