Bajo el lema de “terminar con los motochorros”, el gobierno de Macri presentó una serie de iniciativas reaccionarias para combatir la “inseguridad ciudadana”. Uno de esos proyectos restringiría el acceso de los motoqueros al microcentro y avenidas importantes como Santa Fe, Cabildo, Córdoba y Boedo, prohibiría la circulación con acompañantes e impondría el uso de chalecos reflectantes con la patente del vehículo inscripta. Poco importa que la patronal no provea la ropa adecuada en tanto el régimen de precariedad laboral que afecta a la predominante mayoría de motoqueros, sujetos al salario a destajo, los obligue incluso a burlar las leyes de tránsito, multiplicando los accidentes de trabajo. “En Capital y Gran Buenos Aires mueren 8 mensajeros y deliverys por mes”, denunciaron los trabajadores agrupados en el SIMECA, que se manifestaron contra Macri.

De la misma talla reaccionaria, otro de los proyectos “regularía” la actividad de “trapitos y limpiavidrios”, concediendo 1.500 permisos a los que aprobaran un “curso de capacitación”, que simultaneamente impondría penas de 5 días de arresto o multas de hasta $2.000 a aquellos “ilegales” que desempeñen esa tarea sin estar registrados. Macri dobla la apuesta del Código de Convivencia, el que actualmente castiga a los trapitos con 2 días de trabajo de utilidad pública o una multa de hasta $400 por rebuscárselas para subsistir.

Para hacer efectiva la criminalización de motoqueros y desocupados pobres, el macrismo se comprometió a incorporar 1.000 nuevos efectivos a la Policía Metropolitana (duplicando sus filas a más de 2.000) e instalar 1.000 nuevas cámaras para monitorear los barrios de Retiro, Constitución y Once, sumando a las 500 ya montadas en Barracas.

Esta orientación se propone blindar el Código de Convivencia con contrarreformas en aras de incrementar el poder represivo del Estado municipal contra los trabajadores y las franjas más pauperizadas de la población. No resulta un hecho aislado que el Ministerio de Educación de la ciudad haya acusado a los partidos de izquierda de “utilizar políticamente la protesta” de docentes y estudiantes que denuncian el deterioro de la infraestructura educativa. Así se comprende el pedido de 50 días de arresto de los tres dirigentes de la agrupación universitaria En Clave Roja por cortar las calles en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Kraft.

Así como Scioli, Jaque, el radical K Saiz y otros gobernadores kirchneristas que muy difícilmente podrían lucir galardones en derechos humanos, Macri se propone profundizar las políticas de mano dura para defender la propiedad privada de los grandes capitalistas ante la zozobra generada por la crisis económica internacional.

Una gran campaña democrática

Mientras la Metropolitana elevó su presupuesto a $720 millones más una “caja chica” de $2 millones para “gastos varios”, las asignaciones en materia de educación, salud y obra pública sufrieron el hachazo del ajuste. Su expresión más brutal es el incremento de la tasa de mortalidad infantil, la que pasó de 7,3 a 8,3 por mil, según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad. Resulta revelador que en los barrios humildes de la zona sur la mortalidad infantil alcanza el doble que en los barrios acomodados de la zona norte, y en lugares como Villa Lugano o Villa Soldati trepa por encima del 12 por mil. En el mismo sentido, el ministro de Salud Jorge Lemus fue severamente cuestionado por el deceso de dos bebés que murieron al momento de nacer producto de la falta de médicos anestesistas en los hospitales públicos, adjudicando la culpa a tres profesionales del hospital Santojanni, hoy acusados de homicidio culposo. En esa sintonía, los trabajadores del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes denunciaron el vaciamiento del Concejo por el desinterés en rescatar a los niños en situación de calle expresada en el recorte del presupuesto, la falta de vacantes escolares en zona sur y el cierre de hogares como el Cajade y el Eva Duarte.

Evidentemente, la seguridad de los capitalistas es prioritaria por sobre la vida de las grandes masas populares. Es inexorable levantar una gran campaña democrática para enfrentar la criminalización de la pobreza y la protesta social que tanto derechistas como “progresistas” procuran asentar en desmedro de los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.