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Notas de tapa

ENTREVISTAMOS A MARIA DEL CARMEN VERDU

“Los policías implicados son defendidos por el Ministerio de Seguridad”

Entrevistamos a María del Carmen Verdú, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y miembro de la CORREPI

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13 de octubre 2011

Entrevistamos a María del Carmen Verdú, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y miembro de la CORREPI

A un año del asesinato de Mariano Ferreyra, ¿cuáles son las novedades de la causa y las posibles perspectivas?

Hoy son tres las causas en trámite, derivadas del crimen de Barracas: la “causa madre”, donde la patota, Pedraza y Fernández tienen confirmado el procesamiento por homicidio calificado (cuatro hechos, uno consumado y tres tentados); la de los policías, recortada de la anterior, donde tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales fueron procesados por “abandono de persona”, y la de la coima con la que la UF intentó comprar a la cámara de casación para que excarcelara a la patota.

En la primera, ya se ha sorteado el tribunal oral que va a dirigir el juicio oral, probablemente a principios del año que viene, aunque el esfuerzo de los defensores está puesto en dilatar los tiempos. Ya se está viendo cómo empiezan a utilizar nulidades, incidentes y chicanas de todo tipo, aprovechando los infinitos recursos materiales y de vínculos que tienen los exclusivos estudios que, con estilos variados pero con un objetivo común, intervienen en representación de los asesinos.

En la segunda, desde la querella que representa a Elsa Rodríguez –a través de su hija-, a Nelson Aguirre y a media docena más de heridos, venimos planteando que el delito cometido por los policías no es un sencillo “abandono de persona” por indolentes, sino que la PFA fue parte del armado y ejecución del plan criminal, por lo que su responsabilidad es la misma de la patota de la UF y de la empresa UGOFE (que sigue sin ser tocada por jueces y fiscales). Es necesario destacar que varios de los policías implicados son defendidos orgánicamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, es decir que, para el gobierno, no sólo no cometieron delito alguno, sino que asumieron institucionalmente su defensa. Estos abogados, dependientes del ministerio que dirigen la ministra Nilda Garré y sus secretarios Cristina Camaño (primera fiscal de la causa) y Gustavo Palmieri (CELS), han planteado la incompetencia de la justicia nacional y pretenden llevar la causa a la justicia penal, contravencional y de faltas de la ciudad.

En la causa de las coimas, están imputados el ex juez federal Octavio Araoz de Lamadrid, primer defensor del patotero Uño, los operadores que intervinieron en el ofrecimiento de dinero y se está investigando a dos camaristas. Allí, también, los compañeros sobrevivientes se han presentado como querellantes, con el patrocinio conjunto de APEL y CORREPI.

Por eso, ante un escenario en el que confrontamos en diversos niveles con poderosas fuerzas de la burguesía y con su gobierno, debemos esforzarnos en expresar con contundencia, en la calle, con una masiva movilización el próximo 20 de octubre, que no vamos a bajar los brazos, ni, mucho menos, a confiar en quienes se presentan por un lado como “imparciales jueces y objetivos fiscales”, y, por el otro, dirigen al aparato represivo y lo defienden con su propia gente.

¿Qué pensás de la causa armada contra Rubén “Pollo” Sobrero?

La causa contra los ferroviarios de la línea Sarmiento, entre ellos el “Pollo” Sobrero, reúne todas las características de las que vemos a diario, armadas por la policía y avaladas por jueces y fiscales, contra los trabajadores que se organizan por fuera de la burocracia sindical y las organizaciones que apoyan sus reclamos.

No parece para nada descabellado imaginar que uno de los objetivos de la detención –aun cuando no fuera el principal- haya sido generar una especie remozada de la teoría de los dos demonios, para forzar, en algún futuro no muy lejano, un “canje” de Pedraza por Sobrero, al estilo de los indultos conjuntos de Gorriarán Merlo y Seineldín. Afortunadamente, la movilización popular y la enorme endeblez del armado de la causa permitieron torcerle el brazo al juez, que tuvo que admitir las “infelices tareas de inteligencia” que le “contaminaron la investigación” y debió, no sólo liberar a los compañeros, sino apartar a la policía federal de la investigación.

Sabemos cuál es la verdad en la causa amañada contra Sobrero. La misma que en las causas contra los estudiantes de la FUBA por la toma del rectorado en defensa del CBC de Merlo; de la toma del Pizzurno durante el conflicto del año pasado o de los que se movilizaron solidariamente con los trabajadores de Kraft, la misma que en las causas contra los ferroviarios de Causa Ferroviaria y de la Lista Bordó del Roca; contra los vendedores ambulantes; contra los delegados del Garrahan, del Frigorífico Rioplatense, de Fate, de Kraft, de Pepsico y tantos compañeros más. La verdad es que los gobiernos, que representan los intereses de los explotadores, utilizan todos los recursos de que disponen para defender los privilegios que disfrutan cuando el pueblo trabajador se organiza y lucha.

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